Luis Rodríguez, consejero de la provincia de Pataz, en Libertadexpresó su preocupación por la decisión del ejecutivo de restringir las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba.
En una entrevista en El aire giratorio de RPPDijo que esta medida afecta directamente al 80 % de las actividades económicas de la provincia, que dependen de la minería.
Rodríguez Describió la suspensión como una medida apresurada que pone en riesgo la subsistencia de miles de personas.
“Imagínese, si lo paralizamos (la actividad minera), lo que será, precisamente, el trabajo de supervivencia de cada uno”, dijo.
El consejero estimó que alrededor de 10,000 Mineros artesanalesMuchos en el proceso de formalización se ven directamente afectados por la suspensión.
Según las estimaciones del funcionario, cada minero usa, en promedio, 10 trabajadores, lo que aumentaría el número de daños a más de 100,000 personas, considerando a sus familias y dependientes económicos.
Esta parálisis, según Rodríguez, amenaza con agravar la situación económica de la provincia.
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Propuestas y medidas ejecutivas
Rodríguez destacó la necesidad de un equipo del Ministerio de Energía y Minas para visitar Patla Para realizar un mapeo que permita identificar y registrar a los mineros que operan ilegalmente, diferenciándolos de aquellos que cumplen con las regulaciones.
Esta acción, según el consejero, podría ser una alternativa para abordar el problema sin afectar a los trabajadores formales o en el proceso de regularización.
Por su parte, el ejecutivo ha justificado la suspensión de las actividades mineras en PatlaComo medida para combatir el crimen organizado vinculado a la minería ilegal, después del secuestro y asesinato de 13 trabajadores de una compañía de seguridad que brindó servicios en subcollos en áreas explotadas por la poderosa compañía minera.
El consejero también anunció que la ‘marcha de sacrificio’ programada para el 12 de mayo todavía está en pie. Esta movilización, que conducirá a Ronderos y residentes de Pataz a Lima, busca hacer visibles las demandas de la provincia, incluidas las mejoras en las posibilidades de seguridad y comunicación, además de la reconsideración de las restricciones mineras.
Rodríguez enfatizó que la marcha no solo responde a la crisis minera, sino que también refleja la incomodidad general debido a la falta de atención del estado a las necesidades de Patla.
