El ministro de Justicia, Luis Cordero, ratificó este jueves que el Gobierno repondrá la indicación que busca que los parientes de parlamentarios tengan inhabilidad para ser notarios o conservadores. Esto, luego que la norma del Ejecutivo fuera rechazada en la comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión de la reforma al sistema de notarios.
El tema volvió al debate esta semana justamente luego que la Cámara Alta acordara enviar el texto a la comisión de Gobierno Interior a solicitud del senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, a pesar de que el texto ya había sido analizado durante 18 meses.
Sin embargo, aún falta que la comisión de Constitución entregue su informe final, el cual está en etapa de armonización de los artículos en un documento que se anticipa tendrá más de mil páginas.
“La afirmación que se hizo en torno a que el Ejecutivo tenía una especie de libre disponibilidad de 95 cargos es completamente incorrecta en relación al texto aprobado”.
“Hay razones de eficiencia económica, de libre competencia y de calidad de servicio para avanzar en la reforma; pero sobre todo hay razones de desconcentración del poder”.
Uno de los fundamentos de Ossandón para enviar nuevamente a comisión el texto es que quiere reponer la norma rechazada en Constitución, la que buscaba inhabilitar a familiares de parlamentarios para que sean notarios, conservadores o archiveros.
La reposición en Sala
En este contexto, el ministro Cordero explicó que esta es una discusión en que el Ejecutivo presentó una indicación con amplias inhabilidades junto con proponer cambios en el régimen de nombramientos vía Alta Dirección Pública (ADP), dado que el principal objetivo de la administración Boric es retirar al Poder Judicial de todo el sistema de nombramiento por lo consideró efectos negativos. “Se buscó inhabilidad amplia no solo a senadores y diputados, sino que en general a los altos funcionarios de la administración pública y además se había hecho extensiva a los familiares, pero no prosperó”, señaló el secretario de Estado.
De todas formas, defendió que el Ejecutivo tiene argumentos para sostener la indicación en disputa, sin perjuicio de que entienden que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar el contenido de los proyectos.
“Es una indicación sobre la cual el Ejecutivo va a insistir en Sala. Pero también es cierto que producto del debate de estos días, percibimos que hay una disposición de los senadores de volver a revisar esta parte de la inhabilidad en la comisión de Constitución”, dijo Cordero.
“No se nombrarán suplentes”
Consultado por la otra discrepancia que surgió en torno a un eventual nombramiento de cerca de 90 notarios interinos en forma indiscriminada por el Ejecutivo -debido a que cesan en sus cargos los notarios mayores de 75 años-, el ministro precisó que los cargos vitalicios que deben terminar funciones son una regla que afecta a 94 funcionarios, de los cuales 44 son notarios y los demás conservadores archiveros.
“No es cierto que este Gobierno vaya a nombrar los suplentes, los interinos en ese tiempo”, afirmó.
Lo anterior, según explicó, porque este es un proyecto que tiene vacancia seis meses y la norma para el fin de los vitalicios es de un año.
“Entonces, dada la tramitación legislativa, eso es prácticamente imposible”, indicó.
Lo segundo, mencionó Cordero, es que en el nombramiento de notarios, interinos y suplentes en las normas que están aprobadas por la comisión de Constitución “no hay discrecionalidad del Ejecutivo debido a que cambiamos todo al sistema a Alta Dirección Pública”.
A juicio de Cordero, “la afirmación que se hizo en torno a que el Ejecutivo tenía una especie de libre disponibilidad de 95 cargos es completamente incorrecta en relación al texto aprobado”.
Desconcentrar el poder
Lo relevante para el ministro de Justicia es que la discusión de estos días volvió a poner foco en un proyecto que es esencialmente complejo de abordarse y que se intenta desde la primera administración de la Presidenta Bachelet.
“Hay razones de eficiencia económica, de libre competencia y de calidad de servicio para avanzar en la reforma, pero sobre todo hay razones de desconcentración del poder”, enfatizó, entendiendo que “dejar demasiado poder en determinados operadores del sistema institucional, cualquiera que sea, si no tiene una adecuada regulación, tiende a ser excesivo; y, en general, a la democracia y a la economía, siempre le hace bien desconcentrarlo”.
Cordero consideró que existen “muy buenas razones” para que finalmente se pueda avanzar en una reforma al sistema de notarios y conservadores, que recordó aborda tres aspectos: nombramientos, calidad de servicio y régimen de fiscalización.
En este contexto, admitió que “probablemente el proyecto que ha sido aprobado hasta ahora en la comisión en el Senado, no es el que el que fuera del agrado del Ejecutivo. Pero también el Gobierno entiende que en el contexto del debate parlamentario, hay márgenes que hacen posible determinadas modificaciones”.
Lo que no puede suceder, añadió, “es que esta sea una reforma que se retrase, porque los costos reputacionales para el sistema institucional, no solo para el Congreso, sino que para el sistema institucional en general, son extremadamente grandes”.
