Tras pasar al Senado, se prevé que el proyecto de pensiones se rediscutirá completo, dado el resultado en la Cámara. Ojalá no sea el tercer intento, enviado consecutivamente por tres gobiernos de distinto signo, que no logra los consensos necesarios para su aprobación.
Pero, pudiendo ser más bien una expresión de deseo, diversas voces han destacado los ejemplos de dos expresidentes, el del recientemente retirado Ricardo Lagos y el del trágicamente fallecido Sebastián Piñera, como dos líderes que confiaron en la democracia y el diálogo. En ese espíritu, es útil plantearse algunas de las principales cuestiones a ser dilucidadas si aspiramos a un acuerdo. Los temas son variados: desde la organización de la industria y la posibilidad de introducir solidaridad inter e intrageneracional entre los cotizantes, hasta la equidad de género y las tablas de mortalidad.
Un documento reciente de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Presupuestos nos presenta distintos escenarios. Antes de examinarlo, cabe destacar un nuevo énfasis en hacer más costo efectiva la administración de cuentas y de fondos. Si bien no todos concuerdan en la separación de ambas actividades, pudiera haber aquí un interesante acercamiento. En cualquier caso, lamentablemente esto no cambia por sí solo el mal panorama de las pensiones futuras en ausencia de cambios más estructurales.
Del referido documento podemos destacar tres cuestiones principales. Primero, la situación actual es crítica, especialmente para los sectores medios, donde, a pesar de la PGU, las tasas de reemplazo están en torno al 50%. En concreto, los trabajadores con salarios antes del retiro, del orden de quinientos a setecientos mil pesos actuales deberán, en ausencia de otros ingresos, reducir su nivel de vida a la mitad después del retiro.
Segundo, que urge por tanto la aprobación de los seis puntos adicionales del salario, con cargo al empleador. Las tasas de reemplazo de estos grupos medios cambian según como estos se distribuyan, pero en general se acercan a las tres cuartas partes del salario previo, en lugar de sólo la mitad.
Tercero, los distintos escenarios de distribución simulan diferentes proporciones de este adicional enterado en las cuentas individuales versus en el seguro social. Un aspecto interesante, común en los países desarrollados, es que el aporte a la cuenta individual corresponde en un 70% al salario del trabajador y en un 30% al salario promedio de los cotizantes. Esto redistribuye aportes desde los salarios más altos a los más bajos; es parte de la solidaridad intrageneracional. El aporte de algunos puntos al fondo de seguridad social financia la compensación por maternidad, el cuidado de terceros y diferencias por expectativas de vida, lo que es particularmente relevante para las cotizantes femeninas, y el seguro de lagunas por períodos acotados de desempleo. Como es dable suponer, este último tipo de beneficios es mayor cuanto más sean los puntos porcentuales que se enteren en dicho fondo.
Podríamos pensar que es posible acercamientos en todos estos puntos. Así, dejo para el final la materia más controversial, que es la solidaridad intergeneracional o reparto. En ausencia de esta, y dado que los nuevos seis puntos de aporte del empleador se comienzan a enterar después de aprobada la reforma, la mejoría de la tasa de reemplazo de los grupos medios se daría de forma muy paulatina, expresándose en plenitud sólo hacia el año 2070.
Este problema es el resultado de la muy reducida tasa y densidad de las cotizaciones que impera hasta hoy. Es, por lo mismo, un problema heredado. La propuesta contempla la entrega de 0,1 UF por año cotizado con anterioridad a la reforma. Para financiarla, se utilizan los recursos de la cotización destinados a la seguridad social, los que se ingresan al fondo integrado de pensiones, desde donde se pagan los beneficios. Se calcula que para que dicho fondo sea sustentable, se requerirían del orden de tres de los seis puntos porcentuales adicionales.
Siempre es posible plantear que tal beneficio debiera ser solventado con fondos generales de la nación. Pero sabemos que estos están siendo muy escasos, inclusive para financiar el alza de la PGU. El origen de los sistemas de reparto fue precisamente la estrechez fiscal de la posguerra en los países hoy desarrollados, frente a una masa de trabajadores que debía pensionarse. Es preciso llegar a un acuerdo sobre cómo mejorar las pensiones actuales y las próximas por venir, dadas las comentadas bajas tasas de reemplazo para los sectores medios. La fórmula precisa para financiar esta transición, empero, puede ser objeto de un más amplio debate.
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