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Convención: los artículos claves que definirá hoy el Pleno para el catálogo de derechos de pueblos indígenas

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El Pleno de la Convención Constituyente Ese día discutirá y votará una serie de artículos propuestos por el Comisión sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Plurinacionalidad, esa forma un catalogo de derechos para los pueblos indigenas y que para prosperar necesitan lograr 103 votos favorables y así pasar al proyecto de la nueva Constitución.

Los artículos incluyen:

Principio de plurinacionalidad: El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas desde la época precolombina y que actualmente habitan el territorio del país, su participación igualitaria en la distribución del poder, con pleno respeto a su libre determinación y demás derechos colectivos.

Identidad e integridad cultural: Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad y la integridad cultural, ya que se reconozcan y respeten sus propias cosmovisiones, formas de vida e instituciones.

Derecho a la autoidentificación: El Estado debe respetar el derecho de las personas indígenas a la autoidentificación, de acuerdo con sus propios sistemas de pertenencia determinados por cada pueblo o nación indígena.

Reconocimiento del genocidio indígena: El Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y de violaciones históricas y estructurales de los pueblos y naciones indígenas, y se compromete a repararlos y brindar garantías de no repetición.

Autonomías Territoriales Indígenas: Son entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho a la autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional y de conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la ley. Es deber del Estado proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines y atribuciones de las Autonomías Territoriales Indígenas, sin perjuicio de su participación en los demás ingresos del Estado.

Derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado: Es deber del Estado consultar a los pueblos y naciones indígenas cuando se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado. Una ley regulará este derecho, de conformidad con la Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Derechos lingüísticos: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a usar, revitalizar, fomentar, desarrollar y transmitir sus respectivas lenguas y tradiciones orales, filosóficas y escritas.

Derecho a la restitución y repatriación del patrimonio cultural: los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la restitución y repatriación de los objetos de culto y restos humanos que les pertenezcan, ya sea en Chile o en el extranjero.

Derecho a la comunicación de los pueblos y naciones indígenas: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la comunicación y la información, ya establecer sus propios medios de comunicación.

Derecho a la conectividad en territorios indígenas: Es deber del Estado garantizar la conectividad de los pueblos y naciones indígenas, hacia y desde sus territorios, a las telecomunicaciones analógicas y digitales, los servicios postales y todas las medidas de accesibilidad a los servicios básicos e infraestructuras de transporte.

Ley de conocimientos ancestrales: Los pueblos y naciones indígenas, y sus miembros, tienen derecho a mantener, controlar, salvaguardar, desarrollar y enseñar sus conocimientos colectivos, tales como sus ciencias, tecnologías y saberes, reconociendo la especial labor de los educadores tradicionales.

Seguridad Alimentaria Indígena: El Estado tomará medidas especiales para proteger la diversidad genética de las especies animales y vegetales, en particular las que forman parte de las culturas ancestrales y la seguridad alimentaria de los pueblos y naciones indígenas.

Derecho de los pueblos indígenas a permanecer en su territorio: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a permanecer ya no ser desplazados de sus tierras y territorios.

De las tierras, territorios y recursos indígenas: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que ancestralmente han poseído, utilizado o adquirido.

Derecho de los pueblos y naciones indígenas al agua: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a las aguas que se encuentran en sus tierras y territorios, ya que tienen un vínculo especial con ellos.

Derecho al medio ambiente: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y en armonía con la naturaleza, garantizando la protección, conservación y restauración de los ecosistemas.

Derecho a la educación de los pueblos y naciones indígenas: El Estado reconoce, garantiza y promueve los sistemas educativos de los pueblos y naciones indígenas. Asimismo, tienen derecho a un sistema estatal de educación intercultural y plurilingüe en todos los niveles educativos, de acuerdo con la cultura y particularidades de cada pueblo.

Derecho al desarrollo: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a determinar sus propias prioridades en relación con su desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo con sus propios ordenamientos jurídicos y cosmovisión.

