Columna de Teodoro Ribera: Relaciones exteriores en la encrucijada

Para Teodoro Riverarector de la Universidad Autónoma y ex Ministro de Relaciones Exteriores

El Ministro de Relaciones Exteriores ha precisado que la iniciativa impulsada por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, fue un error de comunicación que no buscó deslegitimar la apertura comercial de Chile al mundo, sino realizar una consulta limitada con sus actores principales. perfeccionarla y darle mayor legitimidad. Sin embargo, y como hecho del caso, es de conocimiento público que el Subsecretario Ahumada es opositor a la política de comercio exterior de Chile, lo que por supuesto alimenta la desconfianza.

La propuesta del subsecretario -consultar a la ciudadanía sobre política comercial- buscaría su legitimidad, es decir, se podría inferir que se cuestiona como ilegítimo, y con ello el papel de los anteriores presidentes de la República como impulsores de la política exterior y la Política Nacional. Congreso para la aprobación de los tratados de libre comercio.

Sin embargo, esta propuesta también puede ser considerada como un plan piloto, ya que de aprobarse el proyecto constitucional vigente, los asuntos y decisiones en materia de recursos naturales y otros que puedan afectarlos serán difundidos y atomizados en entidades autónomas, lo que requerirá de la Cancillería para su gestión. acuerdos con los nuevos líderes locales, quienes buscarán su legitimidad en el ámbito territorial, sin incentivos para avanzar en proyectos internacionales de efectos generales.

Si la historia del país y su consolidación institucional se construyeron sobre la base de una visión nacional, una gestión internacional unitaria, un ordenamiento jurídico, un territorio y un destino común, el proyecto constitucional abandona esos puntos cardinales y propugna la pluralidad étnica, la diversidad jurídica , autonomía territorial e incluso autodeterminación, otorgando a otras autoridades nacionales facultades internacionales. Así, esta propuesta constitucional podría conducir a disputas permanentes entre la Cancillería y las regiones o pueblos indígenas, con efectos paralizantes y gravosos para la acción internacional del Estado.

Asuntos como la gestión internacional del mar chileno, de las cuencas hidrográficas compartidas, la protección de la biodiversidad territorial, la celebración y ratificación de acuerdos como el de Escazú, o con la UE, o incluso decisiones referentes al Territorio Antártico Chileno. , podría verse en la necesidad de superar el difícil escollo de unir previamente posiciones internas con las regiones y comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales.

Si bien la dirección de las relaciones exteriores seguirá teniendo su sede en el Ejecutivo, sus fundamentos y ejecución quedarán, constitucionalmente, dispersos en innumerables órganos más allá de la Cancillería. Por esa mirada, ¿será que el subsecretario Ahumada se adelantó a los tiempos?