“Soy consciente de que he causado PSI Net Chile SpAy a ustedes como accionistas, mayoría, graves perjuicios por una administración no profesional, en mi calidad de gerente general y director ejecutivo de la empresa, que ha resultado en un crecimiento descontrolado de pasivos y gastos y costos de operación, efectos financieros que no les informé oportuna y completa, tanto en las juntas directivas como en las asambleas de accionistas.
Así la carta enviada el 14 de noviembre de 2024 por Rodrigo González Riedemanngerente general y director ejecutivo (CEO) de PSI Net Chile SpAuna empresa con más de 25 años de experiencia, a sus socios Andrés Fazio Mollina y José Cox Donoso.
El texto forma parte de dos acciones prejudiciales ante los Juzgados 25 y 30 Civil de Santiago que González inició a través de la empresa Modena SpA, con la que fue socio de Cox y Fazio en PSI Net Chile SpA. Esta empresa opera como una sociedad holding y controla la Compañía de Teléfonos Rurales (CTR), Empresa de telecomunicaciones que brinda servicios principalmente en el sur de Chile.
En 2017, CTR se adjudicó el proyecto Fibra Óptica del Sur (FOA), una red de conectividad que une diferentes localidades del extremo sur del país a través de un cable de 2.980 kilómetros de longitud, de los cuales 2.880 kilómetros son submarinos y 100 kilómetros terrestres.
El caso es que González acusa haber sido obligado a dimitir bajo amenazas y busca mediante un ataque judicial anular un aumento de capital que diluyó su participación en la empresa.
Sin embargo, la versión de Fazio y Cox difiere completamente. Según el relato de allegados a los empresarios, González fue durante muchos años un destacado ejecutivo de confianza de ambos, pero finalmente habría defraudado a la empresa mediante el uso de bonos y la adquisición de activos con fondos de la empresa.
Hoy la trama no sólo se ventila en los tribunales civiles, sino también en el ámbito penal.
Actualmente, González enfrenta tres denuncias penales derivadas de este caso. La primera fue presentada por PSI Net ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, por los presuntos delitos de lavado de activos, administración desleal y estafa, acción patrocinada por el abogado Juan Ignacio Piña.
Posteriormente, los antecedentes Fondo de Inversión Renta de Divisas CLP presentó denuncia ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de celebración de contrato simulado, con patrocinio del abogado Nicolás Miranda.
Finalmente, Naxos SpA Consultoría -aconsejado por el abogado Gabriel Silber– interpuso denuncia ante el 2º Juzgado de Garantía de Santiago, también contra González, por los presuntos delitos de administración desleal y lavado de activos.
Fazio y Cox cuentan con asesoramiento legal de Marcelo GiovanazziSocio de Alcaíno Abogados. Rodrigo González está representado por Ricardo Reveco y Daniela Lozano, del estudio Carey.
Accionistas
Al 31 de diciembre de 2024, PSI Net contaba con cinco accionistas: Asesorías e Inversiones Ilihue SA, con el 32,06% de las acciones; Inversiones y Negocio Punto COM SA, con el 14,98%; Gasperín SA, con el 30%; Inmobiliaria Los Samanes II SpA, con el 18,36%, y Módena SpA, con el 4,6%.
En los mismos documentos se lee que Ilihue es controlada por José Cox; Punto COM de Andrés Fazio; Módena, de Rodrigo González; y Los Samanes, hasta abril de 2025, de Iván Rodríguez Rodríguez, exsocio y exgerente financiero de la matriz, quien habría transferido sus acciones a pedido de Cox y Fazio en medio del conflicto.
En sus presentaciones, González denuncia haber sido excluido de la empresa, luego de que Cox y Fazio impulsaran un aumento de capital por $16.400 millones, diluyendo su participación.
El exsocio de la matriz CTR solicita la presentación de una serie de documentos para interponer una acción de “nulidad absoluta y disolución de la sociedad PSI Net por causas graves”.
Historia
González, en las dos cuestiones prejudiciales iniciadas, afirma haber sido obligado a dimitir bajo amenazas.
“Bajo presión y sin asistencia legal (de un abogado), le exigieron que firmara una carta de renuncia voluntaria de la junta directiva de PSI Net y de todas las empresas relacionadas, junto con una declaración de reconocimiento de su presunta responsabilidad, bajo amenaza de iniciar acciones penales y civiles en su contra si se negaba”, afirmó su defensa en ambas acciones. Uno dirigido contra Fazio y el otro contra Cox.
“Incluso fue presionado para que renunciara a su trabajo y con ello cualquier tipo de compensación que por los años de trabajo le correspondía, que ascendía a más de $400.000.000. Finalmente, también bajo presión, se le impidió contactar a Iván González”, consignan los documentos.
González sostiene que el 14 de noviembre de 2024 fue citado a una reunión privada por Cox y Fazio. En dicha reunión, Cox le habría dicho que “se había roto la confianza y que las empresas Ilihue y Punto COM habían decidido, unilateralmente, realizar cambios en la administración de PSI Net, acusándola, sin prueba alguna, de supuestas irregularidades”.
Al día siguiente de la reunión, González quedó sin acceso a su correo electrónico y a la información interna de la empresa, dejándolo incomunicado de las operaciones de PSI Net.
“Luego, el 19 de diciembre de 2024, el señor Cox convocó al señor Rodrigo González a una reunión en su domicilio el día 23 de diciembre, junto con Fazio. En esa instancia, ambos le exigieron de manera intimidatoria que asumiera personalmente las supuestas pérdidas de la empresa, proponiéndole que lo hiciera con sus acciones o bienes personales, e insinuando una posible presión legal y mediática si no accedía”, establecen las medidas prejudiciales.