Este viernes en la Contraloría General de la República y con la presencia del ministro de Justicia, Luis Cordero, se realizará el lanzamiento del Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT) para personas privadas de libertad, el hito más relevante para dicho organismo.
En la instancia se informa a todos los organismos del Estado los hallazgos del monitoreo realizado por el comité entre 2022 y 2023, que en su capítulo de salud pública apunta a algunos nudos críticos transversales como deficiencias en traslados hacia los centros de salud; el trato discriminatorio en ellos; o ausencia de abordaje institucional en salud mental.
Asimismo, el informe entregará recomendaciones tendientes a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, bajo custodia o cuidado del Estado.
Como se ha dicho, en relación a los recintos de privación de libertad visitados por el CPT y relativos a la salud pública, el organismo identificó ciertos problemas transversales además de los ya mencionados, como la falta de enfoque preventivo y de género en salud mental y salud reproductiva, y falta de actividades de promoción, terapéuticas y rehabilitación en salud.
En tal sentido, esa arista del informe dirá que las personas privadas de libertad sufren de un acceso limitado a prestaciones de salud, además de enfrentar una mayor exposición a la precariedad y una mayor prevalencia de patologías de diferente índole.
Pero, además, el CPT detectó problemas para que los adolescentes tengan atención oportuna ante urgencias de salud mental; que los adultos mayores no siempre reciben leche del Programa de Alimentación Complementaria de Adulto Mayor, y las personas con diagnósticos de salud mental a veces son discriminadas al necesitar atención de salud física. Asimismo, la constatación de lesiones de las personas detenidas no siempre es realizada con alto estándar y hay casos de mujeres que han tenido su parto en la cárcel sin atención profesional.
Así también, si el año pasado el CPT ya había informado precarias condiciones en cárceles sobre higiene y abrigo, esta vez pesquisó que es frecuente que las personas que están encarceladas y en espera de una atención GES o no GES se pierdan en el sistema y no accedan a sus intervenciones.
Lo detectado, de hecho, viene a dar cuenta de algunas situaciones basales del sistema penitenciario chileno, como que en el país existe sólo un hospital penitenciario para toda la población penal, que es de casi 50.000 personas y el resto son unidades de salud primaria al interior de las cárceles, aunque ninguno de esos recintos cuenta con autorización sanitaria. Incluso, sólo el 0,28% del presupuesto asignado a Gendarmería de Chile para el 2023 se destina a salud, así como que no existe un registro de la cantidad de personas privadas de libertad con diagnósticos de salud mental.
Por todos los elementos antes mencionados, el CPT reforzará la idea de que es necesario avanzar en el desarrollo de políticas públicas de salud que incluyan realmente a las personas privadas de libertad.
“Es muy preocupante la situación, porque de modo general uno puede decir que estas personas terminan siendo invisibles a la formulación de políticas públicas o programas, o incluso cuando existen, no siempre les llegan”, dice Yamileth Granizo, una de las expertas del CPT, quien añade que esto está inmerso en un contexto más amplio de un sistema de salud frágil.
Por eso, agrega, es necesario avanzar en corregir estas falencias. “La salud es un derecho que está garantizado en la Constitución chilena, para todos, no para algunos”, sintetiza.
Fue en 2019 cuando se promulgó la Ley 21.154 que crea el Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura y en mayo del año siguiente, esta instancia comenzó su funcionamiento a través del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile.
Desde ahí el CPT realiza visitas periódicas no anunciadas a distintos recintos que albergan a personas bajo cuidado o custodia del Estado, como hospitales psiquiátricos, residencias para personas mayores, residencias de protección de niños y adolescentes, recintos penitenciarios o comisarías, entre otros.
Luego de cada visita, el comité entrega a las autoridades un Informe en que se analiza la brecha que existe entre lo observado y los estándares nacionales e internacionales en la materia, así como los aspectos positivos observados, concluyendo todo en una serie de recomendaciones concretas.
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