En las últimas semanas, la situación de Venezuela ha estado en el candelero, y por buenas razones. Lo que ha pasado casi desapercibido, sin embargo, es una tragedia mucho mayor en otro país hermano, que también cuenta con una fuerte comunidad de inmigrantes en Chile : Haití.
La espiral de violencia y disfuncionalidad que aqueja al país de los jacobinos negros ha llegado a niveles nunca vistos. El renunciado primer ministro de facto, Ariel Henry, después de viajar a Kenia para formalizar un acuerdo para el envío de un contingente policial keniano a poner orden en Haití, no pudo volver a su propio país porque las pandillas que controlan el territorio también controlaban el aeropuerto de Puerto Príncipe, y exigían su renuncia.
Según la ONU, 4.000 personas han sido asesinadas por las pandillas en Haití en 2023, y otras 3.000 han sido víctimas de secuestros. Las violaciones están a la orden del día. Las personas no se atreven a salir a la calle. Se estima que en el país existen unas 200 pandillas, con unas veinte en Puerto Príncipe. Sus jefes dan conferencias de prensa y pontifican sobre lo que debería hacer el gobierno que suceda al de Henry. El Estado haitiano se cae a pedazos, y la sociedad se enfrenta de lleno a lo que es vivir sin Dios ni ley, en una especie de vuelta al estado de Naturaleza. Haití hoy encarna lo que es un estado fallido en su más prístina expresión.
Se ha pedido la intervención de la comunidad internacional para poner orden. Sin embargo, ante esta enorme tragedia humana, la reacción en la tan mentada “comunidad de las Américas” ha sido de un silencio ensordecedor. En un continente en que el cierre de una emisora de radio en algún pequeño país lleva a fuertes denuncias y manifestaciones callejeras, la muerte de miles de haitianos como resultado de este estado de cosas es aceptado con una ecuanimidad digna de mejor causa. Dos países que han jugado un papel clave en la historia de Haití, los Estados Unidos y Canadá, se lavan las manos y miran al techo —a lo sumo, dicen, pondrían algunos recursos para que otros se hagan cargo de intervenir-. En algo propio del teatro del absurdo, Kenia ofreció enviar un destacamento de 1.000 policías, pero la Corte Suprema keniana se pronunció en contra de ello. Tercerizar intervenciones no es fácil.
Chile jugó un papel clave en Minustah, la misión estabilizadora de la ONU que estuvo en Haití en 2004-2017. El gobierno del Presidente Boric dice que los derechos humanos son un eje clave de su política exterior. No hay mayor tragedia en las Américas hoy que la de Haití.
¿No sería ésta una gran ocasión para materializar una misión conjunta entre Brasil, Chile y Colombia, aunando fuerzas entre los gobiernos progresistas de la región, algo que tantas esperanzas había despertado? ¿Va Chile a hacer algo concreto al respecto, o también se va a lavar las manos como Poncio Pilato?
Por Jorge Heine es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston
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