A mediados de octubre de 2024, el Ministerio de Educación presentó al Colegio de Profesores su propuesta de reparación de la Deuda Histórica con la Asociación de Profesores. Así se llama el daño salarial que sufrieron miles de docentes de escuelas públicas durante la Dictadura, cuando la administración de los establecimientos educativos fue transferida del Estado a los municipios, y los nuevos patrones desconocían el ajuste salarial contemplado en ese proceso.
Hasta hoy habían pasado casi 40 años sin que el Estado atendiera esta injusticia.
La propuesta del Ejecutivo fue sometida a plebiscito, pues el Colegio de Profesores se había comprometido a no tomar ninguna decisión sin considerar la opinión de los afectados. De un total de 27 mil electores, el 82% (más de 22.000) se expresó a favor de la reparación, que contempla un pago de $4,5 millones a cada docente afectado vivo y considera algún tipo de transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante la etapa de pago. Desde la aprobación de la iniciativa, se proyecta que el Estado salde esta deuda en un plazo de seis años.
Si bien somos conscientes de que se trata de una reparación simbólica, también vale la pena reconocer que es un hecho histórico. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno pone sobre la mesa una propuesta concreta, ofreciendo un monto, teniendo una lista certificada de beneficiarios y estableciendo un plazo razonable para su cumplimiento.
También es un hecho histórico porque el proceso de desarrollo y aprobación de la fórmula refleja lo mejor de nuestra tradición democrática. Porque este no fue sólo un compromiso del Programa de Gobierno, sino también una promesa reconocida por el Colegio de Profesores durante la campaña del presidente Gabriel Boric. Esa confianza, un bien escaso en estos tiempos, fue la que dio paso a la mesa de trabajo donde se llegó a la propuesta que hoy saludamos.
Si a lo anterior le sumamos el plebiscito como ejercicio de deliberación, el amplio respaldo que recibió la propuesta y la responsabilidad fiscal con la que fue concebida, no quedan dudas de que se trata de un reclamo histórico tramitado con talla política, con promesas que se cumplen, fideicomisos que se cuidan y acuerdos que se construyen y validan democráticamente.
Probablemente no haya mejor manera de honrar el trabajo, el esfuerzo y también la tristeza acumulada a lo largo de estas cuatro décadas. No podemos perder de vista que esta propuesta beneficiará a más de 57 mil docentes que envejecieron, se jubilaron y nunca desistieron de exigir lo que les correspondía; Tampoco podemos negar que esta solución llega demasiado tarde para los miles de docentes que murieron sin que se reparara la injusticia.
En este largo camino confluyen varias voluntades, empezando por la de los docentes que apoyaron esta demanda durante ocho gobiernos democráticos. Esa lucha y tesón hoy está dando frutos, y es un ejemplo de lo que significa perseverancia y organización.
También cabe destacar a las diferentes juntas directivas del Colegio de Profesores, que siempre apoyaron esta causa, y en especial a la directiva actual, que durante este gobierno mostró la voluntad, disposición y perspectiva para llegar a un acuerdo y avanzar hacia una solución.
También vale reconocer el apoyo del mundo político, de los líderes sociales y de quienes en distintos momentos llevaron la batuta de lo que hoy como gobierno estamos reparando.
En las próximas semanas presentaremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que formalice esta propuesta de reparación. Estoy seguro que como sociedad estaremos a la altura de lo que significa este gesto por la dignidad del magisterio y para redescubrirnos como una nación con la costumbre republicana de corregir una injusticia.
Por Nicolás Cataldo AstorgaMinistro de Educación
