Finalmente, no hubo unanimidad. Después de una discusión prolongada, la Comisión para la Paz y la Comprensión no logró el apoyo absoluto que se había autoimpuesto para cerrar el acuerdo hacia una salida política al conflicto Mapuche en la macrozona sur.
Esto, después de que los miembros de la instancia, creados por decreto en junio de 2023 por el presidente Bórico, no lograron consenso en varios puntos sensibles, incluida la garantía de 240 mil hectáreas para la restitución de la tierra.
Este punto ya había sido calificado como “inviable” durante el día por el comisionado y también presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, Simpatizador del Partido Republicano: “La Araucanía y el sur de Chile tienen un límite de hectárea. Las hectáreas no se multiplican”, advirtió en una entrevista con Radio Agriculture.
Esta fue la última instancia para avanzar en la propuesta en la comisión compuesta por el senador DC Francisco Huenchumilla, la diputada Emilia Nuyado (PS), Adolfo Millabur y Gloria Callupe, que representa al partido gobernante, el ex ministro Alfredo Moreno, el senador Carmen Gloria Aavena, Lawyer Nicolás Figara y Naveillán, que son de de la Opponent.
Esto, desde enero pasado, su operación se había extendido por decreto hasta el 30 de abril, por lo que su mandato ya ha expirado.
Después de conocer el resultado, Sebastián Naveillán Confirmó su rechazo de la iniciativa esta noche.
“Personalmente, voté en contra de la gran mayoría de los puntos, porque no estaba dispuesto a hipotecar a Chile, no estaba dispuesto a hipotecar a Southern Chile”, dijo.
Agregó que “como presidente de los agricultores (…) siempre he trabajado para la libertad, para la defensa del sector productivo y el sector agrícola. No estaba dispuesto a hipotecar más de 200 mil hectáreas para que continúen siendo sacados del sistema productivo y, con eso, puse el riesgo de la seguridad agrícola en todo el país”.
Agregó que, como agricultores, “siempre estaremos dispuestos a buscar una solución que sea real, una solución que reduzca este problema que nos ha causado tanto daño”.
“Lamento profundamente que en los últimos días haya habido problemas que no estuvieran en las conversaciones anteriores y que hicieron mi voto en contra”. Naveillán cerró.
Después de esto, de la Comisión enviaron una declaración, en la que enfatizan que, aunque la propuesta no alcanzó la unanimidad, recibió el apoyo mayoritario de siete de los ocho comisionados, por lo que sus resultados se entregarán como suministros al presidente Bórico, como una hoja de ruta para futuras políticas públicas.
En este sentido, expresaron que “Este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y comprensión de las regiones del sur de Chile. Los resultados de este trabajo se presentarán de inmediato al Presidente de la República. “
Esto causó la molestia de Naveillán, quien acusó a la comisión de no respetar el principio de unanimidad.
“Impusieron un documento a pesar de todo acordado. Impusieron un voto forzado para obtener esto”, criticó al comisionado, después de lo cual cuestionó que “rompieron las reglas del juego”.
Los tratamientos
Durante el día, la posibilidad de un acuerdo fue muy cercana. Tanto es así que el senador Aravena presentó su renuncia al Partido Republicano al desmarcar la orden directa que le dio la comunidad para rechazar la iniciativa.
“La propuesta de la comisión representa un avance significativo, tanto para Araucanía como para el país, y marca un hito hacia la paz y la cohesión social. Por lo tanto, es imposible para mí Arturo Squella, liberado por el tercero.
El ex ministro Moreno, cerca de la UDI y uno de los coincidentes de la instancia, a su vez hizo múltiples esfuerzos para que los tratamientos llegaran a Puerto. Y hasta la semana pasada, Naveillán había expresado su disposición a firmar.
Pero en el tramo final, todo estaba enredado. Uno de los principales obstáculos fue la propuesta de garantizar 240 mil hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras, a la que se agregó el rechazo de ciertos actores para incluir la palabra “terrorismo” en el documento final y la preocupación de los sectores oficiales y de oposición por el impacto fiscal del plan.
La duda de Naveillán
Pero hubo un punto particular que hizo duda de Naveillán. Esta es la escritura del párrafo que se refiere al sistema de reparación de tierras que, en su opinión, dejó la puerta abierta para que las demandas de compensación se perpetúen en el futuro.
“En el cuarto año desde que el nuevo sistema ingresa a la operación, el Tribunal … solo debe evaluar la operación del sistema de reparación de tierras (…) teniendo una consideración especialmente (i) que la tierra disponible en la provincia es suficiente para que la mayoría de las comunidades y las familias (…) puedan optar por la tierra como una forma de reparación”, lee un extracto del que el tercero tenía acceso al tercero que el tercero tenía acceso a la que el tercero tenía el acceso al tercero a la que el tercero tenía el acceso al tercero.
Y siga: “y (ii) que existe la debida protección de los derechos de los propietarios privados de la tierra, especialmente la voluntariedad de su crecimiento”.
Según fuentes cercanas a la instancia, los comisionados habrían agregado en la redacción del párrafo la palabra “suficiente” que en la práctica se traduce en el estado de Chile debe “garantizar” la entrega de tierras a las comunidades que la solicitan.
Implícitamente, se solicitó al estado que garantice tal suficiencia, identificando y preparando tierras para la compra, redistribución, compra o algún otro mecanismo definido por la Comisión.
El acuerdo buscó garantizar 240 mil hectáreas para la futura Agencia Nacional de Tierras que estarían disponibles para los grupos catastrados. La preocupación de Naveillán era que estas hectáreas dejarían el mundo agrícola al que representa.
El problema era que la comisión dejaría la restitución de la tierra abierta a diferentes generaciones que podrían continuar solicitando suelos. Es decir, el debate no tendría fin.
