El Contralor General de la República informó que ha encontrado 1,553 cámaras de videovigilancia inoperantes, 1,054 equipos de radiocomunicación que no funciona y 378 vehículos en mal estado en 248 gobiernos locales ubicados en las regiones del interior del país.
Estos son los resultados del Operativo ‘Servicio de seguridad ciudadano ejecutado por gobiernos locales’realizado entre el 8 y el 14 de mayo, que muestran la capacidad operativa de los municipios para mantener el orden, la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública; Además, comprometerían la efectividad de las políticas públicas en esta área.
Durante la operación se sabía que el 20 % (1 553) del total de 6 144 cámaras de videovigilancia instaladas por el Gobiernos locales En puntos estratégicos de su jurisdicción no tienen en funcionamiento y afectan la capacidad de monitoreo continuo en los espacios públicos.
El mayor número de estos equipos en mal estado se concentra en los gobiernos locales supervisados de Arequipa (255 equipos), La Libertad (180), las Provincias de Lima (153), Cusco (150) y Piura (134).
Del mismo modo, del total de cámaras instaladas, el 22 % (1 381) de los equipos de videovigilancia no almacena grabaciones para un mínimo de 45 días calendario establecidos por las regulaciones actuales, esta situación recurrente en los gobiernos locales de CUSCO (314 cámaras), Tacna (179), La Libertad (90), Pasco (80) y grash (77).
También advirtieron que el 86 % (213) de 248 entidades supervisadas que tienen cámaras de videovigilancia no tienen un plan definido para realizar mantenimiento periódico a estos equipos.
Equipo mimado
También se verificó que el 19 % (1054) del 5 502 equipos de radiocomunicación (fijos, móviles y computadoras portátiles) no está operativo, lo que restringe la comunicación efectiva durante las intervenciones del personal de Serenazgo. La mayor cantidad de estos equipos malcriados pertenecen a los municipios supervisados de Piura (259), las provincias de Lima (119), Arequipa (83), Ayacucho (82) y Ucayali (71).
Por otro lado, se descubrió que el 32 % (79) de los municipios carece de un centro de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones que limita la capacidad de supervisión y respuesta a situaciones de riesgo.
Del mismo modo, el 14 % (378) de los 2,618 vehículos asignados a las patrullas municipales no tienen en funcionamiento, lo que limita la capacidad de responder a situaciones de inseguridad. Estos vehículos en mal estado se concentran en las provincias de Lima (45), Cusco (36), Tacna (30), ICA (25) y Áncash (21). Incluye camiones, minivan, vehículos, motocicletas y bicicletas, inclusive.
Mientras que el 14 % (34) de los gobiernos locales no realiza patrulla integrada con las estaciones de policía de su jurisdicción, lo que debilita la coordinación inter -institucional para la seguridad ciudadana.
La operación también nos permitió saber que el personal de Serenazgo que trabaja en el 63 % (133) de los gobiernos locales supervisados carece de todo el equipo de protección personal para combatir el crimen y la inseguridad ciudadana, una situación que puede exponer la integridad de estos trabajadores. A esto se agrega que el 20 % (49) de las entidades dan equipos parciales a lo sereno, la falta de chalecos balas, las rodillas y los estufas de Co más recurrentes.
Sin seguridad ciudadana
Otro hecho relevante es que seis municipios visitados carecen del servicio Serenazgo, lo que demuestra una ausencia total de presencia operativa municipal en la seguridad ciudadana. Esta situación se registra en los municipios provinciales de Aija y Ocros (Áncash), Cajatambo (Provincias de Lima) y Bellavista (San Martín), así como en los municipios del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro (Lambayeque) y San Pedro de Pillao (Pasco).
También hay 71 municipios supervisados que carecen de cámaras de videovigilancia que reducen significativamente las capacidades de monitoreo preventivo en su jurisdicción.
Desde Contralor Indicaron que han comunicado estos resultados a los titulares de los gobiernos locales visitados para adoptar las medidas preventivas y correctivas que contribuyen a optimizar la gestión de la seguridad ciudadana que han estado desarrollando.
También se recomendó la elaboración y la implementación obligatoria de planes objetivos específicos para el servicio Serenazgo en todos los gobiernos locales, alineados con las directivas nacionales y el enfoque de gestión de riesgos. Indicaron que esto permitirá optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la articulación del sistema de seguridad ciudadano.
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