La idea de la integración latinoamericana volvió a ser mencionada en la cumbre de la Celac realizada en Buenos Aires la semana pasada. Parece que el “sueño de Bolívar” es de lo que hablan los líderes de nuestra región cuando no tienen nada más que decir. Pero lo cierto es que hasta el Libertador terminó sus días desilusionado con su ideal de unidad.

Tras la victoria en Ayacucho (1824) había llamado a América “la esperanza del universo”, pero el Congreso de Panamá (1826) que convocó para sellar la integración fue un rotundo fracaso. Ya en 1829 el héroe desencantado admitía que “hemos probado todos los principios y todos los sistemas y ninguno ha llegado a buen puerto”. Lo que prevaleció fue el desorden y la ruina, no la unidad.

El mismo Bolívar dijo de sí mismo que era “un genio de la tormenta”. Lo suyo era la guerra y la revolución, no la construcción institucional. “Muchos generales saben ganar las batallas, pero no qué hacer con sus victorias”, lamentaría, en una declaración muy autocrítica, unos meses antes de exiliarse en 1830.

Lo que sucedió con el sueño unitario de este héroe imperfecto es una sinopsis de lo que vendría después. Nuestra región es un lugar donde prevalecen la violencia, la desigualdad, las personalidades y la fragilidad institucional. No es raro que en un entorno así la integración no vaya más allá de los discursos y resulte ser una quimera. América Latina vive, como escribió el patriota Luis Briceño Méndez a Bolívar en una carta, “en la era de los errores. Para remediar uno cometemos cincuenta”.

La última nota retórica en la historia de la fallida integración regional la protagonizaron hace unos días Lula da Silva y Alberto Fernández, cuando anunciaron con más entusiasmo que realismo la creación de una moneda común, el “Sur”. Rápidamente, desde Caracas saltó el dictador Nicolás Maduro para proclamar que se sumaba a la propuesta.

Como siempre, el voluntarismo no tardó en chocar con la realidad. Es imposible que un país con un Banco Central autónomo y una inflación relativamente controlada quiera unir su política monetaria con Argentina, cuyo desorden fiscal parece irreparable. Pronto salió Brasilia a aclarar que la idea es crear una “moneda financiera”, no una que circule. De ahí vino el “sur”. ¿Volveremos a saber de él?

Las palabras más sensatas pronunciadas en la Celac vinieron de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, esa pequeña isla de la excepcionalidad. Alzando valientemente la voz, Lacalle Pou reveló a sus compañeros el elefante en medio de la mesa de reuniones, llamando a la Celac “un club de amigos ideológicos” y afirmando que “para que este tipo de foros subsista hay que generar esperanza. Y las esperanzas se generan en el camino recorrido, en la práctica en la acción.” En otras palabras, las acciones, y no las palabras, definen la integración.

El problema evidente es que para que haya una verdadera unidad se necesitan varios requisitos: comunidad de intereses, tiempo, creación de un régimen con reglas comunes percibidas como legítimas y respetadas por todos, sistemas políticos compatibles y, finalmente, líderes comprometidos y coherentes. Todos bienes escasos en estas latitudes.

Con dolor, Bolívar llegó a reconocerlo. Por eso terminó sus días sumido en la amargura, arrepintiéndose incluso de haber hecho la guerra a la metrópolis colonial. Su diagnóstico es lapidario: “No hay buena fe en América ni entre las naciones. Los tratados son papeles; las constituciones, libros; las elecciones, los combates; libertad, anarquía; y la vida, un tormento”.

Esta semana dedicamos los editoriales de lunes y martes a la crisis de inseguridad que, lamentablemente, se ha apoderado de la agenda nacional, y que encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas. La naturaleza y gravedad del problema no tienen precedentes, pues el tipo de delitos, la frecuencia con que ocurren y el grado de violencia que involucran son nuevos en nuestro país.

Este tercer editorial sobre delincuencia busca reforzar el mensaje de los dos primeros, porque ante las declaraciones del Subsecretario de Gobernación sobre el violento asalto a un centro comercial de la capital el pasado domingo, el Gobierno parece no escuchar: garantizar la seguridad es la primera responsabilidad del Estado, y el Estado está fallando.

En lugar de anuncios que comuniquen a la ciudadanía la firme voluntad del Gobierno de redoblar esfuerzos para enfrentar a los delincuentes, la autoridad ha preferido enfatizar la responsabilidad de los centros comerciales de implementar medidas y protocolos para estar mejor protegidos ante acciones delictivas.

Esa responsabilidad existe, por supuesto, y es necesario discutir qué pueden hacer los actores privados -empresas y negocios- para dar mayor protección a sus trabajadores y clientes. Pero frente a bandas bien organizadas y fuertemente armadas como las que han actuado en numerosos incidentes en los últimos tiempos, sólo el Estado puede desplegar la respuesta contundente necesaria, ya sea para disuadir o confrontar estas acciones.

Es precisamente por eso que existe el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, porque dado el grado de violencia que puede desencadenar el crimen organizado -y de eso estamos hablando aquí- los actores privados siempre estarán indefensos. Hasta ahora los ciudadanos no parecen reclamar el derecho a armarse para su propia defensa y eso es tranquilizador, ya que se iniciaría un proceso casi irreversible de deterioro de nuestra convivencia. Todo indica que espera ser protegido por las instituciones a las que la ley asigna esa tarea, y esa es una expectativa que la autoridad no puede cuestionar con declaraciones imprudentes.