Derecho a la salud de los pueblos indígenas: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener, practicar y acceder a su propia medicina y sistemas de salud de acuerdo con su cultura, tradiciones y conocimientos.

Derecho a la vivienda indígena: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a una vivienda adecuada, digna y culturalmente pertinente que les permita el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria, con acceso garantizado a los servicios básicos.

Derecho al trabajo y seguridad social: Las personas y pueblos indígenas tienen derecho al trabajo digno, en condiciones equitativas y sin discriminación, ya la protección y pleno goce de sus derechos laborales y de seguridad social.

Acceso a la justicia: Los pueblos, naciones y pueblos indígenas tienen derecho a que todos los órganos que intervienen en el desarrollo de la función jurisdiccional, garanticen el acceso a un proceso judicial con pleno respeto a sus prácticas, a sus propios ordenamientos jurídicos y a los derechos garantizados en esta Constitución.

Derecho a la reparación y restitución: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos que, sin su voluntad, les fueron usurpados, confiscados, ocupados, enajenados o dañados.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas: Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derecho a una vida libre de violencia ya participar en todos los asuntos que les afecten.

Derechos de las mujeres indígenas: las mujeres indígenas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

Derechos de las personas mayores indígenas: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la conservación y continuidad cultural de sus pueblos, respetando las expresiones lingüísticas y cosmovisiones particulares.

Derechos de las personas indígenas con discapacidad: El Estado reconoce que las personas indígenas con discapacidad son objeto de múltiples formas de discriminación, y en este sentido, adoptará medidas para garantizar que puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones, reconociendo además su autonomía.

Comisión de Catastro, Saneamiento, Demarcación y Restitución Territorial Indígena: Una comisión especial, multinacional y mixta estará a cargo de desarrollar y promover las bases de una política de catastro, saneamiento, demarcación y restitución de tierras, recursos y territorios indígenas.

Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena: Se creará un Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena, autónomo, plurinacional y paritario. Su integración, designación de sus jueces, funcionamiento, presupuesto y demás aspectos para su adecuado funcionamiento, se regularán por ley.

Consejo de los Pueblos Indígenas: Habrá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, continuando con la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en el que tendrán representación todos los pueblos y naciones indígenas a través de sus respectivos Consejos Populares, en la forma y proporción determinada por la ley.

Derecho a mantener parentesco e intercambio fronterizo: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener el contacto fronterizo y el intercambio entre pueblos y comunidades.

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El sueño imposible de Bolívar

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JUAN IGNACIO BRITO, Profesor de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro de Señales de la Universidad de los Andes

juan ignacio brito

La idea de la integración latinoamericana volvió a ser mencionada en la cumbre de la Celac realizada en Buenos Aires la semana pasada. Parece que el “sueño de Bolívar” es de lo que hablan los líderes de nuestra región cuando no tienen nada más que decir. Pero lo cierto es que hasta el Libertador terminó sus días desilusionado con su ideal de unidad.

Tras la victoria en Ayacucho (1824) había llamado a América “la esperanza del universo”, pero el Congreso de Panamá (1826) que convocó para sellar la integración fue un rotundo fracaso. Ya en 1829 el héroe desencantado admitía que “hemos probado todos los principios y todos los sistemas y ninguno ha llegado a buen puerto”. Lo que prevaleció fue el desorden y la ruina, no la unidad.

El mismo Bolívar dijo de sí mismo que era “un genio de la tormenta”. Lo suyo era la guerra y la revolución, no la construcción institucional. “Muchos generales saben ganar las batallas, pero no qué hacer con sus victorias”, lamentaría, en una declaración muy autocrítica, unos meses antes de exiliarse en 1830.

Lo que sucedió con el sueño unitario de este héroe imperfecto es una sinopsis de lo que vendría después. Nuestra región es un lugar donde prevalecen la violencia, la desigualdad, las personalidades y la fragilidad institucional. No es raro que en un entorno así la integración no vaya más allá de los discursos y resulte ser una quimera. América Latina vive, como escribió el patriota Luis Briceño Méndez a Bolívar en una carta, “en la era de los errores. Para remediar uno cometemos cincuenta”.