Régimen penal para colusión: el proyecto para armonizar las sanciones estará listo en septiembre
El ministro Cordero informó que está en etapa final la redacción del proyecto de ley asociado al régimen de la acción penal en materia de colusión, donde el Ejecutivo va a sumar la dimensión de armonización de multas en materia de delitos económicos.
La iniciativa se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía y será presentado en septiembre. Según adelantó, se buscará permitir “una persecución penal eficaz en el caso del delito de colusión”.
La propuesta considera tres aspectos. El primero es la secuencialidad, es decir, en qué momento interviene la investigación penal.
En la actualidad, explicó el secretario de Estado, la Ley lo que establece es que una vez que se acaba la discusión en libre competencia, solo después se puede iniciar la investigación penal. “El Ejecutivo está trabajando en una propuesta que permita que la secuencialidad sea en menor tiempo, es decir, que permita la investigación de la Fiscalía Nacional Económica con el conjunto de atribuciones que tiene, pero que no sea necesario esperar la sentencia definitiva del Tribunal de Libre Competencia para poder eventualmente ejercer la acción”, precisó.
El segundo tema tiene que ver con titularidad de la acción penal, que ahora depende de la FNE, y estima que podría tener un impacto en un tiempo muy lejano. “El Ejecutivo está analizando la posibilidad de que pueda ser el Ministerio Público, pero que sea preferentemente la FNE y solo frente a determinadas condiciones la puede hacer de oficio el Ministerio Público”, señaló.
Lo tercero, es coordinar las sanciones. En libre competencia, indicó el ministro, hay una multa “que es mucho más grande, pero hay otros aspectos que están vinculados a las condenas de esos casos”.
De ahí la necesidad, de que el sistema de libre competencia y el sistema penal dialoguen entre sí respecto de las medidas y las sanciones que aplica. Esto, opinó, evitaría el “paralelismo de que puedan obstruirse unas medidas con otras”.
Los acreedores de la Inmobiliaria La Poza S.A. -ligada al empresario Alfonso Fuenzalida- aprobaron la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de la compañía, dejando atrás su proceso de liquidación. Con esto, la firma tiene luz verde para la venta de su proyecto habitacional a medio construir en Pucón.
La obra (emplazada en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200) considera un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%).
A inicios de septiembre, Andrés Galecio y Nicolás Kuhlenthal, en representación de Kupange Spa, presentaron una oferta vinculante para la compra del inmueble y la totalidad de sus construcción por US$ 12 millones. La oferta está sujeta únicamente a la condición suspensiva de aprobarse la propuesta de acuerdo de reorganización de la inmobiliaria.
“La presente propuesta tiene por objeto el alzamiento y consecuente terminación del procedimiento concursal de liquidación que afecta a la proponente, de manera que pueda retomar el desarrollo de su giro en otros proyectos distintos del proyecto La Poza”, dijo Alfonso Fuenzalida en una presentación a la justicia el pasado 2 de septiembre.
“Se tiene por acordada la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de Inmobiliaria La Poza S.A. y por aprobada”, dijo la jueza María Eugenia Silva, titular del 13º Juzgado Civil de Santiago en una resolución dictada a fines de la semana pasada.
En agosto de 2020, la firma solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización, con pasivos por más de $ 17.590 millones, aprobándose a fines de ese año.
Pero, dos años después, el banco Security solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de UF 77.633. La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.
Como parte del proceso de quiebra, se efectuaron tres remates del activo de la inmobiliaria (el proyecto La Poza); se partió con un mínimo de US$ 20 millones, luego US$ 16 millones y en el último se fijó un piso de US$ 12 millones. En ninguno hubo postores.
Fue a principios de mayo de este año que se oficializó el negocio. Copec adquirió la cadena Streat Burger -fundada por Diego Desmadryl y Nicolás Lipthay- con expectativas de potenciar su crecimiento a lo largo del país. Y así lo ha estado haciendo desde esa fecha.
Empresas Copec, el holding de la familia Angelini del cual forma parte la red de estaciones de servicio, publicó una nueva edición de su revista corporativa en la cual dio detalles de sus avances con la hamburguesería.
En un artículo dedicado a esta adquisición, el gerente de retail de Copec, Nicolás Rostagno, señaló que “vemos la oportunidad de llevar a Streat a todo Chile, tanto a través de su presencia en nuestras estaciones, como a través de la expansión en zonas urbanas residenciales y de oficinas con tiendas stand alone (independientes de las bencineras). Además, podemos poner a disposición las capacidades tecnológicas de Copec, nuestro programa de fidelización, plataformas digitales y red logística para acelerar el crecimiento de la marca”.
En San Francisco de Mostazal, el local de Streat “se tradujo no solo en altos niveles de venta, sino que también en un incremento de público para la estación”, dijo un ejecutivo de Copec.
