La Comisión de Constitución de la Cámara Alta, encabezada por el senador Matías Walker, reanudó este martes la tramitación de la reforma de infraestructura crítica que incluye la protección de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas y que la semana pasada no fue posible iniciar la votación por ciertas dudas que expresaron algunos parlamentarios sobre los alcances del decreto que permitirá al Presidente de la República recurrir a las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente para las estructuras contenidas en esta definición .
A partir de hoy martes, gobierno representada por las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, llegó con una nueva propuesta que limita el alcance del contenido del decreto para apaciguar las dudas expresadas sobre el tema en la anterior sesión y votación en general y en particular, ya que la iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata (seis días en cada cámara) y, como señaló Tohá en la comisión, el Ejecutivo espera que este proyecto sea despachado a ley antes del receso legislativo de febrero.
Dada la urgencia de la medida, que incluye salvaguardar las fronteras -lo que la hace particularmente deseable para senadores del norte del país debido a la inmigración “descontrolada” que existe en la zona- La idea de legislar así como en particular fue votada y aprobada, siendo enviada a la Cámara.
Este resultado de la votación se vio facilitado por el hecho de que el Ejecutivo introdujo una modificación a la indicación original que limita el contenido del decreto a que establece que en las fronteras, las Fuerzas Armadas sólo podrán realizar controles de identidad, registrar y detener a quienes lo ameriten, en colaboración con la Policía de Investigaciones. Y, adicionalmente, la ley que regirá este mecanismo tendrá un plazo máximo de seis meses para ser expedida.
Durante el debate particular se abordó el tema relacionado con la regla del uso de la fuerza, en el contexto de que la aplicación de esta medida no debe afectar los derechos consagrados en la Constitución, para que el uso de la fuerza no sea excesivo. Para ello, la reforma incluye el principio de “proporcionalidad” en el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber.
Además Se aprobó que este instrumento se aplique por un plazo máximo de 90 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por períodos iguales con autorización del Congreso, mientras subsista el peligro grave o inminente que motivó la aplicación del mecanismo.
Después de la votación en comisión El ministro Tohá dijo que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan brindar su colaboración” en el marco de un estado de derecho, como el que existe en Chile.
Por acuerdo de comités Este proyecto será votado el miércoles. primero de la mesa en la Sala.
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