La reforma previsional que busca aprobar el Ejecutivo -y que ha encontrado fuerte resistencia en la oposición- tuvo un nuevo impulso luego de que en el Senado se alcanzara un acuerdo en la Comisión de Trabajo para destrabar la iniciativa. En lo grueso, se acordó un protocolo de tramitación -que fue refrendado en sala- con el cual se busca despachar el proyecto no más allá de enero del próximo año, para que la Cámara de Diputados lo conozca en tercer trámite.

Resulta ciertamente insólito que a pesar de que todos los sectores están de acuerdo en la necesidad de mejorar las actuales pensiones y asegurar mayores montos para las que se pagarán en el futuro, hasta aquí no ha sido posible arribar a un consenso. Probablemente la principal piedra de tope ha estado en cómo distribuir los seis puntos adicionales de cotización para aumentar el ahorro, pues mientras la oposición aspira a que el total de dicha cotización se destine a las cuentas individuales, el oficialismo nunca ha ocultado su deseo de que ello se destine a reparto, tal de introducir aspectos de “solidaridad” en el sistema. A ello se suma su declarado propósito de terminar con las AFP, para lo cual ha propuesto fórmulas que buscan separar la industria, pero que en su redacción actual siguen despertando el temor de que el Estado a la larga pueda capturar una parte importante de los fondos de pensiones.

No hay duda de que el oficialismo ha tenido la mayor cuota de responsabilidad en que hasta ahora un acuerdo haya naufragado -cabe tener presente que el tema previsional es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo-, pero la oposición también debe ser capaz de hacer su propia autocrítica, pues muchas veces se ha visto a representantes de este sector político atrincherados en sus posturas -en tal sentido sigue habiendo voces para las cuales los seis puntos para capitalización individual constituyen una “línea roja”-, sosteniendo visiones que dejan poco margen para el necesario juego político que requiere toda negociación en el Congreso.

En el caso de la reforma previsional, es claro que la única forma de poder avanzar será que todas las partes cedan algo. En esto -como ya se indicó- el oficialismo cometió el error de haberse empecinado en legislar con sus viejos eslóganes -”no más AFP”, “terminar con la lógica neoliberal”-, pero también es cierto que con el paso del tiempo se ha visto en la necesidad de ir cediendo en una serie de aspectos, ante el inexorable peso de la realidad. Así, ya no se pone en cuestión que debe seguir existiendo un sistema de capitalización individual; tampoco se cuestiona que en el sistema existan gestores privados, y la pretensión de que la mitad de los seis puntos vaya a un “seguro social” también ha ido cediendo. El ministro de Hacienda -que parece haber vuelto a recuperar el timón de esta reforma- ha propuesto otra fórmula: 3 puntos para cuenta individual, dos que serían una suerte de “préstamo” para mejorar las actuales pensiones -reembolsados al momento de la jubilación-, y un punto para mejorar el rezago previsional de las mujeres. Es decir, pasamos de un “6-0″ inicial a un “5-1″, lo que se acerca bastante al ideal de las fuerzas opositoras.

Aun cuando esta vez hay sectores de oposición que se han abierto a escuchar la propuesta del Ejecutivo, también hay voces que la critican abiertamente o que ven obstáculos “insalvables”. Con ello no solo se deja de valorar que el Ejecutivo está mostrando señales de flexibilizar su postura, sino que además la preocupación parece estar centrada en cómo evitar darle un triunfo al gobierno y en especial a la ministra del Trabajo -que al parecer aspira a competir por un cupo en el Congreso-, en vez de preocuparse de amarrar ahora un acuerdo que vaya en directo beneficio del país, justo cuando se dan condiciones inmejorables para ello, considerando la debilidad política del gobierno y su voluntad de ceder en algunos de sus planteamientos más ideológicos. A ello cabe agregar que el Ejecutivo está contra el tiempo, ya que su objetivo es tener aprobada esta ley antes de que concluya su mandato, lo que le resta margen de maniobra.

Equivocadamente sectores de la oposición han confundido la defensa de los principios con la intransigencia, una lógica que en el pasado le ha jugado malas experiencias, y de lo que debería ser muy consciente. Probablemente el ejemplo paradigmático sea lo relativo a una nueva Constitución. Como se recordará, la acotada reforma que la expresidenta Michelle Bachelet propuso en 2014 fue descartada de plano por la derecha, creyendo equivocadamente que por el solo hecho de que la oposición retornara al poder bastaba para desechar dicho debate. Cuando el tema volvió a resurgir con motivo de la convulsión social de 2019, ya era tarde, pues el maximalismo se había impuesto. Fue entonces cuando varios se lamentaron amargamente de no haber aprobado esa reforma y haber desaprovechado esa oportunidad. Seguir con el tema previsional abierto indefinidamente, y por razones de intransigencia, abre el riesgo de que ante un nuevo cambio en el péndulo político termine imponiéndose una visión maximalista en el sistema de pensiones, algo que debe ser evitado.

Ante el nuevo escenario que se ha abierto en el Senado, es fundamental que los sectores de oposición abandonen el predicamento de que mostrar voluntad de diálogo es claudicar a los principios, y en cambio se rescate la importancia de llegar a acuerdos, lo que no es incompatible con la defensa de principios. La forma de abordar aquellos temas donde hay fuertes divergencias no es el obstruccionismo -que solo profundiza la polarización-, sino tender puentes de diálogo con el fin de aprobar leyes que vayan en el mejor interés del país. Lograr un acuerdo en materia de pensiones y de esa forma mejorar la vida de cientos de miles de personas debe ser un objetivo en sí para la oposición, independientemente de que el gobierno busque adjudicárselo como un triunfo propio.