Contralora borra legado laboral de Bermúdez y deja en manos de los tribunales los reclamos de funcionarios a contrata

A sólo dos días de ser ratificada por el Senado como la primera mujer contralora en casi un siglo, la nueva titular de la Contraloría, dorothy perezfirmó su firma en un polémico dictamen que generó Un verdadero terremoto a nivel de protección laboral de los funcionarios públicos..

La nueva autoridad, invocando el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría, publicó un dictamen de dos páginas en el que tira por la borda lo que fue parte del legado del ex contralor en materia laboral. Jorge Bermúdez. La nueva contralora, a diferencia de lo que hizo su antecesor, determinó que a partir de ahora la Contraloría se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre denuncias que alegan violación al principio de confianza legítima por parte de funcionarios públicos contratados.

Su decisión se basa en el hecho de que el asunto en cuestión ha dado lugar a una cuestión de carácter litigioso Por tanto, ha sido judicializado a través del recurso de protección, es decir, ha terminado siendo un conflicto laboral resuelto por los tribunales de justicia.

Para entender las consecuencias del golpe del Contralor Pérez hay que retroceder unos años para reconstruir lo que ha sido la jurisprudencia administrativa y judicial de un asunto que mezcla los derechos de los trabajadores con el derecho administrativo.

Uno de los legados del excontralor Bermúdez fue ampliar los contornos del alcance de la protección de derechos en el nivel administrativo. Lo logró en diferentes niveles y uno de ellos fue el laboral. Durante su mandato, Bermúdez consolidó el criterio de que Si el contrato de un funcionario público se renueva por más de dos años, ese trabajador goza de la legítima confianza de que se renovará nuevamente.. Esto, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del empleo público.

El concepto de confianza legítima, que de hecho había sido abordado doctrinalmente por Bermúdez en varios textos previos a su llegada a la Contraloría, se refiere a que las acciones de la administración del Estado pueden generar en los funcionarios públicos la confianza de que actuarán en el de la misma manera en situaciones similares.

En otras palabras, se debe garantizar al funcionario que si el Estado ha venido actuando de determinada manera -como la renovación de un contrato- debe seguir haciéndolo de la misma manera en el futuro. Esto, con el objetivo de dar protección a los funcionarios ante cambios inoportunos en decisiones de la administración, brindando estabilidad a los servidores públicos y evitando así que se vulneren sus derechos.

La doctrina de Bermúdez chocó con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que también debía resolver estos problemas laborales, ya que llegaban a ella vía recursos de protección. Sin embargo, la jurisprudencia de la sala constitucional difirió de la de Bermúdez y el plazo fijado por el máximo tribunal coincidió primero con dos años y finalmente quedó en cinco años.. Es decir, el principio de confianza legítima opera a partir de los cinco años para quienes se encuentran bajo la modalidad de contrato, por lo que no existe acción ilegal o arbitraria si la separación se produce antes de ese plazo.

La decisión de la Contralora Pérez implica que renunciará al ejercicio de emitir opinión sobre este asunto, marcando una línea distintiva respecto de la Contraloría Bermúdez y, por lo tanto, el mensaje que entrega a los funcionarios públicos contratados es que de ahora en adelante deben dejar de quejarse. al órgano de control para solicitar la declaración de confianza legítima, ya que este reclamo ahora sólo deberá realizarse ante los tribunales de apelación a través del recurso de protección.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica José Luis Lara ve con buenos ojos la decisión tomada por el contralor. “El nuevo dictamen de la Contraloría sitúa en la competencia de los tribunales de justicia la determinación de una situación temporal, como es un contrato, que pasó a ser permanente. Teniendo en cuenta las discusiones sobre la calidad de los años, dos o cinco, el contralor opta, en mi opinión, correctamente, dado el carácter litigioso del problema jurídico de fondo, por abstenerse y dejarlo en manos de los tribunales de justicia”, afirma el profesor de derecho administrativo y socio de PPU.

Lara agrega que “dada la causa preferente del artículo 6, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Contraloría, creo que esta sentencia demuestra una vez más la necesidad de legislar sobre el empleo y la función pública en Chile, especificando ciertas categorías para evitar una aumento de la judicialización”.

