Señor Director:
A raíz de los casos de corrupción que se han dado a conocer en los últimos meses, afectando la fe pública e institucionalidad país y que colocan en duda la confianza en instituciones como el SII, CMF, Municipalidades, MINVU, Gore, sumado a la publicación de la nueva normativa que modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las empresas, surge la consulta de por qué los organismos estatales, y con mayor urgencia los que manejan fondos públicos, no deben estar sujetos a la misma normativa que las entidades privadas.
Como es sabido, la nueva ley amplía el catálogo de ilícitos a los que pueden ser responsables las empresas, en más de 200 conductas típicas. También eleva las penas y obliga con mayor agudeza a determinados intervinientes a supervisar, ejerciendo controles oportunos y eficientes, para que se cumplan las normas. Lo anterior, con el objetivo de generar responsabilidad social, motivando un cambio cultural hacia la sustentabilidad, transparencia y la unión que debe regir entre ética y negocios.
Si la vara de exigencia en el mundo privado – con o sin fines de lucro- se elevó, disparando sus riesgos y consecuencias, eso obliga a concluir que los organismos públicos que están a cargo del control, dirección y supervisión de todos los chilenos, y cuyo nivel de exigibilidad de la probidad es aún mayor -ya que representan el Estado-, también deberían contar con conductas penalmente reguladas, sobre todo cuando a la luz de los hechos han demostrado que son incapaces de autorregularse.
Susana Borzutzky
Abogada penalista, socia del estudio Barruel y Borzutzky
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