SRES. PRINCIPAL:
Más allá de cualquier exégesis creativa en vísperas de las elecciones y sus ganancias asociadas, es claro que la propuesta constitucional establece un estándar más alto de “consentimiento” indígena; no solo cambiando de “consulta” a “consentimiento”, sino que ampliando exponencialmente su objeto de aplicación.
Sin duda, el ruido y las prisas convencionales no permitieron a sus promotores medir las consecuencias presupuestarias de esta propuesta. Actualmente, no solo se evidencia la falta de capacidad instalada del Estado para desarrollar procesos de consulta indígena, sino que de la revisión de la Ley de Presupuesto 2022 no es posible inferir que exista un presupuesto realista que posibilite un cumplimiento mínimo de las actuales obligaciones del Estado. en la materia.
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Si se aprueba el nuevo texto, y se deja atrás el murmullo convencional, el mero ejercicio práctico revelará la magnitud y alcance de los gastos asociados. Hoy, más que nunca, “lo prometido es deuda”.
Santiago Lyón L.
abogado
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