Comisión Experta ingresa primeras normas del anteproyecto de nueva Constitución

El comisario llegó con zapatillas katherine martorell (RN) al Congreso de Santiago. “Llegamos con zapatos cómodos, ropa cómoda, muchas ganas de hacer nuestro trabajo”, dijo el experto a su llegada. Sus palabras no fueron al azar. Los 24 expertos sabían que este jueves trabajarían hasta tarde y así fue. A las 23:59, justo cuando vencía el plazo, las cuatro subcomisiones ingresaron sus primeros artículos para el proyecto de la nueva Constitución.

Este texto, comentaron los comisarios, es el primer esqueleto que tuvieron que escribir y es la primera prueba de los expertos frente al público, es decir, la primera prueba de cuánto se atrevieron a cambiar y cuánto optaron por mantener.

La dinámica en los pasillos del Senado y la Cámara en Santiago estuvo marcada por intensos encuentros. Los nombramientos se produjeron por subcomisión. Los seis expertos de cada instancia juntos y en algunos -como principios y derechos sociales- a veces los tres comisionados de cada sector se dividieron para preparar estrategias de negociación y armar nuevas contrapropuestas de normativa.

El subcomité de sistema político acordó que la barrera electoral será del 5%, el mismo número que ocupan otros países, como Alemania y Perú. “Solo tendrán derecho a participar en la distribución de escaños de dicha cámara los partidos políticos que alcancen por lo menos el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la respectiva Cámara de Diputados”. , reza la norma redactada por los expertos.

De igual forma, la instancia estableció que las elecciones parlamentarias coincidan con una posible segunda vuelta presidencial con el objetivo, según el texto que ingresó, de “dar al elector la oportunidad de elegir a sus parlamentarios favoreciendo la formación de mayorías en el Congreso, las cuales tenderán hacia coaliciones más estables y comprometidas con el Presidente al que se asocian. Como límite a la excesiva concentración de poderes, se seguirá renovando el Senado por parcialidad”.

Además, esta subcomisión entregó el control de la democracia interna de los partidos al Servicio Electoral (Servel). El registro de afiliados y las elecciones pasarán a manos de este organismo.

Los comisionados también diseñaron reglas para reducir el descontento y reforzar la disciplina partidaria en el Congreso. “El diputado o senador que renuncie al partido político que declaró su candidatura dejará de ejercer”, dice uno de los textos que escribieron.

Además, los comisionados crearon iniciativas de estándares populares. “Un grupo de personas autorizadas a votar equivalente al dos por ciento del último censo electoral podrá presentar una iniciativa de ley popular a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional para su trámite legislativo”, señala la norma.

Lo mismo se hizo para derogar leyes: “Un grupo de personas autorizadas a votar, equivalente al tres por ciento del último censo electoral, podrá, dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de una ley, presentar una iniciativa para la derogación total o parcial de esa ley , para ser votado por referéndum”.

La cuestión sometida a plebiscito será controlada por la Corte Constitucional: “Antes de que pueda convocarse a referéndum, la Corte Constitucional deberá realizar un examen de admisibilidad y pronunciarse sobre la probabilidad de que la iniciativa del referéndum produzca un efecto contrario a la Constitución o a la derechos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

En cuanto a la participación ciudadana, esta instancia avanzó en la creación de “foros consultivos de deliberación ciudadana, seleccionados aleatoriamente, debiendo garantizar una participación representativa, diversa y plural de la población”.

La subcomisión de órganos autónomos terminó de diseñar el futuro Poder Judicial. Uno de los puntos más relevantes es que llegaron a un acuerdo sobre qué modelo adoptarán para separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales.

“Nuestro subcomité ha llegado a un consenso mínimo de concentrar las funciones no jurisdiccionales bajo un consejo que se dividirá en cuatro comisiones que serán coordinadas y con autonomía entre ellas”, explicó el experto leslie sanchez (PL en cuota PPD).

Este consejo será del tipo Consejo de la Magistratura. Las comisiones serán sobre temas específicos. Uno para nombramientos, otro para poder disciplinario, otro para formación y otro para la autonomía operativa del poder judicial. De esta forma, el gobierno judicial dejará de estar en manos del Pleno de la Corte Suprema, reforzándose la autonomía interna del Poder Judicial.

