Comisión de Hacienda de la Cámara despacha la reforma tributaria, pero crece opción de que Sala la vote en marzo

Luego de casi siete meses, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Pero aunque con esto el proyecto estaba listo para el siguiente paso, que es la votación en el Pleno de la Cámara, El objetivo del gobierno de poder tenerlo aprobado antes del receso legislativo en dicha instancia no es seguro que se logre, dada la abultada agenda legislativa que tiene la cámara.

De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (independiente)Dijo que “lo más recomendable es que el proyecto se pueda votar la primera semana de marzo, ya que se necesitan al menos dos sesiones consecutivas para poder analizarlo con tranquilidad”.

El legislador argumentó que, antes de ponerlo sobre la mesa, “hay que tener el informe técnico que tiene que hacer la Comisión de Hacienda, pero dada la magnitud de la reforma no se puede desalojar en un par de horas, los tiempos no no cabe”, agregando que “hay que hacer un trabajo serio y responsable”. De esta forma, crece la opción de que la Sala de Cámara lo despache finalmente recién en marzo, para luego continuar su trámite en el Senado.

Al final de la jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que en estos casi siete meses “Ha habido una discusión mucho más detallada que lo que ha pasado con las reformas tributarias anteriores. Hicimos el conteo y ha habido alrededor de 200 votos, de los cuales en al menos 3/4 de ellos hemos tenido votos cruzados dentro de esta mesa. El Ejecutivo introdujo 40 indicaciones, algunas de ellas bastante sustantivas respecto a la propuesta original del proyecto”.

En la jornada de este lunes aprobaron el impuesto a la riqueza, las reglas de beneficiarios finales de las sociedades y los ajustes a los beneficios del DFL 2.

En el detalle de cada uno de ellos, lo primero fue la aprobación del impuesto a los altos patrimonios, por 7 votos a favor y 4 en contra, de la oposición. Este impuesto establece un impuesto sobre la parte del patrimonio que exceda las 6.000 UTA (US$ 4,9 millones) para residentes o domiciliados en Chile. Esta regla también contiene lineamientos que permiten al contribuyente determinar el valor económico de sus bienes, entendiendo por valor económico aquel que fue determinado por terceros independientes.

La tasa aplicada varía de acuerdo al monto del patrimonio: hasta 6.000 UTA, US$ 4,9 millones, está exenta, entre 6.000 a 18.000 UTA (US$ 4,9 – US$ 14,7 millones) tendrán una tasa del 1% y quienes tengan activos superiores a 18.000 UTA, es decir, más de US$14,7 millones, la tasa será del 1,8%.

El gobierno agregó algunas indicaciones a este impuesto. Entre ellos, se eliminó el impuesto de salida para aquellos contribuyentes que pierdan su domicilio, pero se mantiene la obligación de informar para quedar excluidos del impuesto. Asimismo, se precisó la redacción para establecer reglas más sencillas, sin perder la correcta determinación del patrimonio. Y se propuso un límite a la carga tributaria del 50% sobre la renta que considere las tasas vigentes del impuesto a la renta y al patrimonio.

Según cálculos gubernamentales, 6.383 contribuyentes estarán sujetos al impuesto a la riqueza, y se espera una recaudación del 0,48% del PIB.

El segundo punto abordado fue la normativa que crea un registro nacional de beneficiarios finales. Esto tiene el objetivo de generar mayor transparencia en la actividad empresarial, con énfasis en aquellas que reciben fondos públicos. Este registro permite mejorar el trabajo de control en áreas como impuestos o blanqueo de capitales o delitos financieros.

Asimismo, se aprobaron modificaciones a la Ley de Sucesiones y Donaciones, y la modificación a las exenciones del DFL2, norma que data de 1959, que tenía por objeto promover la adquisición de inmuebles con fines habitacionales, y promover la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, como argumenta el Ejecutivo, “a lo largo de los años esta regulación fue mal utilizada al convertirse en un instrumento que permitía la acumulación de bienes inmuebles con un fin exclusivamente rentista, desvirtuando su objetivo, al ser utilizada por personas y por empresas inmobiliarias”. .

Así, el proyecto establece el plazo de la exención en materia de rentas y sucesiones. Sin embargo, para las personas mayores de 65 años, se mantiene la condición de no renta para las rentas percibidas hasta por 15,5 UTA ($960.000 mensuales), cuando el total de ingresos anuales sea inferior a 30 UTA.

“Sé que es una reforma compleja, nunca lo hemos ocultado: es una reforma ambiciosa, que aún tiene varias etapas de discusión por delante, pero siempre es importante cumplir hitos y este es un hito muy fundamental y nosotros valorarla en todo su sentido”. El titular de las finanzas públicas añadió que “pese a que pudiéramos tener muchas visiones diferentes sobre el contenido de la reforma, creo que ha prevalecido un espíritu de cooperación y, en esta circunstancia, he no cabe duda de que el proyecto que va a llegar a la Cámara -y lo digo con mucha humildad- será mejor que el proyecto que se presentó originalmente a este Congreso”.