La última nota retórica en la historia de la fallida integración regional la protagonizaron hace unos días Lula da Silva y Alberto Fernández, cuando anunciaron con más entusiasmo que realismo la creación de una moneda común, el “Sur”. Rápidamente, desde Caracas saltó el dictador Nicolás Maduro para proclamar que se sumaba a la propuesta.

Como siempre, el voluntarismo no tardó en chocar con la realidad. Es imposible que un país con un Banco Central autónomo y una inflación relativamente controlada quiera unir su política monetaria con Argentina, cuyo desorden fiscal parece irreparable. Pronto salió Brasilia a aclarar que la idea es crear una “moneda financiera”, no una que circule. De ahí vino el “sur”. ¿Volveremos a saber de él?

Las palabras más sensatas pronunciadas en la Celac vinieron de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, esa pequeña isla de la excepcionalidad. Alzando valientemente la voz, Lacalle Pou reveló a sus compañeros el elefante en medio de la mesa de reuniones, llamando a la Celac “un club de amigos ideológicos” y afirmando que “para que este tipo de foros subsista hay que generar esperanza. Y las esperanzas se generan en el camino recorrido, en la práctica en la acción.” En otras palabras, las acciones, y no las palabras, definen la integración.

El problema evidente es que para que haya una verdadera unidad se necesitan varios requisitos: comunidad de intereses, tiempo, creación de un régimen con reglas comunes percibidas como legítimas y respetadas por todos, sistemas políticos compatibles y, finalmente, líderes comprometidos y coherentes. Todos bienes escasos en estas latitudes.

Con dolor, Bolívar llegó a reconocerlo. Por eso terminó sus días sumido en la amargura, arrepintiéndose incluso de haber hecho la guerra a la metrópolis colonial. Su diagnóstico es lapidario: “No hay buena fe en América ni entre las naciones. Los tratados son papeles; las constituciones, libros; las elecciones, los combates; libertad, anarquía; y la vida, un tormento”.

#sueño #imposible #Bolívar

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El sueño imposible de Bolívar

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JUAN IGNACIO BRITO, Profesor de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro de Señales de la Universidad de los Andes

juan ignacio brito

La idea de la integración latinoamericana volvió a ser mencionada en la cumbre de la Celac realizada en Buenos Aires la semana pasada. Parece que el “sueño de Bolívar” es de lo que hablan los líderes de nuestra región cuando no tienen nada más que decir. Pero lo cierto es que hasta el Libertador terminó sus días desilusionado con su ideal de unidad.

Tras la victoria en Ayacucho (1824) había llamado a América “la esperanza del universo”, pero el Congreso de Panamá (1826) que convocó para sellar la integración fue un rotundo fracaso. Ya en 1829 el héroe desencantado admitía que “hemos probado todos los principios y todos los sistemas y ninguno ha llegado a buen puerto”. Lo que prevaleció fue el desorden y la ruina, no la unidad.

El mismo Bolívar dijo de sí mismo que era “un genio de la tormenta”. Lo suyo era la guerra y la revolución, no la construcción institucional. “Muchos generales saben ganar las batallas, pero no qué hacer con sus victorias”, lamentaría, en una declaración muy autocrítica, unos meses antes de exiliarse en 1830.

Lo que sucedió con el sueño unitario de este héroe imperfecto es una sinopsis de lo que vendría después. Nuestra región es un lugar donde prevalecen la violencia, la desigualdad, las personalidades y la fragilidad institucional. No es raro que en un entorno así la integración no vaya más allá de los discursos y resulte ser una quimera. América Latina vive, como escribió el patriota Luis Briceño Méndez a Bolívar en una carta, “en la era de los errores. Para remediar uno cometemos cincuenta”.

