Una encuesta reciente publicada por Diario Financiero encontró que el 74% de los abogados registrados cree que la profesión se encuentra en una crisis ética. El sondeo realizado por Cadem en junio -por encargo del Colegio de Abogados y el estudio García Nadal- se conoce justo en medio de la tormenta provocada por el Caso Audios y donde uno de sus protagonistas no es otro que uno de los juristas más importantes. . conocido de la plaza, Luis Hermosilla.
Esta percepción de crisis de la profesión sumada a las astillas del citado caso no han dejado indiferente a la industria jurídica, y en particular a los despachos de abogados, que en las últimas semanas y meses han tenido que hacerse cargo de estos temas, no sólo promoviendo discusión interna, pero también revisión de sus protocolos y manuales éticos.
La mayoría de los despachos de abogados cuentan con una política que regula los conflictos de intereses, la cual, según ellos, se apega a las buenas prácticas internacionales, así como al código de ética del Colegio de Abogados. ¿Pero qué tan “vivos” están? ¿Y cómo se promocionan internamente? Estas son algunas de las preguntas que el DF realizó a cuatro reconocidas firmas jurídicas.
Las firmas de servicios completos con áreas de litigio son las que requieren un enfoque “especialmente riguroso”, señalan.
los criterios
En todas estas oficinas – aseguran – la norma es que cada vez que llega un nuevo cliente o un nuevo asunto de un cliente existente, se revisa con los socios o con un comité especializado si existe o no conflicto de intereses. “Principalmente nos preocupa la independencia de criterio que debemos mantener, y si ésta podría verse afectada a la hora de aceptar la cesión de un nuevo cliente”, afirma el socio director de FerradaNehme, Rodrigo Ferrada, quien añade que en esta evaluación también se Es importante analizar si aceptar un nuevo encargo les llevaría a defender intereses contradictorios con uno o varios clientes actuales del estudio.
Otro punto a distinguir – señala Ferrada – son los conflictos directos e indirectos, reales y aparentes, y los conflictos actuales y eventuales. “También nos preocupan las cuestiones de parentesco y relaciones amistosas con clientes y autoridades, cuando pueden impedir nuestra libertad de decisión o inclinar la balanza en detrimento de nuestros clientes”, añade.
En PPU se establece este tipo de protocolo de apertura de nuevos asuntos “con el fin de detectar, evaluar y resolver cualquier evento relacionado con este tema, el cual es de obligatorio cumplimiento para nuestras oficinas de Chile, Colombia, Perú y Uría Menéndez en España”. ”, detalla. el socio de la firma y miembro del Comité de Ética de PPU, Alberto Pulido.
El socio director de Cariola Díez Pérez Cotapos, Carlos Pérez-Cotapos, complementa que una vez hecha la revisión, si hay dudas, se lleva a un comité ejecutivo para resolver. “Y si hay conflicto, obviamente no lo aceptamos”.
Mayores riesgos
Las firmas de servicios completos con áreas de litigio son las que, en opinión del socio director de AZ Rodrigo Albagli, requieren un enfoque “especialmente riguroso”, ya que la exposición a posibles conflictos de intereses es más frecuente y compleja.
La firma aplica lo que denomina “barreras éticas”, “que consisten en asignar determinados asuntos y clientes a equipos independientes, asegurando la confidencialidad y la separación efectiva de la información entre áreas. Esto nos permite garantizar la independencia, la transparencia y la protección de los intereses de nuestros clientes”, afirma Albagli.
Carlos Pérez-Cotapos añade que los riesgos y la complejidad disminuyen siempre que se haga bien la tarea de comprobar si hay conflictos de intereses, especialmente en materia de licitación, “ya que varios clientes podrían querer participar en una misma compra y también en el ámbito de litigio, cuando un cliente decide demandar a otro cliente”.
Para aquellas situaciones donde hay “zonas grises, en PPU, por ejemplo, los temas se abordan en un Comité de Ética integrado por socios senior de los tres países donde tienen oficinas en la región, más su socio español. Aquí Pulido advierte que, cuanto mayor es el número de clientes y jurisdicciones, más común es que haya casos que sean evaluados en dicha instancia.
En ese sentido, la gestión de conflictos para los estudios de servicios completos se convierte en un desafío, al “equilibrar los objetivos financieros de la firma con los criterios éticos en materia de conflictos de intereses”, reconoce Albagli. Por ello, dice que el verdadero desafío radica en “alcanzar un equilibrio entre el crecimiento, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el respeto a los más altos estándares éticos”.
Sin embargo, el caso Audios y la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales han vuelto a centrar la atención en estas prácticas. “Más allá de algunos cambios o añadidos a nuestros protocolos, hemos provocado conversaciones en los equipos para reforzar la alerta permanente que debemos tener en el ejercicio de la profesión”, afirma Ferrada.
Alberto Pulido coincide con lo anterior y añade que este tipo de herramientas siempre deben estar sujetas a revisión y mejora y que “casos emblemáticos” (como este) llevan a los abogados del despacho a tomar más conciencia sobre los protocolos “para respetarlos y llevarlos a cabo”. muy en serio”.
Si bien hasta la fecha las firmas entrevistadas aseguran no haber tenido problemas relacionados con conflictos de intereses de ninguno de sus profesionales, señalan que las sanciones no son menores y pueden implicar una infracción grave o la exclusión de socios, entre otras medidas disciplinarias.