La rapidez con la que actuó Pérez fue vista como una consolidación de lo que es su estilo, algo que algunos de sus detractores -irónicamente- llaman “huracán Dorothy”. Lo cierto es que no es la primera vez que lo hace. Cuando Bermúdez terminó su mandato, la actual contralora asumió el cargo de diputada. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, firmó dos resoluciones que implicaron una fuerte reestructuración de la Contraloría.

Estas modificaciones, en las que venía pensando desde hacía meses mientras ejercía como contralor adjunta, echaron por la borda el diseño de la era Bermúdez. Modificó el Departamento de Medio Ambiente y lo asignó a la División de Infraestructura y Regulación. Además, redujo la plantilla de la secretaría general y del gabinete, trasladando a cientos de funcionarios. También revivió la antigua División de Municipios que Bermúdez eliminó, pero lo hizo bajo el nombre de División de Gobiernos Regionales y Municipios.

El fallo de Pérez también fue interpretado como una forma de eximir a la Contraloría de una carga de trabajo que ahora deben hacer los tribunales, aumentando así la judicialización de este asunto. Con esto, la contralora deja claro que su huella será en tres aspectos: supervisión, fiscalización y la consolidación de un sistema nacional de control en el que todas las entidades que ejercen facultades de control las ejerzan de manera efectiva y coordinada.

Junto a ello, deja claro que el papel de interpretación del derecho administrativo se ejercerá con límites claros y con deferencia tanto a nivel del legislador como a nivel de los tribunales de justicia. Así lo dejó claro incluso Pérez cuando habló en la Comisión de Constitución del Senado. Ante los senadores de la instancia se comprometió a no dar su opinión sobre asuntos polémicos o problemas que deban ser resueltos por el Congreso.

La Contraloría es consciente de que existe una deuda del Estado en materia de reforma legal del empleo público y que la rigidez de la contratación permanente generó abuso de los funcionarios contratados que desempeñan funciones permanentes, pero saben que eso es un problema. de fondo que deben ser resueltos por los parlamentarios vía reforma legal o por los tribunales en caso de que se afecten derechos.

El fallo apenas se hizo público. -que coincidió precisamente con el saludo protocolario que Pérez realizó con el Presidente Gabriel Boric– Inmediatamente se generó una reacción en cadena que indignó a la CUT, la ANEF y varios parlamentarios.. “¡Estamos en alerta! No permitiremos que los trabajadores públicos sean tratado como botín político. Desde la CUT, junto a la mesa central del sector público, vemos con preocupación el reciente dictamen emitido unilateralmente por la Contralora Dorothy Pérez, violando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado.“publicó el CORTE en X.

Mientras tanto, el presidente de la ANEF, José Pérez, En esa misma red social, afirmó que el “nuevo dictamen de la Contraloría pone fin a la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima, precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado”.

el senador Yasna Provoste (DC) llamó a la “nueva contralora a reconsiderar su decisión de limitar la defensa de la confianza legítima de los funcionarios públicos únicamente a los tribunales”. A juicio de Provoste, “esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país”. El diputado tuvo una reacción más dura Matías Ramírez (ORDENADOR PERSONAL). “Pésima señal de la nueva contralora cuando revierte años de jurisprudencia administrativa que pusieron fin a la precariedad de los funcionarios públicos que reconocían la confianza legítima. Ahora los trabajadores tendrán que exigir el reconocimiento de sus derechos”, afirmó el diputado comunista.

Uno de los puntos que molestó es que varios ven en este fallo una señal favorable para las nuevas autoridades, tanto quienes asumen a nivel municipal como alcaldes como a nivel regional como gobernadores. Incluso otros lo extienden al cambio que se dará en La Moneda con las elecciones presidenciales de 2025, porque con ello habrá más flexibilidad para despedir funcionarios.

Otro aspecto que preocupa es que la Contraloría deja este asunto en manos de la Sala Tercera, que acaba de perder a dos funcionarios supremos que sustentaban la jurisprudencia de confianza legítima con un mandato de cinco años: los ministros destituidos. Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. Sin embargo, hay quienes creen que no debería haber un giro jurisprudencial, ya que los ministros Jean-Pierre Matus y Adelita Ravanales También apoyan este criterio.