La última nota retórica en la historia de la fallida integración regional la protagonizaron hace unos días Lula da Silva y Alberto Fernández, cuando anunciaron con más entusiasmo que realismo la creación de una moneda común, el “Sur”. Rápidamente, desde Caracas saltó el dictador Nicolás Maduro para proclamar que se sumaba a la propuesta.

Como siempre, el voluntarismo no tardó en chocar con la realidad. Es imposible que un país con un Banco Central autónomo y una inflación relativamente controlada quiera unir su política monetaria con Argentina, cuyo desorden fiscal parece irreparable. Pronto salió Brasilia a aclarar que la idea es crear una “moneda financiera”, no una que circule. De ahí vino el “sur”. ¿Volveremos a saber de él?

Las palabras más sensatas pronunciadas en la Celac vinieron de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, esa pequeña isla de la excepcionalidad. Alzando valientemente la voz, Lacalle Pou reveló a sus compañeros el elefante en medio de la mesa de reuniones, llamando a la Celac “un club de amigos ideológicos” y afirmando que “para que este tipo de foros subsista hay que generar esperanza. Y las esperanzas se generan en el camino recorrido, en la práctica en la acción.” En otras palabras, las acciones, y no las palabras, definen la integración.

El problema evidente es que para que haya una verdadera unidad se necesitan varios requisitos: comunidad de intereses, tiempo, creación de un régimen con reglas comunes percibidas como legítimas y respetadas por todos, sistemas políticos compatibles y, finalmente, líderes comprometidos y coherentes. Todos bienes escasos en estas latitudes.

Con dolor, Bolívar llegó a reconocerlo. Por eso terminó sus días sumido en la amargura, arrepintiéndose incluso de haber hecho la guerra a la metrópolis colonial. Su diagnóstico es lapidario: “No hay buena fe en América ni entre las naciones. Los tratados son papeles; las constituciones, libros; las elecciones, los combates; libertad, anarquía; y la vida, un tormento”.

#sueño #imposible #Bolívar

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Inseguridad ciudadana III: el Estado al debe

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Esta semana dedicamos los editoriales de lunes y martes a la crisis de inseguridad que, lamentablemente, se ha apoderado de la agenda nacional, y que encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas. La naturaleza y gravedad del problema no tienen precedentes, pues el tipo de delitos, la frecuencia con que ocurren y el grado de violencia que involucran son nuevos en nuestro país.

Este tercer editorial sobre delincuencia busca reforzar el mensaje de los dos primeros, porque ante las declaraciones del Subsecretario de Gobernación sobre el violento asalto a un centro comercial de la capital el pasado domingo, el Gobierno parece no escuchar: garantizar la seguridad es la primera responsabilidad del Estado, y el Estado está fallando.

En lugar de anuncios que comuniquen a la ciudadanía la firme voluntad del Gobierno de redoblar esfuerzos para enfrentar a los delincuentes, la autoridad ha preferido enfatizar la responsabilidad de los centros comerciales de implementar medidas y protocolos para estar mejor protegidos ante acciones delictivas.

Esa responsabilidad existe, por supuesto, y es necesario discutir qué pueden hacer los actores privados -empresas y negocios- para dar mayor protección a sus trabajadores y clientes. Pero frente a bandas bien organizadas y fuertemente armadas como las que han actuado en numerosos incidentes en los últimos tiempos, sólo el Estado puede desplegar la respuesta contundente necesaria, ya sea para disuadir o confrontar estas acciones.

Es precisamente por eso que existe el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, porque dado el grado de violencia que puede desencadenar el crimen organizado -y de eso estamos hablando aquí- los actores privados siempre estarán indefensos. Hasta ahora los ciudadanos no parecen reclamar el derecho a armarse para su propia defensa y eso es tranquilizador, ya que se iniciaría un proceso casi irreversible de deterioro de nuestra convivencia. Todo indica que espera ser protegido por las instituciones a las que la ley asigna esa tarea, y esa es una expectativa que la autoridad no puede cuestionar con declaraciones imprudentes.

#Inseguridad #ciudadana #III #Estado #debe

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