Se presentó una propuesta legislativa al Congreso de la Repúblicabuscando declarar de “necesidad pública e interés nacional” el Nacionalización de la empresa Telefónica del Perú Saa.. El proyecto de ley No. 11565/2024-CR tiene como objetivo principal para proteger los intereses de los afiliados al Administradores de fondos de pensiones (AFP)Salvaguardar la capital de los proveedores y garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.
¿Qué tiene esta iniciativa?
Él factura establece la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú SaaIncluyendo las compañías creadas entre marzo y junio de 2020, como PanGeaco, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecury & Cloud Tech Perú. Para hacer esto, habrá un período de 30 días calendario.
Con respecto a la compensación, se contempla el pago del Justiprecio correspondiente a la última operación extraborstable del 99.3 % de las acciones de la Compañía. Sin embargo, el poder ejecutivo deducirá de esta cantidad las deudas fiscales, las sanciones regulatorias y las sanciones que la compañía tiene con el estado peruano.
La iniciativa propone la creación de una nueva ley pública privada, “Telecomunicaciones nacionales del Perú” (Telperú), adjunta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que asumirá la gerencia bajo un esquema de gobierno corporativo.
Un Consejo de Vigilancia supervisará la gerencia, compuesta por representantes del MTC, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Fiscal (SUNAT), acreedores de bonos y trabajadores. Se garantiza que el régimen laboral de los trabajadores continuará siendo el mismo, con la excepción de los puestos de gestión directamente vinculados a la nacionalización.
Los argumentos detrás de la propuesta
La exposición de razones de la factura detalla una serie de críticas y preocupaciones sobre la gestión de Telefónica del Perú Desde su privatización en 1994. Se menciona el contexto de la privatización inicial, donde se habrían revelado “evidencia documental múltiple, testimonios y oraciones judiciales que muestran que el proceso de privatización estaba fuertemente contaminado por prácticas corruptas”.
Entre las principales justificaciones para la nacionalización están:
- Deficiencias en servicio y cobertura: A pesar de haber disfrutado de un monopolio temporal y una expansión significativa, se critica la calidad del servicio, las altas tasas y las brechas de cobertura, especialmente en las áreas rurales y periféricas, que ha generado “grandes críticas”. Se señala que la compañía no invirtió lo suficiente en infraestructura, mostrando un “desmantelamiento progresivo de su herencia”.
- Deudas fiscales millonarias: Telefónica del Perú Mantendría una “deuda financiera considerable” con el estado peruano, incluida una deuda fiscal significativa con Sunat que excede S/ 4,974 millones, además de las multas por parte de la Agencia de Supervisión de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) por infracciones repetidas de la calidad y la regulación de la continuidad del servicio.
- Problemas laborales y de gestión: Un modelo de gestión empresarial se denuncia en función de la “flexibilidad laboral, precariedad y elusión empresarial”, con acusaciones de abusos laborales, subcontratación excesiva y separación de las responsabilidades del empleador.
- Preocupaciones sobre la soberanía y la conectividad: La propuesta subraya la importancia estratégica de las telecomunicaciones para la “soberanía nacional, la seguridad digital y la continuidad de los servicios públicos esenciales”. Se argumenta que el control de la infraestructura de la red por parte de una empresa extranjera genera riesgos para la seguridad cibernética y la defensa nacional.
Beneficios y riesgos potenciales
Los promotores de la ley argumentan que la nacionalización permitiría la recuperación del servicio público, garantizar la conectividad universal y promover el desarrollo económico y la seguridad nacional. Busca revertir lo que se percibe como un deterioro del servicio y la falta de inversión por Telefónica.
Sin embargo, una medida como esta también implica riesgos importantes y costos potenciales, como la cantidad de compensación, lo que podría ser significativo. Además, se advierte un posible impacto negativo en la imagen del país antes de los inversores extranjeros, el riesgo de demandas internacionales (CIADI) y una posible afectación a la calificación crediticia del estado.
El debate sobre la nacionalización de Telefónica del Perú Es parte de un contexto más amplio de discusiones sobre el papel del estado en los sectores estratégicos y las consecuencias de los procesos de privatización pasados, con referencias a casos como la nacionalización de YPF en Argentina o cobre en Chile, que se utilizan para analizar posibles escenarios.
La propuesta de la ley subraya la necesidad de una “intervención estatal” en un sector considerado clave para el desarrollo del país, generando un intenso debate sobre su viabilidad legal, económica y política.