Como ya se supo, por el momento esta subcomisión no dictará normas sobre control preventivo sustantivo en la futura Corte Constitucional. La futura Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que serán designados de la siguiente manera: “El Presidente de la República deberá preparar una quina que presentará ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, por mayoría simple de sus miembros y en sesión especialmente convocada al efecto, formará una terna para ser elevada a la Cámara de Senadores. Este último, previa audiencia pública de antecedentes, deberá elegir un candidato de esa terna por las tres quintas partes de sus integrantes.

En cuanto al nombramiento del fiscal nacional, los peritos no innovaron mucho y solo incorporaron un concurso público para iniciar el procedimiento. “El Fiscal Nacional será designado a propuesta del Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Senadores adoptado por las tres quintas partes de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. El Presidente hará la propuesta con base en una lista elaborada por la Corte Suprema, con base en una lista de quince candidatos que le envíe por el sistema de concurso público que él determine”, señala el artículo sobre este tema.

La comisaria Martorell logró introducir como norma una de sus propuestas que pretendía crear un Defensor de las Víctimas. “Sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público, existirá un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas para que las víctimas de delitos puedan acceder a la defensa y representación jurídica especializada y a la asistencia psicológica y social. Este servicio será autónomo, y una ley determinará su organización, funcionamiento y detallará sus atribuciones”, dice el reglamento sobre la materia.

La subcomisión encargada de regular los principios logró desatar algunos de sus principales nudos. En los días previos, los expertos de esta instancia se vieron envueltos en un intenso debate sobre qué es primero, si la persona, el Estado o la sociedad.

Sobre este punto -el de la ayuda del Estado- se gastaron varios debates que finalmente terminaron en la oposición consiguiendo la norma para establecer que el Estado está al servicio de la persona. Los esfuerzos del oficialismo se concentraron en lograr que el Estado social -norma cuya redacción se mantuvo casi igual a la de las bases- quedara en segundo lugar y en tercer lugar la autonomía de las empresas intermedias.

Para el partido de gobierno el punto más doloroso fue la resistencia de la oposición a aceptar la democracia paritaria como principio. Este es uno de los puntos no negociables para los partidos de gobierno. Los expertos de ese sector -que integran este subcomité- buscaron todas las formas para convencer a la oposición, pero no hubo caso.

Lo que sí quedó fue una regla sobre la igualdad entre mujeres y hombres, algo que para algunos comisionados del oficialismo implica un mandato de participación igualitaria. A pesar de que este tema no logró entrar en la normativa vigente, el asunto formará parte de la batalla que librará el oficialismo en la etapa de reformas y probablemente se convierta en moneda de cambio.

Por supuesto, la subcomisión de principios dio un paso importante -impulsado por la oposición- al declarar inconstitucional la violencia como método de acción política. Para ello, redactaron la siguiente norma: “Es obligación fundamental del Estado y de la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional presupone el uso de métodos pacíficos de acción política.

La gran pregunta que tuvo que responder la subcomisión de derechos sociales es cómo iban a hacer compatible un Estado social robusto con la constitucionalización de la libertad de elección de los cotizantes en salud y seguridad social.

el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN) trasparentó esta situación durante la jornada. “La discusión es quién se hace cargo. A los efectos de asegurar prestaciones mínimas en pensiones, educación y salud, tanto el Estado como las personas subsidiadas por el Estado pueden hacerlo, o bien acudir al aporte individual que las personas puedan tener en las distintas materias”, comentó el académico.

El gran escollo con el oficialismo es que este sector no quiso dejar este tema amarrado en la Constitución, ya que son de la idea de que Es una cuestión de rango legal que tiene que ser “definida en la sede democrática por excelencia, que es el Congreso.”.

Sin embargo, la derecha logró su objetivo de constitucionalizar la libertad de elección de los cotizantes de la salud. El texto de esta regla quedó redactado de la siguiente manera: “La ley podrá establecer contribuciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al que suscribirse, ya sea estatal o privado. También incorporaron el acceso a los medicamentos en la regulación sanitaria.

Asimismo, los expertos de esta subcomisión llegaron a un consenso sobre la libertad de enseñanza. “Se reconoce el derecho y deber preferente de las familias de elegir la educación de sus hijos o alumnos, teniendo en cuenta su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar una protección especial al ejercicio de este derecho”, dice la normativa sobre este punto.

Además, los comisionados otorgaron progresivamente rango constitucional a la educación superior y técnica gratuita.