¿Quién querría una sociedad en la que el poder de decisión estuviera en manos de un cenáculo, quizás sabio, pero sin legitimidad democrática?
La democracia descansa en primer lugar en aquellos que fueron elegidos y tienen legitimidad. Es precisamente bajo esta premisa, en el marco del nuevo escenario que instaló el plebiscito de salida, que las partes acordaron de manera transversal designar a los expertos encargados de redactar un proyecto de Constitución. Nos guste o no, las reglas de juego vigentes desde la derrota del Apruebo han desvirtuado el debate sobre la legitimidad democrática del nombramiento. La pregunta clave ahora radica en la capacidad de la comisión de expertos para legitimar su trabajo ante el público.
Por definición, la figura del “experto” se refiere a alguien que ha sido elegido o elegida en base a criterios que reconocen sus competencias técnicas pero también su rango en el ámbito profesional. Es un primus inter pares. En este sentido, la experticia constituye la forma de disyunción entre práctica y teoría más completa y, por tanto, más jerarquizada y desigual, aunque esta brecha se ha acortado con la aparición del activismo experto. Es el resultado de un proceso de profesionalización y especialización de los campos políticos que tiende a sustraer las decisiones políticas del “espacio público”. La autoridad del experto no depende exclusivamente de su conocimiento sino de que venga oportunamente a racionalizar y legitimar decisiones políticas consideradas demasiado complejas o delicadas para el debate democrático. En consecuencia, el peso de los expertos va de la mano con el debilitamiento de las capacidades de reapropiación por parte de individuos y grupos de su autonomía de reflexión y acción. Posterior al plebiscito de salida, la rehabilitación de la figura del “experto” en las encuestas de opinión puede interpretarse así como una reacción al amateurismo que imperaba en el primer proceso constitucional, aunque contaba con más “expertos” que el actual.
Lo que muestra la composición del comité es una convergencia entre la práctica y la teoría. Más allá de sus credenciales universitarias, el 66% de los nominados tienen experiencia pública o política previa y el 58% son activistas de partidos (Extender, 27/01/2023). Destaca también la capacidad negociadora de muchos de ellos. Ambos sectores aparecen relativamente equilibrados, considerando que la alianza del bloque opositor (CHV + REP) dista mucho de ser evidente. El hecho de que la izquierda y la derecha se necesiten mutuamente para aprobar normas fomenta los acuerdos.
Una de las lecciones aprendidas es que el proceso importa tanto como el texto, por lo que un gran desafío para ganar legitimidad radica en las formas. Asimismo, el comité de expertos se encarga de reconciliar a los ciudadanos con el proceso constitucional sin dar la impresión de que las decisiones se toman entre cuatro paredes; es decir, convertirse en expertos 2.0.
Por Stéphanie Alenda, Directora de Investigación, Facultad de Ciencias Sociales de la Educación Universidad Andrés Bello
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