Un “plan de expansión potente”
Los acercamientos entre ambas compañías comenzaron cuando los fundadores de Streat Burger buscaban un socio para expandirse más allá de Santiago y escalar la empresa, lo que los llevó a acordar el desarrollo de un plan piloto con Copec en la estación de San Francisco de Mostazal.
Según lo publicado en la revista de la empresa, esta tienda “se tradujo no solo en altos niveles de venta, sino que también en un incremento de público para la estación, atrayendo más tráfico y logrando una buena experiencia entre los clientes, según los análisis internos de Copec”.
La compañía tenía como objetivo potenciar la marca Pronto e incorporar otras nuevas “que hayan probado generar tráfico por sí mismas” y así se selló la adquisición.
Según expuso Rostagno, entre los puntos que jugaron a favor de Streat Burger para conquistar a Copec, destacó que la cadena “logra atraer a un cliente distinto al de Pronto, el cual está dispuesto a quedarse más tiempo para disfrutar de una experiencia gastronómica distinta. Es, en general, un cliente joven, digital y muy leal a la marca”.
Asimismo, agregó que “hay elementos comunes entre Copec y Streat Burger: el foco en el cliente, ofrecer una infraestructura excepcional a lo largo de todo el territorio y poner a disposición siempre productos de alta calidad”.
De esta manera, el piloto que comenzó en San Francisco de Mostazal concluirá el año con cinco locales Streat Burger en estaciones de servicio de “alto flujo” de Copec, según anotó la empresa en su revista corporativa.
Asimismo, la filial del grupo Angelini agregó que continuarán con un “plan de expansión potente, tanto dentro como fuera de la red”.
Copec y Streat Burger
Lipthay, uno de los fundadores de la cadena, en el mismo artículo, se alineó con las ambiciones de la firma: “Hoy, después de haber cerrado la venta y estar liderando el proyecto desde Copec, me siento muy orgulloso de haber logrado este cierre y poder proyectar la marca, su cultura y visión a lo largo de Chile, y por qué no, fuera de nuestras fronteras”.
La compañía inició sus operaciones en 2016, con un primer local ubicado en Isidora Goyenechea, en el barrio El Golf, en Las Condes. Posteriormente, se fueron ampliando y, para 2019, la marca ya había sumado locales en el Parque Arauco y en La Dehesa.
Streat Burger es parte de una serie de adquisiciones que ha estado realizando Copec en el último tiempo. Entre ellas, destacan Gogoro, una red de baterías intercambiables para motos eléctricas; Chiper, un sistema para organizar con eficiencia el suministro para almaceneros de barrio; la española Ampere, especializada en sistemas de almacenamiento inteligente de energía; y Blue Express, compañía de servicios logísticos y courier por la cual el grupo Angelini pagó unos US$ 250 millones en 2022.
La filial Copec, con esto, busca trabajar tres nuevas verticales de negocios fuera del tradicional: nueva conveniencia, energías y movilidad. “En particular, dentro de la nueva conveniencia, nos hemos puesto el desafío de ser los líderes en alimentación al paso en Chile, incorporando experiencias que sorprendan a nuestros clientes tanto dentro como fuera de nuestras estaciones de servicio”, dijo Rostagno en la revista de la empresa.
Este domingo se percutaron múltiples disparos cerca del club de golf de Donald Trump en West Palm Beach, Florida. Según dos fuentes informadas sobre el incidente, el candidato republicano se encuentra a salvo.
El Servicio Secreto informó que estaba investigando el incidente, ocurrido poco antes de las 14.00 hora local.
Los hechos son un eco de lo ocurrido el 13 de julio en Pensilvania, cuando ocurrió un intento de asesinato al exPresidente. Esto mismo ha planteado dudas sobre la protección de los candidatos a pocos meses de lo que parece que serán unas elecciones muy reñidas el 5 de noviembre en las que se enfrentará a la vicepresidenta _
ñ.-{ ´¿+}Las versiones de los hechos_
La Casa Blanca señaló en un comunicado que el Presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris habían sido informados sobre el incidente y se mostraron “aliviados al saber que está a salvo”.
Por su parte, el hijo de Trump, Donald Trump Jr, citó a las fuerzas de seguridad locales diciendo que se había descubierto un arma automática AK-47 en unos arbustos y que se ha detenido a un sospechoso, según una publicación en X. Sin embargo, Reuters no pudo confirmar inmediatamente su versión.
Por otro lado, el Washington Post dijo que Trump estaba jugando al golf en el campo cuando se produjo el incidente. Agentes del Servicio Secreto lo llevaron a una sala de espera en el club, dijo, citando a dos personas informadas de lo sucedido.
El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El servicio de policía de Palm Beach dijo que celebraría una sesión informativa sobre el incidente a las 16.30 horas.