Hasta la Cámara de Diputados y Diputadas en Valparaíso llegó este viernes el contralor Jorge Bermúdez para exponer ante la comisión investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda desde enero de 2021 a junio de 2023.
En su presentación, la máxima autoridad de Contraloría -a quien le resta prácticamente un mes en el cargo- expuso los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y a otros organismos regionales, que realizaron millonarios traspasos a fundaciones.
Según explicó la autoridad, una de las principales conclusiones que arrojó la auditoría es la existencia de una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales. Además, dio cuenta degraves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.
En respuesta, el contralor reveló que el organismo remitió los antecedentes de algunos casos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que podrían revestir características de delito. Mientras que en otros casos se abrirán sumarios administrativos a cargo de la propia Contraloría.
La autoridad explicó que la mayoría de las faltas o irregularidades son generales a todas las regiones, pero que hay algunas que son más específicas a cada zona. “Los informes están hechos y estos han supuesto acciones derivadas, lo que significa que en algunos casos hay sumarios que se harán por parte de la Contraloría y en algunos casos hay antecedentes que se remitieron al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público”, anunció Bermúdez.
En concreto, los fiscalizadores advirtieron que las observaciones detectadas en el caso de Democracia Viva -que fue el detonante de todo el lío de platas-, en general, se replican en todo Chile.
Según fuentes ligadas a las pesquisas, durante la tarde del miércoles 8 fue que La Moneda comenzó a tomar conocimiento de los hallazgos, entre los cuales se evidenció que hubo “excesiva permisividad” con fundaciones que no alcanzaban a cumplir con los requisitos que exige la normativa.
En la primera parte de su presentación, el contralor Bermúdez detalló las debilidades institucionales que -según la auditoría realizada por el organismo- existen en la transferencia y control de dineros públicos.
Entre las que reseñó el contralor figuran la excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias al pasar de inversión a transferencia; que las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que “no se siga la ruta del dinero público”; la inobservancia de reglas de clasificador presupuestario; la ausencia de control político de los proyectos que se financia vía transferencia y la excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por la misma vía.
Luego, Bermúdez detalló las ocho propuestas que la Contraloría ha formulado en el marco del caso que destapó irregularidades en la transferencia de dineros desde organismos públicos a entes privados, como por ejemplo la creación de una ley marco sobre transferencias del Estado.
La segunda parte de la exposición consistió en detallar las fiscalizaciones y observaciones realizadas por el organismo contralor a las secretarías regionales del Minvu en 15 regiones, donde se detectaron severas irregularidades y faltas de control en la mayoría de los organismos.
Así, por ejemplo, Bermúdez explicó que detectaron falta de control y monitoreo en la ejecución de los convenios en los Serviu de la Región Metropolitana, Valparaíso, Maule, O’Higgins, Antofagasta, Atacama, Arica, Los Lagos y Ñuble.
“No estaban bien fundados los actos administrativos que aprueban los convenios, es decir, por qué se contrata a esa fundación. Luego, hay una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan. En muchos casos no había experiencia”, expuso la autoridad.
Otras de las falencias detectadas son ausencia de exigencia de los planes de trabajo, asignaciones directas de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto y ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia, entre otras.
“Esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre”, señaló el contralor, indicando que al tener “mecanismos tan débiles” puede ocurrir que las situaciones detectadas se repliquen.
Consultado acerca de si los hechos detectados por Contraloría constituyen un ‘modus operandi’ para defraudar el fisco, Bermúdez respondió: “A nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo, porque en realidad esa ya es una conclusión más bien desde el punto de vista penal”.
“Si hay un modus operandi respecto de las fundaciones, la verdad es que no me atrevería clasificar una cosa así. Eso supone el ejercicio de otras facultades que nosotros no tenemos, como sería aquellas que son más intrusivas, de poder incautar, de poder acceder a correos electrónicos, poder acceder a computadores; eso tiene que estar en otra sede”, estimó el contralor.
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La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta este sábado al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), solicitando su respaldo ante eventuales acciones legales que podrían presentar de confirmarse que el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, entregó información falsa en la comisión investigadora sobre el lío de platas e igualmente solicitaron modificaciones legales para sancionar a quienes falseen información en dichas instancias de investigación.
Esto, en vista del allanamiento realizado en dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) esta semana y por la declaración del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró sobre el caso de que involucra a la Fundación Democracia Viva, que fue el 7 de junio pasado donde entregó respaldo documental de las denuncias, lo que contradice el argumento de Crispi en su comparecencia ante la comisión investigadora.
Sin embargo, cabe destacar que la vocera de gobierno, Camila Vallejo desmintió la versión de Contreras este sábado y negó la existencia de dicho informe.
“Esto último es crucial en las pesquisas puesto que se suma a una serie de antecedentes que dan cuenta de que el gobierno y eventualmente el propio Presidente de la República tenían un conocimiento previo de los antecedentes relacionados con estos hechos de corrupción y, pese a ello, no dedujeron oportunamente las denuncias exigidas por la ley, ni colaboraron para el inicio de las investigaciones procedentes”, aseguran los firmantesFrank Sauerbaum y Marcia Raphael, jefe de bancada y subjefa, respectivamente.
En lo preciso, desde la colectividad de Antonio Varas apuntan a que se podría establecer una falta de denuncia que se sanciona penalmente de acuerdo al artículo 177 del Código Penal, e incluso, evalúan hacer extensibles algunas figuras de perjurio.
