Sr. Director:
El reciente arresto de siete oficiales no comisionados del ejército chileno por su supuesta participación en una banda dedicada al tráfico de drogas nuevamente enciende una alarma mayor: la vulnerabilidad de nuestras instituciones contra el crimen organizado. Este no es solo un escándalo más, sino una clara señal de que la barrera entre la institucionalidad y el crimen se está erosionando peligrosamente.
En 2024, fui convocado como consultor de un país latinoamericano golpeado por una profunda crisis penitenciaria. Entre 2021 y 2022, más de 400 reclusos fueron asesinados dentro de las cárceles, muchas decapitadas, desmembradas o incineradas. La brutalidad fue expuesta sin vergüenza: los perpetradores fueron registrados con teléfonos celulares mientras ejecutaban los crímenes, difundiendo las imágenes como advertencia. No era violencia común; Era pura barbarie.
Durante esa experiencia, conocí a quién era un juez de antimaphia italiano, que dirigió un programa de modernización del sistema penitenciario. Desde su profundo conocimiento sobre el fenómeno de la mafia en Italia durante la década de 1990, compartió una reflexión que aún resuena en mi memoria: “Cuando los miembros activos de las fuerzas armadas están involucrados con las redes criminales, un país se acerca peligrosamente a un punto sin retorno”. Esa, dijo, es la señal más alarmante de que el crimen organizado ha dejado de operar desde los márgenes y ha comenzado a infiltrarse en el corazón del estado.
Chile no está lejos de ese escenario. La crisis de seguridad que enfrentamos no solo responde al aumento de los delitos violentos o el crecimiento del tráfico de drogas. También es una consecuencia de la ceguera, voluntaria o negligente, de aquellos que toman decisiones sin comprender realmente cómo se articula el crimen organizado en los territorios.
La infiltración del tráfico de drogas en las instituciones armadas es una línea roja que, si no se defiende firmemente, arrastrará cualquier intento futuro de orden y gobernanza.
Las propuestas como la reducción drástica de las pensiones para los miembros de las fuerzas armadas, de orden, seguridad y gendarmería que incurren en delitos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado, no deben verse como una exageración, sino como una señal ética contundente. Las pensiones no son un regalo: son la compensación justa de aquellos que han jurado proteger a la sociedad incluso a expensas de su vida. Por lo tanto, quien colude con este crimen es un traidor, indigno de esa compensación. Su destino debe ser claro: privación de la libertad sin mitigación criminal.
Álbato cristiano
Ex Director de Gendarmerie
