El ministro de Justicia, Luis Cordero, encabezó este martes la cuenta pública 2024 de la cartera, en donde abordó los principales logros, desafíos y ejes centrales de trabajo, entre otros puntos.
Durante su intervención, el secretario de Estado se refirió a los cuestionamientos sobre la justicia militar, surgidos especialmente luego de la muerte del conscripto Franco Vargas (19) en Putre, Región de Arica y Parinacota. En la misma instrucción militar, otros 40 soldados presentaron un grave cuadro respiratorio y uno de ellos sufrió la amputación de una de sus manos.
Ante el debate que generó esa situación, el ministro reconoció que hay una “contienda de competencia” trabada entre ambos tribunales, en donde el Ministerio Público “tiene una posición en términos de por qué la justicia ordinaria tiene que actuar sobre este tipo de aspectos”.
“Sobre este tipo de aspectos ya existe un debate previo, entre otras cosas, por las características que tiene la justicia militar. Ha emitido un informe el fiscal subrogante de la Corte Suprema, que se basa esencialmente en la literalidad de la regla del Código de Justicia Militar, y nosotros esperamos que la Corte resuelva razonablemente la contienda de competencia”, expresó.
Respecto a la posición del Ejecutivo tras las críticas hacia la justicia militar, la autoridad mencionó que “para eso tengo que sacar de un cajón el conjunto de evaluaciones que hay sobre la justicia militar y que es relativamente transversal”.
“Si uno saca la pasión de por medio, es evidente que el diseño de la justicia militar tiene un problema estructural que es necesario abordar”, aseguró.
Cordero argumentó que la justicia militar “está construida sobre la base del sistema antiguo, y esto no solo es perjudicial para las víctimas, sino sobre todo también para las personas que son investigadas”.
Asimismo, el ministro subrayó que “desde hace por lo menos un par de décadas, nosotros tenemos acuerdo de que el marco regulatorio de la justicia militar es parcial y adolece de garantías”.
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