Un destino brillante con posibilidades de pleno desarrollo no es posible para niños y niñas que han pasado por el Sename. El sistema lo impide. Y quienes lo han logrado (existen casos extraordinarios), ha sido por su coraje e infinita capacidad de perdonar y reinventarse. El sistema de protección para la infancia que tiene el Estado de Chile no resuelve su abandono, profundiza el retraso en su desarrollo, los somete a más violencia e incluso ha sido responsable de la muerte de varios niños, niñas y adolescentes que estaban a su cuidado.
Los datos, informes nacionales e internacionales son lapidarios. No solo en este gobierno, sino al menos hace 50 años: en dictadura, gobiernos de izquierda, derecha y centro. Infancia y adolescencia desprotegida han sido invisibles para las iglesias y buena parte de la sociedad civil.
El informe del Poder Judicial (2023), tras visitar los centros (públicos y privados) del sistema de protección a la infancia, indican que el 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas. Llegaría al 57% si se suma un niño o niña. Esta sobrepoblación genera una “distorsión” como advierte el informe: “se trata de centros llamados al cuidado y protección, esta distorsión no contribuiría favorablemente a la restitución de derechos de niños y niñas”. Agrega que la falta de acceso a la salud “se repite de manera sistemática a lo largo de los años, dejando en evidencia la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud para la atención prioritaria de esos niños y niñas”. Y suma más problemas.
El Presidente Boric ha declarado su preocupación. En estos dos años hizo cambios y fortaleció la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. Existe un diseño centrado en los derechos de la niñez y adolescencia con acciones en comunas y municipios. En su Cuenta Pública hubo cinco menciones a la niñez entre las 61 propuestas.
Una de ellas fue “la creación de la comisión especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación”. Una idea correcta, pero dificil de implementar. Existe poca experiencia internacional, y requerirá de todo el talento y conocimiento de las personas e instituciones convocadas para hacerla posible. Su funcionamiento se sostendrá en el prestigio de quienes la integren y el apoyo político y técnico que le brinde tanto el gobierno como las instituciones del Estado.
Será complejo acreditar los hechos cuando han pasado décadas, pero no es imposible. Habrá que acordar cuán atrás llega el mandato de esta comisión en busca de los niños y niñas víctimas del Estado en los últimos ¿50, 40, 30 años? Y seguirá entonces la pregunta evidente sobre la actualidad: ¿la comisión trabajará sobre el pasado o podrá recibir casos actuales? Valiente el Presidente, difícil misión para la comisión, pero una oportunidad para el país de develar lo que ha sucedido y empezar a reparar a tantos niños, niñas y sus familias.
Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, Universidad de Chile
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