Columna de Pía Greene: Las instituciones importan

Finalmente el proyecto de ley que crea la Ministerio de Seguridad. Más de tres años después de su ingreso, la comisión mixta del Congreso lo destituyó con la satisfacción de un deber cumplido en el avance de las políticas de seguridad, pero sin soporte técnico transversal que requiere un área de especial especialización y sensibilidad.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública creado en 2011 no cumplió con los objetivos específicos que se le habían asignado en materia de seguridad y, a poco más de 10 años de su instalación, hubo consenso en la necesidad de un nuevo ministerio, con dedicación exclusiva a la seguridad. , principal preocuparse de los chilenos.

Así, la creación de la estructura es adecuada, más aún en esta crisis de seguridad que vive el país. Sin embargo, el diseño de la nueva institucionalidad no consideró todos los aspectos técnicos necesarios para que ésta –ahora– pueda lograr las tareas que le serán encomendadas.

Si bien el proyecto consagra un necesario sistema de seguridad pública, esto no se traduce en una autoridad con jerarquía, poder y presupuesto condicionado que sea capaz de alinear los incentivos de todas las instituciones que participan en la seguridad para que trabajen por un objetivo común. Habrá que esperar a la instalación en junio de 2025 para ver si un ministerio con la fuerza que se requiere para liderar la cuestión prioritaria hoy.

Por otro lado, se mantiene la estructura de dos subsecretarías, una de seguridad y otra de prevención del delito, lo cual es redundante desde el punto de vista burocrático y, de mantenerse las funciones actuales, la falta de coordinación actualmente existente.

Otras cuestiones relevantes que quedan sin encontrar una respuesta concluyente son la no inclusión de Servicio Nacional de Prevención y Atención de Desastres que, contrariamente a todo lo que muestra la evidencia y la experiencia comparada, queda en la cartera de Interior, o la descentralización, con la creación de secretarías ministeriales regionales con doble dependencia en materias de orden público.

Sin embargo, hay otros puntos que sí representan avances en la institucionalidad, como Sistema Nacional de Protección Ciudadana o la posibilidad de convocar grupos de trabajo, que contribuirán a la coordinación necesaria para afrontar la nuevo fenómeno criminal presente en el país.

Hay múltiples desafíos de seguridad y una extensa literatura y experiencia de que las instituciones son importantes al diseñar e implementar políticas públicas. Esperamos que la instalación de este nuevo ministerio sea un oportunidad reales y concretos para avanzar en este tema y, junto con él, avanzar en seguridad.