Durante este jueves se está desarrollando la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de otros siete imputados por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa.
El Ministerio Público acusa también a María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta; Eduardo Carmelo Sendra Arratia; director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta; Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo de Achifarp; José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo Achifarp; Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, Patricio Esteban Zavala Espinoza y María Constanza Matus Pérez.
Por más de dos horas, la fiscal especializada en delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, Giovanna Herrera, expuso los cargos que afectan al jefe comunal, específicamente el de fraude al Fisco. En ese sentido, dijo que los dineros aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir Interferón en época de coronavirus fueron para pagar deudas de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Lo mismo con la aprobación de platas para comprar glucómetros. Jadue fue Presidente del Directorio de Achifarp desde el 10 de marzo del 2017 al 30 de junio del 2022.
“La precariedad de la gestión era evidente. Esta asociación nunca funcionó como tenía que funcionar, siempre fue un fracaso, más allá de los delitos que nosotros hemos detectado. Nunca entregó los medicamentos, nunca se convirtió en droguería, compraba más caro de lo que compraba el mercado, compraba sin transparencia a sus amigos, a sus parientes. O sea, efectivamente detectamos que aquí hubo un desorden y había problemas comerciales, económicos, financieros, etc. Pero eso fue desde siempre, del 2016 al 2022. Las operaciones de administración desleal son específicas, son abusivas y son delictuales”, dijo la fiscal.
Para la parte final de sus alegatos, la fiscal Herrera dijo que Jadue intentó ocultar las falencias en la gestión de Achifarp debido a que se encontraba en la campaña presidencial de 2021. Además, la persecutora rechazó que haya una “persecución política” en su acusación, como ha asegurado el alcalde. “Eso no tiene asidero ni cómo se inició en esta investigación, ni tampoco los hechos imputados. Aquí nosotros no estamos imputando ni fraude electoral, ni financiamiento ilegal a la política, ni ningún tipo relacionado con temas de funcionamiento de un partido político o de la forma en que él funcionaba. Pero sí es verdad que uno de los móviles para el fraude de Recoleta, dice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera para evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso con los delitos que ya había cometido. Por lo tanto, eso sin duda es un antecedente”.
En esa línea, dijo: “Jadue, con sus secretarios ejecutivos, usaron y desnaturalizaron Achifarp para sus propios fines personales. Para sus propios programas, para sus propias ideas, para su propio interés, para comprar los medicamentos que ellos querían aparecer ante la ciudadanía para poder solucionar problemas. La Achifarp hacía plaza ciudadana, llegaban a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones. Todo eso es una imagen electoral. Todo eso son estrategias comunicacionales, todo eso es un provecho propio”.
“El imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio, beneficiándose directamente y personalmente para inhibir el pago de acciones penales. Eso es un aprovechamiento directo de dineros públicos. Totalmente inexcusable y grave la actuación de los imputados en que hayan dilapidado recursos e insumos de primera necesidad”, agregó la fiscal. “El patrimonio de la Municipalidad Recoleta fue vulnerado por su propio alcalde”, agregó sobre ese punto.
En ese sentido, dijo que el municipio gastó mil millones de pesos en mascarilla en junio del 2020, en plena pandemia, y “quedaron en una bodega, botados”. “Es indignante. Para todos, como ciudadanos, es indignante”. Asimismo, dijo que se gastaron 60 millones para comprar glucómetros que no fueron utilizados y dichos dineros fueron para “pagar sus deudas”.
La fiscal pidió prisión preventiva para el jefe comunal de Recoleta.
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