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Corte Interamericana de Derechos Humanos declara “en desacato permanente” a Nicaragua

Martina E. Galindez

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró el martes en “desacato permanente” al Estado de Nicaragua por incumplimiento de sentencias judiciales sobre 46 opositores encarcelados por motivos políticos en el país.

La medida de la Corte IDH se encuentra contenida en una resolución de medidas provisionales dictada en San José, Costa Rica, donde tiene su sede.

La organización interamericana reprocha “el incumplimiento efectivo” por parte de Nicaragua de lo ordenadosegún se detalla en su pronunciamiento, en las resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.

Esta conducta contradice “el principio internacional de cumplimiento de buena fe de sus obligaciones convencionales y un incumplimiento del deber de informar a la Corte”, que sitúa “en una situación de absoluta desprotección” y aumenta la “situación de riesgo” de los detenidosañadió.

La oposición nicaragüense y organizaciones humanitarias han estimado en 219 el número de “presos políticos” en Nicaragua. De ellos, 46 presos de conciencia son defendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó el 9 de noviembre a la Corte Interamericana que declare al país en “desacato” en una sesión judicial en la que el gobierno de Daniel Ortega volvió a estar ausente.

La mayoría de esos 46 presos han estado recluidos en la cárcel policial conocida como El Chipote en Managua durante más de un año.

En su pronunciamiento del martes, la Corte Interamericana también instruyó al presidente de la corte a informar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), además, sobre la “absoluta desprotección en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales”.

Instó al Consejo Permanente de la OEA a “dar seguimiento al incumplimiento de las medidas provisionales por parte de Nicaragua”, según la resolución que ya ha sido notificada al Estado de Nicaragua, la CIDH, los representantes de los beneficiarios y las autoridades de la OEA. .

A la sesión del 9 de noviembre asistieron algunos familiares de opositores encarcelados, como el excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mendoza, el sociólogo Irving Larios y la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto, quienes expresaron “preocupación” por su salud y por “su deterioro físico y psíquico”.

Según Wendy Flores, abogada del Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 38 de los 50 presos en El Chipote tienen enfermedades agravadas por el encarcelamiento. La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo” y “conspiración” en juicios “arbitrarios” donde los mismos policías fueron utilizados como “testigos”, añadió.

Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con una serie de protestas sociales en abril de 2018. La revuelta fue sofocada por policías y paramilitares sandinistas con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y al menos 100.000 exiliados. en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.

Pensilvania

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