En medio del anuncio del llamado a licitación de la concesión de la nueva cárcel de Talca, el ministro de Justicia, Luis Cordero. se refirió a las declaraciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien a partir de la crisis que está viviendo Ecuador propuso la construcción de una cárcel de alta seguridad en una isla o zona desértica.
“Hay que tener cuidado con creer que simplemente con la construcción de una cárcel solucionamos el problema”, señaló el ministro.
En su solicitud, Carter advertía que lo que se encuentra atravesando Ecuador podría ser “un viaje al futuro de lo que nos espera a los chilenos”, esto, agregó, si es que no se hacen “cambios inmediatos para frenar ahora el avance desatado de la delincuencia y el narcotráfico”. Bajo la misma línea, el jefe comunal indicó que los recintos penitenciarios albergarían a “los delincuentes más peligrosos pertenecientes al crimen organizado, las mafias internacionales y el narcotráfico que hoy operan en Chile”.
Frente a esto, Cordero indicó que “lo que hemos aprendido en el Congreso, no solo de la experiencia de Ecuador, sino que también de la experiencia en Centroamérica, es que teniendo megacárceles sin segregación, estas permiten un reclutamiento más fácil por parte de las bandas criminales”.
El secretario de Estado afirmó que “uno puede recibir ideas, lo que debemos lograr es que sean viables y en eso es lo que hemos estado trabajando conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas”. Agregó que “lo que sí está claro es que necesitamos mayor disponibilidad penitenciaria, pero también necesitamos una racionalidad en el uso de la cárcel”.
Cordero y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunciaron el llamado a licitación de la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Talca, lo que significará una inversión cercana a los US$56 millones.
“Todos queremos cárceles, pero nadie las quiere cerca, por lo tanto, la disponibilidad de espacio, recintos o suelo para eso es cada vez más limitado”, afirmó Cordero.
Cabe mencionar que en los últimos 18 meses, la población penal aumentó un 20%, pasando de 41 mil a 53 mil personas recluidas, según reportes de Gendarmería.
El recinto, de cerca 63 mil m2, tendrá una capacidad máxima de 2.320 personas privadas de libertad. Además, contará con 14 módulos de reclusión, segmentados según el grado de peligrosidad de su población, escuela con foco en la reinserción social de las personas privadas de libertad, una unidad de salud penal y una central de producción de alimentos para las personas privadas de libertad y funcionarios de Gendarmería de Chile.
“La habilitación significa equipar este recinto en forma completa, hacer todas las instalaciones relativas a las comunicaciones, incluida la inhibición de comunicaciones, mejorar aspectos de su seguridad física y fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable, ampliar su planta y también su planta de tratamiento de aguas servidas” señaló López.
Las autoridades señalaron que se estima un inicio de la operación en forma parcial para este año, con un número estimado de 400 internos, para ponerse en marcha definitiva el 2025 en su total capacidad.
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