Hay personas y familias que enfrentan privaciones permanentes y graves. Para estas situaciones de pobreza y marginación, existe apoyo estatal. Es el mundo de la priorización para construir puentes de integración. A su vez, están las emergencias, que requieren respuestas y apoyos específicos. Una situación diferente es la que enfrentan casi todas las familias a lo largo de su vida en caso de enfermedad, accidente, pérdida del trabajo o reducción de las fuentes de ingresos anteriores. Es el mundo de la universalidad de la cobertura de riesgos, que cuando no existe hace que las sociedades entren en crisis, que el enfoque neoliberal nunca ha querido comprender.
La respuesta de la responsabilidad individual frente a los riesgos es dotarse de reservas económicas a través del ahorro y su capitalización. El problema es que la propensión a ahorrar (o la posibilidad práctica de no consumir todo el ingreso) existe sólo para una parte de la población y la contratación de seguros tiene muchos problemas de “asimetrías de información”.
Esto conduce a la intervención de los Estados, que organizan la cobertura obligatoria de estos riesgos, interrumpiendo la “soberanía del consumidor” y obligando a las personas a ahorrar y/o recurrir a sistemas de seguros con primas no voluntarias en los campos de enfermedad, accidentes, desempleo e ingresos en la vejez. Estas primas socializan el riesgo y suelen estar compuestas por aportes del trabajador en proporción a su salario y del empleador. Es lo que inauguró la Alemania del muy conservador barón Von Bismarck a finales del siglo XIX, que ya tuvo que lidiar con los primeros sindicatos.
En nuestro caso, las políticas de seguridad social se intensificaron a partir de la década de 1920, con las primeras rupturas del orden oligárquico, hasta que a partir de la década de 1980, en una situación de dictadura militar con fuerte influencia de los economistas ultraliberales, las pensiones se desplazaron hacia el Ahorro Obligatorio gestionado en forma individual. cuentas de entidades privadas con fines de lucro. Cuando la pandemia del Covid-19 paralizó gran parte del empleo y se restringieron los aportes a las familias a 65.000 pesos, la situación desesperada de muchos llevó al Parlamento a superar al gobierno y aprobar por dos tercios, bajo la ficción de una reforma constitucional, el uso de parte de los ahorros para la pensión. Se aplicó que más vale pájaro en mano que cien volando y consumo presente antes que futuro. Veríamos qué pasaría con las pensiones, que en todo caso ya se aportan mayoritariamente con complementos estatales.
No tienen sentido nuevos retiros de los fondos de pensiones, ya que estos recursos no están para atender emergencias, sino para complementar la jubilación garantizada. Sólo tendría sentido autorizarlo para situaciones de enfermedad terminal, como aportación reembolsable para el ahorro inicial de vivienda o como “autopréstamo” de bajo importe y recuperación en un corto plazo para hacer frente a una crisis, como propone la proyecto de gobierno. Pero estos mecanismos no pueden reemplazar, en medio del desorden y la improvisación como en 2020-21, tanto las políticas públicas permanentes de apoyo a las familias como las situaciones de emergencia. Estos tienen su propia lógica y financiamiento, que pueden ser fortalecidos con la reforma tributaria.
Para Gonzalo Martíneconomista y académico Usach
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