Como parte de las definiciones estratégicas de la Defensoría Penal Pública en los últimos años, según señala la institución, se han realizado esfuerzos para poner énfasis en la atención adecuada a las personas privadas de libertad en todo el territorio nacional.
Esto, señala la organización, no sólo en términos de la defensa especializada que se requiere en algunos casos, sino también en relación con las condiciones en las que cumplen la prisión preventiva o las penas, dado que se observó que en diferentes centros penitenciarios se encontraban Reclusos que estaban sufriendo violaciones por parte de sus custodios.
Por ello, durante el primer semestre de 2022 avanzaron en la implementación, junto a otras entidades, del “Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Carcelaria Institucional –SIRCAIVI”que ya cuenta con cerca de 500 denuncias de reclusos por malos tratos por parte de funcionarios penitenciarios.
¿Cómo podría saberlo? el tercerodesde que entró en funcionamiento la mencionada fórmula y hasta la fecha, Se registran 481 casos, de los cuales 423 corresponden a denuncias interpuestas por hombres y 58 a mujeres. Todos ellos, según informó la Fiscalía, reportan haber sido víctimas de violencia institucional por parte de agentes del Estado mientras estuvieron recluidos en diferentes centros penitenciarios.
Según el detalle, de las 423 denuncias formalizadas por hombres, 289 corresponden a sujetos condenados y 134 a imputados. Y en el caso de las denuncias de mujeres, 44 son de condenadas y 14 de imputadas.
En cuanto a los tipos de violencia revelados, el Defensor del Pueblo añade: La mayoría de ellos corresponden a agresiones físicas o psicológicas, seguidas de hechos que corresponden a abusos de autoridad y falta de atención médica..
Respecto al trabajo que se ha realizado en esta materia, el ahora ex defensor nacional Carlos Mora Jano afirmó que “este sistema pretende poner en práctica un mandato fundamental que tienen las Defensorías Públicas que es fortalecer el acceso a la justicia de los privados. de libertad. Asimismo, busca dotar a la organización de un protocolo de actuación ante posibles casos de violencia penitenciaria institucional y, de esta forma, solicitar y adoptar medidas urgentes y reforzadas de protección integral”.
Consultado sobre la situación evidenciada gracias a SIRCAIVI, Luis Vialencargado del área penitenciaria del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, afirmó que “es una oportunidad para generar información sobre la violencia ejercida de manera ilegítima e ilegal por parte de funcionarios públicos”.
Lo anterior, porque actualmente no hay certeza respecto de la magnitud real de la violencia en las cárceles. La cifra disponible en el sistema permitiría acercarnos a eso, aunque no todos los presos víctimas de estos hechos denuncian, por temor a represalias. “Existe un fuerte temor por las consecuencias que esto pueda conllevar, y muchas veces se presentan situaciones en las que hay un uso abusivo del poder, que no se ejerce con la responsabilidad necesaria, lo cual es inaceptable según la ley”, afirmó.
En ese sentido, Vial postula que “el primer desafío es darle suficiente visibilidad al problema. La segunda es que la gente se atreve a denunciar; para esto, Es fundamental garantizar la protección a las víctimas. Esto requiere la participación de diversas disciplinas y un apoyo psicológico sostenido, ya que las víctimas muchas veces quedan con traumas y consecuencias, y pierden la confianza en el Estado y la justicia”.
En el mismo sentido, afirmó que “es fundamental que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público avancen y puedan generar sentencias. Reducir la impunidad en las cárceles es crucial. Además, es necesario avanzar en la profesionalización de la función penitenciaria y dotar a los funcionarios de recursos suficientes para el pleno desempeño de su labor.”
También asegura que esto “tiene relación tanto con la preparación del personal como con los procedimientos implementados. Debe comenzar desde el momento en que los gendarmes ingresan en sus escuelas de formación y continuar durante toda su carrera profesional. El Estado debe prestar más atención a este tema, lo que requiere mayor compromiso e inversión pública”.
