¿Cuánto mueve mercado de las armas legales en Chile?

Ennio Mangiola cuenta que hasta 2004 se vendían alrededor de 10.000 a 12.000 armas por año en el país. El presidente de la Asociación de Armerías de Chile y propietario de la armería Mangiola explica que la Ley de 2005 reguló fuertemente y rigidizó el acceso. Ese año, las ventas cayeron a 8.000 unidades. En 2008, con la entrada en vigor del reglamento de dicha ley, aumentó a 4.500. Luego, el mercado se estabilizó entre 6.500 y 7.200. “Después del estallido social hubo un fuerte aumento. En noviembre y diciembre de 2019 se vendieron más de 2.000 armas”, recuerda. Sin pandemia y sin cuarentenas, Mangiola estima que en 2020 se habrían vendido cerca de 10.000 unidades.

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, es la encargada de supervisar y regular la venta de armas en el país. Según sus datos, en 2021 se registraron 8.173 armas. Entre enero y abril de este año se habían registrado 2.766. Y habían ingresado 5.253, de los cuales el 66% correspondía a pistolas y el 25% a escopetas.

En el sector estiman que este año se podrían comercializar unas 11.000 armas.

El mercado es millonario. Sólo las armerías mueven alrededor de US$ 30 millones aproximadamente, dicen en la Asociación. Una industria que hoy está en alerta.

En la última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas. “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro programa ‘Menos Armas, Más Seguridad’ propone la limitación radical de su acceso legal”, señaló. Días antes, 21 personas habían muerto en una escuela estadounidense a manos de un joven de 18 años que portaba una pistola y un rifle AR-15.

En el sector ven complejo el proyecto anunciado: “Solo prohibir es la aberración más grande del mundo. Más vale controlar, como se hace ahora, donde se registra todo, que prohibirlo”, dice el director de los Clubes de Tiro José Miguel Carrera y La Reina, Alejandro Rocafort. En la industria estiman que el proyecto solo podría impulsar el mercado negro.

A nivel mundial, el proyecto Encuesta sobre armas pequeñas, del Instituto Superior de Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza, estimó en 2018 que había 2,2 millones de armas -legales e ilegales- en manos de civiles en Chile, 12,1 unidades por cada 100 habitantes. Más de la mitad de ellos no están registrados. De hecho, hay 765.817 armas registradas en Chile: el 35% son escopetas; 32% revólveres; 24% pistolas, y un porcentaje menor, rifles.

Hay tres sistemas de tiro: tiro a tiro, como los rifles; la semiautomática, como las pistolas, que aunque va cargada con varias balas, hay que apretar el gatillo cada vez; y las automáticas, como las ametralladoras, en las que aprietas el gatillo y las balas siguen saliendo. En Chile, los civiles solo pueden usar armas cortas de un solo tiro y semiautomáticas. Solo hay una pequeña ventana que permite a los atletas acceder a un rifle semiautomático o una escopeta semiautomática de ciertos calibres, porque hay competencia de esos tipos.

Si es para defensa, cada persona -tras un largo proceso de acreditación de antecedentes, domicilio, examen psiquiátrico, entre otros- puede registrar dos armas y comprar 100 balas al año. Si es por deporte -vía asociación con un club de tiro federado- pueden ser seis más y 3.000 municiones. Para revenderlas hay que pasar por el mismo proceso de acreditación de antecedentes y reunirse con la autoridad de control para transferir esa arma, no en una notaría como con cualquier otro tipo de propiedad.

Las armas más demandadas van desde los $600.000 hasta los $1,2 millones. La caja de munición 9mm -la más común para la defensa- cuesta entre $30.000 a $35.000, cuentan en las armerías. Hace un año el valor era de $20.000: el dólar y la situación logística impactaron en los precios.

Hoy en día hay alrededor de 100 armerías en el país. La Asociación de Armeros agrupa a 25 de ellos, pero los más grandes: representan el 70% de los ingresos y las importaciones de armas. Se alimentan tanto directamente como a través de importadores. Los principales países proveedores son Italia, Austria, República Checa, Estados Unidos y Alemania.

Ennio Mangiola asegura que el proceso de admisión es engorroso: solicitar las armas al proveedor en, por ejemplo, Estados Unidos, esperar su proforma, presentarla en la Dirección General de Movilización Nacional, esperar la resolución de importación, devolverla al proveedor, recibir la factura proforma con las especificaciones de la marca, modelo, calibre, número de serie de cada arma. Y de ahí la guía aérea. Por seguridad, las armas se manejan por el aire. Permanecen, por ejemplo, en Pudahuel hasta que reciben el permiso de internamiento de la DGMN. Resumiendo, luego hay que enviar ese permiso al agente de aduanas, quien los revisa uno por uno. De ahí al banco de pruebas, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, en Pedro Montt, que certifica que están permitidos en Chile. El banco emite un certificado y solo entonces pueden salir a la venta.

Cada armería tiene cupos autorizados. Normalmente, hay 70 armas largas -escopetas o rifles- y 60 armas cortas. Ennio Mangiola tiene dos armerías contiguas -que funcionan como una sola-, pero en todo caso hay dos cuotas: “En mi taller estoy autorizado a tener 170 escopetas y 140 pistolas o revólveres”, dice.