En la misiva aseguran que la contradicción entre las fechas entregadas por parte de Crispi y Contreras en que La Moneda se enteró del cuestionado convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva “deja entrever la existencia de versiones falsas que pretenden ocultar la verdad, una verdad que ha sido difícil de encontrar en sede parlamentaria producto de las maniobras desplegadas para evitar que la comisión investigadora que se abocó al análisis de los antecedentes pudiera contar oportunamente con todos los antecedentes y testimonios”.
En la carta advierten que ante tal situación “estaríamos en presencia de un hecho grave, en el que el máximo asesor del Presidente de la República habría entregado información falsa a una comisión investigadora del Parlamento, luego de rehusarse sistemáticamente a comparecer en la misma con el concurso del gobierno, que enarboló distintas tesis para impedirlo”.
“De hecho -apuntan- lo que permite dar crédito a la versión del señor Contreras son precisamente todos los actos y gestiones desplegadas desde el gobierno para evitar la comparecencia del señor Miguel Crispi, recurriéndose incluso a tesis y argumentos que fueron rápidamente sofocados por su inconsistencia, lo que significó incluso un pronunciamiento de la Mesa de esta Corporación a instancias de los partidos de oposición”.
Por ello, piden al presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), que de “verificarse que se buscó burlar el trabajo de una comisión investigadora de esta Cámara de Diputados mediante la entrega de información falsa, esperamos contar con vuestro apoyo para ejercer todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos entrega para hacer efectivas las eventuales responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales de quienes estuvieron involucrados de forma inmediata o mediata en este ardid”.
Al respecto, el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, señaló que “tenemos varios elementos para considerar que no sólo se buscó obstaculizar el trabajo de una comisión investigadora de la Cámara, sino que es bastante probable que se hubiera mentido en la misma. De verificarse este hecho necesitamos garantías del Presidente de la Cámara que, independientemente de su posición oficialista, va a defender las herramientas constitucionales que tenemos como corporación”.
Asimismo, los legisladores de RN señalaron que se hace urgente avanzar en una modificación legal que imponga sanciones penales a aquellos que entreguen información falsa a las comisiones investigadoras.
La diputada Marcia Raphael afirmó que “la Cámara de Diputados debe reaccionar frente a uno de los casos más graves de vulneración de sus facultades fiscalizadoras. Por eso, de confirmarse que se mintió en la comisión, no solo emplazamos al presidente de la Cámara a actuar en defensa de la Constitución, sino que debemos revisar con urgencia las normas legales que sancionan un acto de esta naturaleza”.
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La noche de este sábado, una persona resultó fallecida y otras dos heridas luego del ataque que realizó un sujeto armado con un arma blanca y un martillo, en la zona de Grenelle, en las cercanías de la Torre Eiffel, en París.
La víctima fatal corresponde a un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba haciendo turismo en la zona, al igual que las otras dos personas atacadas. El fallecido fue encontrado apuñado en el puente sobre el Sena, de Bir-Hakeim.
El hecho fue confirmado por el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos y confirmó que el agresor fue detenido y, que, además, era un seguidor del islamismo y gritó consignas al momento de su detención.
“La policía acaba de detener valientemente a un agresor que atacaba a unos transeúntes en París, en los alrededores del Quai de Grenelle. Un fallecido y un herido atendidos por los bomberos de París. Por favor eviten el área”, escribió Dermanin en X (antes Twitter).
De acuerdo con medios locales, como France 24, el sospechoso había gritado “Allahu Akbar” (“Ala es el más grande”) antes de ser arrestado, dijo Darmanin, confirmando una información de la agencia AFP. El sospechoso era conocido por su islamismo radical y por tener problemas psiquiátricos, y dijo que no podía soportar la situación en Gaza, agregó Darmanin.
Según los primeros antecedentes, el atacante corresponde a un hombre de 26 años nacido en Francia y que fue condenado previamente el año 2016 por planificar ataques similares.
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Respecto a la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre, se destaca, primero, la defensa de nuestra soberanía y el fortalecimiento de la unidad nacional, al rechazar la instalación del “Estado Plurinacional” inspirado en una ideología foránea, sectaria y divisiva.
El texto en cuestión incluye, asimismo, mejoras que se hacen cargo de la grave crisis migratoria, abordando la expulsión de inmigrantes irregulares delincuentes y fortaleciendo el control fronterizo. Incorpora materias relativas al desarrollo sustentable y la defensa del Medio Ambiente, acordes con los tiempos que corren y en consonancia con las obligaciones internacionales.
Son importantes las libertades fundamentales y el consolidar las bases del modelo de desarrollo del país. La propuesta permite que, en el marco de un Estado social y democrático de derechos, la participación de la iniciativa privada y de los cuerpos intermedios continúe contribuyendo a Chile, habiéndolo llevado a la vanguardia de América Latina en crecimiento económico y superación de la pobreza. Para recuperar el prestigio internacional de Chile es mejor votar “A favor” el próximo 17 de diciembre.
Además, el texto propuesto fue elaborado en democracia, después de cuatro años y tras dos procesos de redacción, recogiendo la mayor parte de las demandas ciudadanas: a veces con poca profundidad, y otras con vacíos, como en el caso de la demanda de los diplomáticos de carrera en favor de una mayor profesionalización del Servicio Exterior chileno. Aun así, el proyecto ofrece una buena Constitución. No es refundacional y sí responde a la tradición constitucionalista del país. En fin, es mejor que la Constitución que se quiere reemplazar, porque actualiza instituciones, readecúa el sistema político e incorpora temas nuevos.
Juan Salazar Sparks
Director ejecutivo de Ceperi, y en representación de 40 embajadores (r)
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