El Pleno de la Convención rechazó la propuesta de establecer un referéndum para revocar el mandato de la nueva Constitución ya que no llega al quórum requerido y la iniciativa fue descartada definitivamente del proceso constituyente.
el artículo en cuestión logró 84 votos a favor y 48 en contra, pero necesitó 103 apoyos para continuar en el camino hacia el proyecto constitucional. El texto señala que “los cargos de Presidente de la República, Gobernador Regional y Alcalde son revocables”.
Precisó que “la solicitud de revocación del mandato podrá ser presentada por un número no inferior al 25% del padrón electoral vigente en la última elección correspondiente una vez transcurrido, por lo menos, el primer año del período para el cual fue elegida la autoridad”. transcurrido y no podrá tener lugar durante el último año del mandato. Sólo se podrá realizar una solicitud de revocación por período.
El pleno, por su parte, dio luz verde a las llamadas iniciativas de ley popular al aprobar y someter al proyecto de Constitución que “un grupo de ciudadanos con derecho a voto, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de ley popular a trámite legislativo”.
Agrega que “habrá un plazo de 180 días desde su registro en el Servicio Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios requeridos”.
De obtenerse el apoyo requerido, el Servicio Electoral enviará la propuesta al Congreso, para que inicie el proceso de elaboración de la ley.
Se detalla que las iniciativas populares de ley “no podrán referirse a impuestos, alterar la administración presupuestaria del Estado o limitar los derechos fundamentales de las personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y en las leyes.
También se apoyó “iniciativa de derogación de ley”, mediante el cual un grupo de ciudadanos con derecho a voto, equivalente al 5% del último censo electoral, podrá presentar una iniciativa para la derogación total o parcial de una o más leyes dictadas en vigencia de esta Constitución para ser votada mediante referéndum nacional . . Se especifica que “no serán admisibles las propuestas sobre materias relacionadas con los impuestos y la administración del presupuesto del Estado”.
También se aprobó que el Congreso y los órganos representativos a nivel regional y local “deben llevar a cabo audiencias públicas en las oportunidades y formas que la ley prevea, en que las personas puedan dar a conocer sus argumentos y propuestas”.
En cuanto a “Democracia participativa”, se aprobó que “los ciudadanos tienen derecho a participar incidental o vinculantemente en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de la democracia, tendiente a favorecer la amplia deliberación del pueblo, de conformidad con esta Constitución y las leyes.”
“La tasa de desempleo sigue en un nivel más alto del que nos gustaría”. Así partió el análisis que hizo el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el nivel de desocupación de 8,9% observado en el trimestre móvil agosto-octubre que informó previamente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que representa un alza de 0,9 punto porcentual frente a igual lapso de 2022.
De todas formas, dijo que se trata de una cifra que se ha mantenido en el tiempo aun cuando la economía está en una situación de cierto estancamiento.
Ante esto, sí resaltó dos aspectos: que se crearon 29.500 empleos en el trimestre, “lo que -sostuvo- es muy positivo, porque significa que nuestra economía está siendo capaz de crear empleo”; y, lo segundo, es que hubo un aumento de 4,6% de la cantidad de mujeres ocupadas respecto a la misma época del año anterior.
De todas formas, dijo que saben que el “mercado laboral todavía requiere más fuerza, requiere mayor creación de empleo”. Así, pese a que se ha creado empleo el último año, no han sido suficientes para poder responder a todo el aumento en la fuerza laboral.
“Y esa es nuestra principal tarea, aumentar sobre todo los empleos formales y, por eso, creemos que es tan importante la aprobación que tuvimos ayer del Presupuesto de la Nación que, entre otras cosas, va a permitir hacer un esfuerzo muy importante en términos de inversión, de inversión pública”, destacó.
Ese impulso, estimó, va a poder crear al menos 100 mil ocupaciones el próximo año.
“Así que estamos yendo en la dirección correcta en términos de ir fortaleciendo nuestra economía para que recupere aún con más fuerza la capacidad de generar empleo”, señaló el ministro Grau.
Dos nuevas empresas se sumaron a la larga lista de compañías del rubro de la construcción que han solicitado su liquidación voluntaria. Se trata de la sociedad Construcción y Montajes Industriales e Inmobiliaria Lo Cañas, las que -al igual que la mayoría de las sociedades que recurrieron a la justicia para pedir su quiebra- apuntaron a los efectos de la crisis social y el alza de costos.
La firma Construcción y Montajes Industriales (ex ENV Obras Civiles y Montajes, representada por Felipe León) comenzó a operar en el año 2011, y tuvo como clientes a SQM, Copec y Colbún. La empresa sostuvo: “En el año 2019 se produjo el estallido social, cerrando toda posibilidad de lograr obtener los fondos, por lo que en la actualidad la empresa no cuenta con empleados y pocos activos, ya que todas las herramientas y equipos eran arrendados a terceros”.
En su presentación a la justicia, la compañía explicó que su trabajo estuvo enfocado principalmente a empresas del área de la industria del petróleo y minería no metálica.
