El Tribunal Superior de Justicia de Ontario aprobó una demanda colectiva contra el gobierno de Canadá por presuntamente violar los derechos de un grupo de migrantes, al detenerlos junto a sospechosos criminales mientras esperaban el procesamiento de su estatus.
La iniciativa legal, que solicita una indemnización de 100 millones de dólares (más de 93 mil millones de pesos) a repartir entre los demandantes, representa a más de 8.300 personas que fueron aprehendidas en 87 cárceles provinciales y territoriales por parte de la Agencia de Servicios Fronterizos de la nación norteamericana entre 2016 y 2023.
Las presuntas víctimas relataron que la detención de migrantes es de naturaleza administrativa y no punitiva, señalando que el organismo gubernamental lleva a cabo estas medidas desde hace “mucho tiempo”, por lo que “esta práctica viola los derechos de los detenidos” y es contraria a las obligaciones de Canadá en materia de Derechos Humanos.
En ese contexto, el tribunal rechazó cada una de las objeciones planteadas por los abogados del gobierno federal, quienes intentaban impedir que la demanda siguiera adelante. Por ahora, no se ha indicado si apelarán la decisión de la Corte, según informó la cadena de radiotelevisión canadiense CBC.
“Los inmigrantes detenidos fueron encarcelados en prisiones provinciales y enfrentaron las mismas condiciones que los reclusos criminales, incluyendo la convivencia con delincuentes violentos, el uso de restricciones como grilletes y esposas, registros corporales y severas restricciones de contacto y movimiento”, precisó el juez Benjamin Glustein.
Uno de los demandantes es Tyron Richard, quien fue recluido 18 meses en tres prisiones de máxima seguridad diferentes de Ontario, desde enero de 2015 a julio de 2016, siendo detenido por riesgo de fuga.
La víctima asegura haber sido sometido a decenas de registros corporales, no permitiéndosele ninguna privacidad por parte de su compañero de celda o guardias, y acusando dificultades para comunicarse con sus seres queridos.
Cabe precisar que la agencia fronteriza puede detener -en virtud de acuerdos con los gobiernos provinciales- a ciudadanos extranjeros, incluidos solicitantes de asilo, si su identidad no se ha establecido lo suficientemente bien, como también si se los considera un peligro para el público o un eventual riesgo de fuga. En ese sentido, más del 80 por ciento de los aprehendidos fueron arrestados por esta causal.
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