De la intención a la acción

SEÑOR. PRINCIPAL:

Un proceso constitucional suele ser un punto de inflexión para los países. En la redacción de cualquier Constitución, las intenciones de una nación se plasman en una carta -una Carta Magna- que definirá el destino de un pueblo.

Sin embargo, tanto o más importante que escribir un propósito es definir el mecanismo para lograrlo. No en vano, los países que más derechos incluyeron en sus constituciones -Venezuela, Angola y Etiopía, por citar a los más entusiastas- no son capaces de cumplirlos ni de cerca y se han convertido en regímenes con pocas libertades para sus ciudadanos.

En estas semanas en las que las promesas de la nueva Constitución han aparecido en el capítulo de Derechos Fundamentales, ¿debemos celebrar su inclusión en la nueva Constitución? Probablemente no, si son solo promesas con pocas posibilidades de cumplimiento.

Las múltiples necesidades de las sociedades exigen que sus gobernantes tengan que tomar decisiones para priorizar la agenda social. Quienes han ensayado fórmulas maximalistas han acabado con un Estado en quiebra que se ha convertido en botín de los grupos políticos organizados. Para evitarlo, es importante diseñar una hoja de ruta que se centre en las necesidades más urgentes y buscar financiación sostenible para las siguientes.

Para ello, es fundamental el desarrollo de un sector privado próspero que genere empleos, contribuya con sus impuestos y entregue bienes y servicios de calidad de manera eficiente. La inversión y la creación de más y mejores empleos sólo suceden cuando existe una invitación clara, atractiva y estable de un país. Las miles de empresas familiares que existen en Chile -muchas de ellas pymes-, son un fiel reflejo de que cuando se dan las condiciones, las ideas, el empuje y la constancia se mezclan en una espiral virtuosa que llamamos emprendimiento.

Todas estas reformas -Constitucional, reforma previsional, sanitaria y fiscal- tienen que hacerse bien, pensando en lo que es mejor para el país a largo plazo. Una vez cerrados estos procesos, debemos pasar página y reposicionar a Chile como un país atractivo para invertir.

No hay duda de que necesitamos corregir la desigualdad y crear condiciones de mayor bienestar para los ciudadanos. Pero si sacrificamos el progreso económico, la inversión y el emprendimiento, la larga lista de promesas escritas en la nueva Constitución quedarán selladas como un cruel paradigma de que, en lugar de acercarnos, terminaremos mirando muy lejos.

Andrés del Río

director

Asociación Empresa Familiar

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