Complejo balance delictual en 2022

El balance que deja el 2022 en materia penal no es auspicioso. Si bien hay una caída en ciertos delitos de mayor connotación social, en el caso de los homicidios el país lamentablemente registra registros particularmente preocupantes. Según cifras del Centro de Estudio y Análisis del Delito, el año pasado se registraron un total de 934 asesinatos, lo que arroja una tasa de 4,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Frente a la realidad que se registraba hace una década, con una tasa de 2,8 por 100.000 habitantes, esto representa un incremento del 67,8%. Los registros también indican que en 2022 se rompió un récord por tenencia ilegal de armas y explosivos. Si hace una década se registraban 537 casos por este delito, el número de casos registrados en 2022 alcanza los 1.200.

Hay otras estadísticas que también son especialmente preocupantes, pues el año pasado también se registró un incremento en el delito de secuestros, según datos tanto de la PDI como de Carabineros. Si bien las cifras difieren entre ambas instituciones por razones metodológicas, coinciden en la tendencia, registrando un aumento que supera en un 70% el número de casos respecto al año anterior. Si bien existen diferentes tipos de secuestros, una de las variedades que ha mostrado un fuerte aumento es la extorsión. En estos casos se percibe una estrecha asociación con actividades de narcotráfico, aunque se han observado algunas singularidades. Uno de ellos es que ha aumentado el número de extranjeros involucrados en la perpetración de secuestros, generalmente como miembros de bandas especializadas en este tipo de delitos. También se ha podido comprobar que los casos ya no se limitan generalmente al mundo de las drogas, sino que se han detectado algunos que afectan a pequeños comerciantes, especialmente en la Región Metropolitana.

Cada vez es más evidente que ya se están viendo las repercusiones inherentes a la expansión del crimen organizado, en este momento una de las mayores amenazas que enfrenta el país y la región en su conjunto. Este tipo de actividad no sólo tiene un enorme poder corrosivo respecto de las instituciones, pudiendo erosionar a los Estados -el caso de Haití en este sentido debe ser paradigmático-, sino que tarde o temprano el accionar de estas bandas también se hace sentir en el población misma. Secuestros extorsionadores, pago por “protección”, asesinatos en plena vía pública y otras formas por el estilo ilustran el enorme riesgo al que está expuesta toda la población ante la expansión del crimen organizado, experiencia que se puede apreciar con dureza en algunas zonas de la América Latina.

Poco a poco, el país ha ido tomando conciencia de esta amenaza, por lo que ya avanza un proyecto de ley que introduce sanciones más estrictas y nuevos tipos penales, mientras que la agenda de seguridad que presentó el gobierno hace unas semanas también incluye un capítulo especial sobre este flagelo. . Pero al tratarse de una nueva forma de delincuencia, mucho más sofisticada y violenta, requiere capacidades mucho más robustas no solo a nivel policial, sino también en materia de persecución penal, que debe ser una prioridad absoluta en el ámbito de las políticas públicas.