La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la denuncia presentada por el alcalde Jorge Sharp, en representación del Municipio de Valparaíso, por el delito de estafa contra las empresas organizadoras del fallido espectáculo pirotécnico.
De acuerdo a lo decidido por el Corte de Apelaciones de Valparaíso, la determinación revocó la resolución emitida el 9 de enero cuando el Tribunal de Garantía de la ciudad, que declaró improcedente la acción judicial del municipioaceptando así el recurso interpuesto en sede judicial.
En la denuncia interpuesta por fraude de la casa constructora que consta es contra “todos los que son responsables”, se hace mención a la serie de compromisos contractuales firmado por la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Piromax FX SPA y Pirotecnia SPA, con el cual se acordó el pago de $358.643.919 -más impuestos- por el evento que resultó fallido y debió ser cancelado por instrucción de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN ) para las condiciones de almacenamiento de los fuegos artificiales.
Según la municipalidad de Valparaíso en su denuncia, “los elementos pirotécnicos que el proveedor pretendía utilizar para la celebración del Año Nuevo en el mar en la comuna de Valparaíso, de manera dolosa y a sabiendas y sin denuncia oportuna, excedieron el plazo de 2 años otorgado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ministerio de la Defensa (Mindef) para su uso”.
Agrega que “sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, la DGMN finalmente determinó no autorizar el uso de elementos pirotécnicos sujetos a recertificación por parte de la empresa, fracasando como consecuencia del fraude cometido por la empresa el espectáculo pirotécnico más importante de Chile, realizado durante décadas en la comuna de Valparaíso”.
Asimismo, asegura que las empresas encargadas “Él sabe y supo, con mucha antelación” que los juegos pirotécnicos no cumplieron con la normativa de la DGMN “ocultando dicha información al municipio”.
Por lo mismo, desde Valparaíso afirman que la cancelación del show “Ha supuesto una serie de consecuencias económicas perjudiciales, tanto para el municipio como para los distintos gremios vinculados al turismo en la comuna, los cuales se vieron económicamente afectados y consternados con la notificación de no realización del espectáculo.
Entre las solicitudes de presentación judicial, se busca que la Policía de Investigaciones (PDI) investigue las causas y posibles responsabilidades, “de urgencia, existiendo claros indicios de que los posibles perpetradores pueden fugarse del país”. Además de tomar declaración testimonial a todos aquellos que presenciaron o participaron en los hechos del caso y que la DGMN remita todos los antecedentes relacionados con el caso.
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