Si alguna armería quiere tener un cupo mayor, debe solicitar almacenamiento en las armerías del Ejército en Colina. Allí el Ejército tiene un almacén en el que asigna una determinada cantidad de metros cuadrados para almacenar. Por ejemplo, diez metros cuadrados dan espacio para tener 200 armas largas y 300 armas cortas, y almacenar cierta cantidad de municiones.

En vitrina puedes exhibir 30 armas. El resto debe estar en el almacén dentro de la misma armería.

La munición llega por mar. En el sector dicen que al ser carga peligrosa, el flete aéreo es muy caro. De hecho, si un flete normal paga entre 2.000 y 3.000 euros, una carga peligrosa puede llegar a los 15.000 euros. “Ahora, pospandemia, los fletes han subido a una cantidad estratosférica”, dicen en el sector. Hoy, por ejemplo, una caja de cartuchos que cuesta $9.000, $2.500 de ese valor es flete, 28%; antes representaba el 17%.

Además, por falta de insumos, las fábricas han subido sus precios entre un 20% y un 25%. De hecho, fuentes contactadas explican que tras el asalto al Capitolio de EE. UU. en 2021, la gente en Norteamérica se armó hasta tal punto que las armerías quedaron vacías. Una caja de balas de 9 milímetros, que en Estados Unidos se vendía entre US$10 y US$15, saltó a entre US$60 y US$70, rebote que también llegó a esta parte del mundo.

En un contenedor de 20 pies, el límite es de 20.000 kilos: 20 palets, cada uno con entre 70.000 y 90.000 balas de 9 milímetros. Todo esto suma al final 1.800.000 balas, pero ninguna armería tiene ese cupo: la DGMN autoriza un máximo de 25.000 balas por tienda y conforme se van vendiendo se pueden reponer.

En la Ley de Control de Armas de 2015 se incluyó como obligación realizar un curso de tiro para poder portar un arma. El problema es que la normativa para ello nunca vio la luz y, por tanto, nunca se aplicó ni se aplicó. En enero de este año se publicaron las últimas modificaciones a la legislación. En él, se reiteró que “para acreditar conocimientos sobre conservación, mantenimiento y manejo de armas de fuego, el interesado deberá aprobar un curso de especialización”. En la industria esperan que la regulación avance.

La DGMV fue contactada en reiteradas ocasiones a través del Ministerio de Defensa, y fue imposible obtener declaración alguna al respecto.

Más allá de esto, el director del club de tiro José Miguel Carrera y La Reina, Alejandro Rocafort, sostiene que la gente demanda cada vez más cursos. “Más del 90% de la gente que va al club no va por una cuestión deportiva, sino por un sentimiento de inseguridad”, apunta el ejecutivo. El curso tiene un valor de $ 168,750. Y prácticamente la mitad de los que lo hacen acaban siendo socios.

Hoy existen campos de tiro que son cerrados y pueden estar en cualquier parte de la ciudad, y grandes centros abiertos que, por sus características, exterior Deben estar lejos de los centros urbanos. Con más de 20 años, el club José Miguel Carrera, ubicado en Santa Rosa, es uno de los polígonos más importantes, con 820 socios activos.

El Club de Tiro La Reina, por su parte, es el centro adentro más grande de Latinoamérica: 1.800 metros cuadrados cubiertos, y 1.600 socios activos: pueden pagar una cuota de $430.000 anuales, o $585.000 semestrales. Anualmente se agregan o renuevan alrededor de 70 a 80 socios. Y si hace unos años una de cada 20 personas que hacían el curso era mujer, hoy es mitad y mitad.

Estar adscrito a una de estas instancias permite acreditar el carácter deportista de la persona y registrar 8 armas en lugar de dos si no se está suscrito; y 3.000 municiones, en lugar de 100.

Los centros tienen las armas. Por ley, los civiles no pueden portar armas. El reglamento establece que los clubes podrán inscribir hasta dos armas por cada socio y no podrán exceder de un total de veinte. Aunque en la industria prefieren no revelar la cantidad de unidades que posee cada uno por razones de seguridad, el 3 de agosto de 2021, el exsubsecretario de Gobernación Juan Francisco Galli, reveló en la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, que a partir de a esa fecha había 14 clubes con más de dos armas registradas, donde algunos llegaron incluso a las 35 armas.

En total serían más de 200 clubes operativos. La gran mayoría de ellos -aseguran fuentes del sector- con menos de 15 personas. Los clubes están obligados a informar a la autoridad supervisora ​​sobre la entrada y salida de todos y cada uno de los miembros. Y a todas las personas que toman el curso.

El crecimiento de la demanda ha sido tal que el Club de La Reina, que se inauguró en 2018, pasó de tener dos monitores a doce. Además, los mismos socios tenían previsto abrir uno nuevo en Chicureo. Aunque estaba todo adelantado para desarrollarlo, optaron por dejar la iniciativa en stand by ante las incertidumbres tras la Constitución, reforzadas por el último anuncio de Boric.

El gobierno aseguró que el 80% de las armas incautadas a delincuentes fueron registradas. En la Asociación de Armerías desmintieron rápidamente ese hecho: solo el 30% llegó a registrarse, entre los que, señalan en la organización, están los que se entregan voluntariamente.

“Anualmente se están entregando de forma voluntaria entre 2.000 y 2.500 armas a las comisarías”, aseguran. Agregan que si se revisan las estadísticas, en Chile se pierden o roban 2.500 armas cada año, de una base de datos de 765.770 armas. Un minúsculo porcentaje. En la industria estiman que el 8% de todas las armas registradas han sido reportadas como extraviadas o robadas.