Crisis migratoria y medidas en el norte

AAnte la grave crisis migratoria en el norte del país, por la que siguen ingresando cada mes miles de personas por pasos no autorizados, el gobierno ha tomado la medida extraordinaria de permitir el despliegue de personal militar para coadyuvar en el control migratorio. Con ello se espera canalizar el flujo de migrantes hacia pasos debidamente habilitados, donde se pueda registrar y controlar su ingreso a Chile.

En nuestra edición de ayer se decía que la mayoría del panel de 30 expertos de la UC apoya que las Fuerzas Armadas colaboren en el control migratorio fronterizo. Aun así, esta opinión mayoritaria del 55% está lejos de ser abrumadora, lo que ilustra la (esperada) falta de un amplio consenso en este complejo asunto, donde se mezclan sensibilidades político-históricas con enfoques técnicos de política pública.

La participación de militares en el control de fronteras no es una solución a la inmigración descontrolada, pero es una medida necesaria.

La realidad del norte no admite dos lecturas: si un gobierno de izquierda estuvo dispuesto a aprobar un decreto que despliega militares para tareas de tipo policial es porque la inmigración descontrolada se ha convertido en un grave problema de política pública y de seguridad. La responsabilidad de esto es directamente atribuible a administraciones anteriores, que permitieron (¿refrendaron?) una situación de anomia y falta de recursos que resultó en el ingreso irregular de cientos de miles de inmigrantes, comprensiblemente impulsados ​​por severas crisis humanitarias en sus respectivos países, principalmente Venezuela, lo que ha generado una crisis en el norte y en otras partes del país.

Si bien la gran mayoría son personas y familias que buscan genuinamente rehacer su vida honestamente en nuestro país, es imperativo controlar ciertos grupos criminales que permean las fronteras.

La participación de los militares en el control fronterizo no es en modo alguno una solución a lo anterior, sino más bien un “parche” necesario. Tanto los chilenos como los inmigrantes requieren que las autoridades pongan en juego un arsenal de políticas que hagan de la migración un proceso ordenado, con un fuerte foco -lamentablemente- en la seguridad.