Detalló que, entre los años 2011 y 2014, su principal cliente fue SQM Salar, en donde ejecutó varios contratos en el área del montaje industrial. A fines de 2015, se adjudicó un contrato con la empresa Inmobiliaria Las terrazas de Peñaflor, consistente en la construcción de 64 casas con una venta de $ 3.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en un atraso importante en la construcción, generando pérdidas importantes por mala gestión, lo que trajo como consecuencia atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, finiquitos, cayendo en cesación de pagos y en Dicom”, dijo la sociedad, la cual explicó que hizo abandono del proyecto en febrero de 2017 por falta de caja y malos resultados.
En el mismo 2015, la firma dijo que se adjudicó un contrato con la empresa Copec para la construcción de una estación de servicio en Pozo Almonte, Región de Iquique, contrato a suma alzada por $ 2.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en una mala administración, bajo control de los recursos, atraso en la entrega del proyecto, generando gastos adicionales; en definitiva, una mala gestión provocando pérdidas importantes; este contrato fue afectado por los problemas del anterior, cayendo también en cesación de pagos y Dicom”, sostuvo la empresa.
Un año después, se adjudicó un contrato con Colbún, consistente en la remodelación, mejoras, pavimentación interior y accesos a las Centrales de Paso de Los Andes, incluyendo obras civiles, estructuras metálicas, arquitectura, instalaciones en general, obras de paisajismo y vías de acceso, contrato a suma alzada por $ 1.500 millones.
“Si bien este contrato se estaba ejecutando sin problemas, fue afectado por la gestión de los dos contratos anteriores, comenzando a tener atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, y siendo afectado por los informes de Dicom”, dijo la empresa, la cual añadió que, a pesar de estar en una posición de no poder operar desde el año 2017, intentó -sin éxito- obtener fondos externos para poder regularizar la situación de la empresa.
Precios al alza
En el caso de Inmobiliaria Lo Cañas, representada por Mauricio Núñez, decidió iniciar su proceso de liquidación voluntaria tras ocho años desde su formación.
“Los hechos ocurridos a propósito del estallido social afectaron la cadena de abastecimiento de materiales y prestación de servicios alterando los precios al alza, lo que generó un progresivo estado de insolvencia al incrementarse los gastos de construcción”, dijo en su presentación a la justicia.
Junto al aumento de sobrecostos, la compañía también apuntó a la escasez de materiales y de mano de obra y a la restricción de financiamiento.
“Se generaron sobrecostos desmesurados en materiales; la escasez de estos y la escasez de mano de obra dieron un golpe económico durísimo, generando altos costos para poder mantener las obras andando y afectando los plazos de construcción excesivamente, en especial los plazos estipulados en las promesas de compraventa por los proyectos en ejecución”, dijo la empresa.
Y añadió: “Sumado a lo anterior y al aumentar el riesgo en el mercado de la construcción, los bancos, las compañías de seguros y los proveedores restringen líneas de financiamiento a la compañía”.
En los últimos dos años, más de 500 empresas ligadas al rubro de la construcción han quebrado o han solicitado su reorganización judicial, en un escenario que se califica como la peor crisis de la industria en cuatro décadas.
El multimillonario inversionista Bill Ackman está apostando a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés antes de lo que predicen los mercados.
El fundador de Pershing Square Capital Management dijo que la medida podría ocurrir en el primer trimestre. Los operadores están descontando plenamente un recorte de tipos en junio, y la posibilidad de que se produzca un recorte en mayo se estima en alrededor del 80%, según datos del mercado de swaps.
La Reserva Federal comenzó a subir agresivamente las tasas en marzo de 2022, lo que llevó al ritmo más rápido de aumentos de tasas en 40 años. El banco central aún no ha recortado las tasas a pesar de que la inflación estadounidense se ha desacelerado ampliamente este año.
“Lo que está sucediendo es que la tasa de interés real, que es la que impacta la economía, sigue aumentando a medida que la inflación disminuye“, dijo Ackman en un próximo episodio de The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations.
Ackman dijo que si la Reserva Federal mantiene las tasas en el rango de aproximadamente 5,5% cuando la inflación tiende a ser inferior a 3%, “esa es una tasa de interés real muy alta“.
Inversionista activista
Ackman fundó Pershing Square en 2004. La empresa, que gestiona unos US$ 17 mil millones en activos, se hizo famosa gracias al activismo de accionista, pero Ackman dijo que prefiere pensar en su equipo como “dueños comprometidos” de empresas.
La empresa ha realizado una serie de apuestas macro a lo largo de los años. El mes pasado, Ackman remeció al mercado cuando tuiteó que la empresa había cubierto sus apuestas en corto contra los bonos del Tesoro estadounidense.
Ackman le dijo a Rubenstein que no está convencido de que la economía estadounidense se encamine hacia el llamado “aterrizaje suave”, un escenario en que el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal frena la inflación sin desencadenar una recesión.
“Creo que existe un riesgo real de un aterrizaje forzoso si la Reserva Federal no comienza a recortar las tasas muy pronto“, dijo Ackman, señalando que ha visto evidencia de un debilitamiento de la economía.