En el marco de los avances de la investigación mandatada por el Gobierno en 2022 sobre “Productividad en sector Telecomunicaciones”, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) constató que pese a que Chile es el país con mayor porcentaje de personas que usa internet en América Latina al compararlo con países OCDE, el país está rezagado en utilizar dicha tecnología con fines productivos. La mayoría ocupa la red para comunicarse o entretenerse.
La investigación también concluyó que al estimar el impacto del uso de internet en las micro y pequeñas empresas (MYPE), se advirtió que se asocia a mejoras de un 5,6% en la productividad laboral (en promedio).
Se indicó que las barreras más relevantes en Chile relativas al uso se asocian al capital humano. De hecho, la brecha de profesionales en tecnologías de la información y comunicación (TIC) llega a casi 5.000 personas por año, y el 40% de la población ocupada declara que necesita mayor capacitación. Sin embargo, los datos muestran que solo 76.840 personas al año (en promedio) llegan a instruirse.
Entre 2018 y 2021, el número de interrupciones masivas en la continuidad del servicio en Chile se incrementó 151%.
En este sentido, el estudio calculó que se requerirían cerca de 48 años sólo para cubrir la población que declara mayores necesidades de formación en habilidades digitales en 2022.
En el plano escolar, se reveló que el currículo de Chile no contempla explícitamente el desarrollo de conocimientos, ni habilidades intermedias y/o avanzadas en TIC y existe solo un profesor de tecnología o computación por cada 204 establecimientos.
Calidad y velocidad
En cuanto a la brecha de calidad de internet, que se define basa en la velocidad de banda ancha y la continuidad del servicio, Chile muestra dos realidades. Por un lado, es el segundo país a nivel mundial en cuanto a la velocidad de descarga de red fija; pero, por otra, presenta severa inequidad territorial. Bajar información desde la red fija en regiones con menor velocidad, es cuatro veces más lento que hacerlo desde otras con mayor velocidad.
Otro indicador relevante del nivel de calidad es la continuidad del servicio. En Chile, entre 2018 y 2021, el número de interrupciones masivas se incrementó en un 151%. El mantenimiento fue la principal causa y aún está pendiente que se dicte un plan de acción.
Estimaciones de la CNEP muestran que si las interrupciones ocurridas solo en 2021 afectasen al 10% de empresas y hogares del país, el costo sería de $ 113.700 millones, equivalente a cerca de 0,1 % del PIB.
El sistema frontal que se registró el 7 de mayo en la zona central fueron las primeras lluvias del año, pero también la alerta de lo que podría ocurrir en el invierno cuando estos eventos lleguen eventualmente con mayor intensidad. Los cortes de luz afectaron diversos puntos y los ojos se posaron sobre la empresa Enel, donde en el peor momento de la contingencia tuvo 180 mil clientes sin electricidad en la Región Metropolitana, siendo el blanco de las críticas por la demora en la reposición del suministro.
Con ese telón de fondo, y considerando que se pronostica un nuevo sistema frontal para esta semana en la capital, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) citó para la mañana de este lunes a los máximos ejecutivos de Enel, para exigirles que mejoren su desempeño en relación al último evento de precipitaciones y que adopten todas las medidas necesarias para evitar cortes de luz. O, si estos se producen, su duración sea la mínima posible.
La cita, que se desarrollará en dependencias de la entidad fiscalizadora, será encabezada por la superintendenta del organismo, Marta Cabeza, y se espera recibir al equipo de la empresa liderado por el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera.
Consultada la SEC por este encuentro, indican que se le pedirá a la empresa que diseñen y ejecuten planes de acción efectivos, que incluyan reforzamiento de cuadrillas de emergencia, aumento de personal en sus call center y atención prioritaria para los pacientes electrodependientes. Asimismo, señalaron que la “SEC estará fiscalizando todo el desempeño de Enel durante el evento meteorológico, a fin de verificar que se cumpla con la normativa y con los compromisos contraídos por la distribuidora”.
Desde la empresa señalaron que, “producto del pronóstico meteorológico anunciado para la RM, Enel Distribución reforzó sus recursos técnicos en terreno para la atención de emergencias y sus canales de información e interacción con clientes para facilitar la comunicación y el reporte de eventuales contingencias”. “En el caso de las cuadrillas, la empresa operará con una capacidad equivalente a siete veces la de un día normal, para la atención de emergencias, y reforzará sus canales de atención en hasta 120 ejecutivos de atención a clientes”, agregaron.
Los frentes abiertos
La historia de lo ocurrido ha tenido varios capítulos desde el 7 de mayo. No sólo gatilló actuaciones en las autoridades, sino también se instaló como un debate en la industria (ver recuadro).
De entrada, este es el segundo encuentro que tendrían las partes luego que la SEC citara a la firma de manera urgente por la demora en la reposición del suministro eléctrico que afectó el 7 de mayo.
Según informó la entidad fiscalizadora en ese momento, a las 10.00 horas del 9 de mayo, Enel registraba 7.447 hogares de la Región Metropolitana que permanecían por más de 24 horas sin energía, de los cuales 2.505 clientes llevaban más de 40 horas sin luz. Y, a las 11.00 horas del 10 de mayo, aún permanecían 416 clientes sin suministro en toda la RM, con más de 60 horas sin luz.
