Este miércoles, el Senado aprobó los nombres propuestos por el Ejecutivo para cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema. De esta manera, las juezas Jessica González Troncoso y Mireya López ocuparán los lugares de los jubilados en el máximo tribunal y Jorge Pizarro asumirá como fiscal judicial del tribunal.
Tras las votaciones en la Cámara Alta -donde la postulación de Pizarro fue avalada con 44 votos, la de González con 42 y la de López con 41-, el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró el acuerdo alcanzado con los legisladores opositores en torno a estos nombres, en momentos en que Hay una crisis de probidad en el máximo tribunal, debido a las acusaciones constitucionales que enfrentan los jueces Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
“La importancia del acuerdo es significativa en dos dimensiones, primero, no sólo por el momento que vive la Corte Suprema, porque la señal que es imprescindible dar -como propuso el Ejecutivo a este Senado- sobre el normal funcionamiento de la función judicial, pero también porque es la oportunidad de abordar algunos aspectos centrales del sistema de nombramiento (de magistrados).“, sin menoscabo de aquellos que son bienes permanentes, como el escrutinio al que hoy están sujetas las propuestas del Ejecutivo”, afirmó el titular de Justicia.
Tras resaltar las condiciones y méritos de los magistrados designados hoy en la Corte Suprema, el ministro Cordero recordó que “Durante el período de su postulación ha habido esta crisis que ha afectado al Poder Judicial y es evidente que no sólo este Congreso, este Senado, sino también la prensa ha escudriñado a cada uno de ellos. La ratificación de los tres por amplia mayoría es alentadora, considerando el desafío que tiene para adelante la Corte Suprema, en el momento que existe, y que de paso el Ejecutivo y este Senado van a contribuir (…) con la Propuesta de regulación del régimen de nombramiento, no sólo creyendo que la nominación al Tribunal Supremo es un problema, sino fundamentalmente que tenemos un sistema diseñado donde se valora la antigüedad y el conocimiento personal más que el mérito y la capacidad de la evaluación progresiva de la carrera de cada uno de los jueces. .”
Asimismo, descartó especulaciones sobre un posible acuerdo con la oposición, luego de un ataque de la bancada de la UDI para amarrar este proceso de designación en el Poder Judicial con la designación de Dorothy Pérez como Contralora General de la República, quien hoy ocupa el cargo como suplente. desde que Jorge Bermúdez dejó la institución administrativa a fines del año pasado.
“Lo dijimos hace bastante tiempo. Hace unos meses hubo una reunión pública entre el ministro de la Segpres, el subsecretario y yo con la mesa del Senado, agendando las nominaciones que iban a seguir”, comenzó diciendo el ministro Cordero.
Y destacó que “la decisión del Ejecutivo fue (hacer los nombramientos) en orden cronológico y siempre respetando un principio que es fundamental (…) y es que cada institución tiene que ser evaluada por su mérito. El acuerdo fue primero adelantar los nombramientos que estaban en agenda para la Corte Suprema, que son los tres que ustedes han visto, y luego la normalización del resto de las instituciones”, resaltó.
En este sentido, recordó que “hay un conjunto de postulaciones en las que participa el Senado y vamos a seguir insistiendo en que cada postulación sea evaluada por su mérito, que es incorrecto compensar a unas instituciones por otras, entre otras cosas porque distorsiona el sistema.” institucional”.
“Hay cosas que son demasiado importantes en la Contraloría como para creer en una simplificación tan básica como esa”, resaltó.
Finalmente, al ser consultado si este era el momento de suplir las vacantes que existían en la Corte Suprema, el ministro Luis Cordero destacó que “la obligación de los poderes del Estado es poder garantizar, en este momento de crisis, la regularidad de la Corte”. y continuidad en su funcionamiento.” del servicio judicial”.
“En la medida que se produzcan vacantes y no resuelvamos adecuadamente las que estaban pendientes, el protagonismo en las decisiones jurisdiccionales pasa a ser responsabilidad de los abogados socios, que es una institución que genera conflictos de intereses estructurales, que el Ejecutivo, que es ampliamente compartida con los senadores, es una decisión que quieren eliminar (…) Y entonces surgió la paradoja de que si no avanzábamos en estos nombramientos estábamos dando una señal incorrecta al funcionamiento de la Corte y del servicio de justicia y dejando, a su vez, “las decisiones relevantes para una integración que suele ser criticada porque a la larga es voluble y poco predecible en sus precedentes”, concluyó la autoridad.