El 10 de mayo, la SEC informó la formulación de dos cargos a la empresa por incumplimientos a la normativa eléctrica. El primero, por la responsabilidad de la empresa en la extensión de los cortes de luz, algunos de los cuales se habían prolongado por más de 72 horas en ciertos sectores de la RM. “La investigación de la SEC permitió comprobar que la compañía no concurrió a los lugares donde se produjeron las fallas, en el tiempo que contempla la normativa, retrasando con ello, los tiempos de reposición del servicio”, se indicó en el comunicado de la entidad.
El segundo cargo, dijeron, es por entregar información manifiestamente errónea. Esto, en relación a la cantidad de clientes afectados por los cortes de luz, durante el sistema frontal y en los días posteriores. La SEC explicó en el mismo comunicado que esta información es relevante para que el organismo fiscalizador pueda ir monitoreando los tiempos de reposición del servicio y así identificar, efectivamente, cuáles son los sectores más afectados, para exigir a la compañía, mayor agilidad en esos casos.
Desde la SEC indicaron que la normativa contempla un monto máximo de 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), aunque el monto final de la sanción dependerá del mérito de la investigación.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dispuso el inicio de un procedimiento voluntario colectivo (PVC) con Enel -a petición de la propia compañía- para acordar compensaciones para los afectados por los cortes del 7 de mayo.
España llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires el domingo después de que el Presidente argentino, Javier Milei, hiciera comentarios despectivos sobre la esposa del primer ministro español, Pedro Sánchez, durante una reunión de extrema derecha en Madrid.
Milei había llamado “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante una convocatoria en Madrid organizada por el partido de extrema derecha Vox y al que asistieron muchos de sus aliados internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que esperaba una disculpa de Milei.
Otros ministros también condenaron el discurso del mandataria argentino, en el que calificó el socialismo de “maldito y cancerígeno”. Al respecto, Sánchez lidera el Partido Socialista de España.
“Con su comportamiento, Milei ha llevado la relación entre España y Argentina a su estado más grave en la historia reciente”, dijo Albares en un comunicado en vídeo.
La visita de Milei rompió el protocolo diplomático ya que se negó a reunirse con el rey Felipe y Sánchez de España, prefiriendo en cambio promocionar su libro junto al líder de Vox, Santiago Abascal, en la reunión del partido.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo en una publicación en la red social X que “los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura”.
El principal partido de la oposición española, el conservador Partido Popular (PP), se negó a apoyar la postura de Madrid, y fuentes del partido dijeron que Sánchez debería haber dado explicaciones sobre el presunto caso de corrupción hace semanas.
“Su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el exterior”, afirmó una fuente del PP, añadiendo que el trabajo del partido era oponerse al Gobierno español y no a Milei.
Un tribunal madrileño dijo en abril que estaba investigando acusaciones de tráfico de influencias y corrupción empresarial contra la esposa de Sánchez, presentadas en una denuncia privada por Manos Limpias, un grupo activista anticorrupción.
Sin embargo, lafiscalía de Madriddijo más tarde que apelaba para que se desestimara el caso por falta de pruebas.
Sánchez decidió permanecer en el cargo después de cinco días de sopesar su futuro una vez que se anunció la investigación contra su esposa.
Durante una entrevista en Estado Nacional de TVN, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que actualmente el plan habitacional del Gobierno se ha podido cumplir en 45%, pero advirtió que llegar “a las 260 mil (viviendas) no es fácil”.
Y uno de los factores que afecta el cumplimiento de esta meta, dijo el secretario de Estado, es precisamente las restricciones que presenta el sistema financiero.
La meta de las 260 mil viviendas “está en riesgo si el sistema financiero sigue tan restrictivo”, dijo la autoridad.
Montes profundizó en su crítica al sector bancario: “Van a pedir un crédito las empresas y le ponen una serie de condiciones, una de ellas es la tasa de rentabilidad del proyecto. Normalmente, a una empresa le dan un crédito dependiendo de quién es la empresa, no de cada proyecto y la responsabilidad nuestra en este momento es que esa rentabilidad (exigida) sea más baja, no más alta”, explicó Montes.
Otro de los problemas que apuntó el ministro es que “los bancos no se atreven a tener un cliente nuevo, tienden a hacerlo con el histórico y exigiéndoles mucho a ellos. Además, le piden a los que compran un ahorro previo”. En este contexto, recordó que el Estado planteó la Ley de Garantía Estatal para pie hipotecario, que financia el 10% del pie de un crédito hipotecario, y con esto un total de siete mil familias han podido acceder a una vivienda propia.
Frente a esto, Montes criticó que “el sistema de vivienda tiene un problema de financiamiento que, básicamente, es presupuesto público; el sistema bancario complementa lo que hace el presupuesto público… Y acá cuando viene un bajón, para. Por lo tanto, sigue habiendo lo que estaba financiado y el resto lo paró”.
En este sentido, exhortó a los bancos a “repensar la situación”, ya que no solo se encargan de administrar el dinero que reciben de los clientes, sino que “también son un factor de desarrollo de la economía”.Al mismo tiempo, asomó la necesidad de reflexionar sobre el tema de las garantías del Estado en algunos créditos: “Si no quieren pagar o si no pagan, el Estado garantiza el resto de deuda y eso no lo hace hoy día”.
En cuanto a la autocrítica que le haría al Estado, Montes enfatizó que “la crítica mayor que se le hace al Estado es el famoso tema de la permisología y yo lo comparto, realmente la cosa es vergonzosa. En parte porque el Estado no hace algunas cosas bien, en parte porque el Estado no hace lo que los privados deben hacer (…) Hay cosas que tienen que ver con lentitud de algunas instancias del Estado y, por otro lado, que ciertas empresas no asumen la necesidad de responder al país”.