En las elecciones presidenciales de México de 1988, el conteo oficial se detuvo después de que los primeros resultados mostraran que el candidato de la oposición estaba ganando, supuestamente debido a un mal funcionamiento de la computadora. Cuando se reanudó el conteo, el hombre del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el ganador. Una reforma integral de la autoridad electoral de México en la década de 1990 envió esas artimañas a los libros de historia. Unas elecciones justas permitieron a la oposición obtener una victoria histórica en 2000, poniendo fin a 71 años de gobierno de un solo partido.
Ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quiere hacer retroceder el reloj. La semana pasada, el izquierdista usó tácticas de mano dura para obtener la aprobación de una ley en el Congreso que recortará el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) independiente y debilitará sus poderes de supervisión. Este fue su segundo intento de neutralizar el instituto, después de que una legislación aún más draconiana fracasara el año pasado.
“López Obrador parece decidido a resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI. ¿Qué hacer con su asalto a la democracia? Es hora de que los aliados y amigos de México hablen”.
El razonamiento de AMLO para paralizar una de las instituciones más populares y respetadas de México es endeble. Afirma que el presupuesto de 765 millones de dólares del organismo es excesivo. Sin embargo, las responsabilidades del INE incluyen la administración de un sistema seguro de cédula de identidad nacional para casi 95 millones de personas. López Obrador también alega que el INE es parcial y corrupto. Pero el INE certificó la victoria electoral del presidente en 2018 y desde entonces ha avalado numerosos triunfos de su alianza Morena.
La oposición sospecha que tiene motivos ocultos. México realizará elecciones presidenciales y legislativas el próximo año en las que AMLO quiere consolidar su dominio político. La reelección presidencial es un tabú centenario en México, por lo que López Obrador elegirá un sucesor para postularse bajo los colores del partido gobernante. Quiere a toda costa mantener una mayoría en el Congreso y, si es posible, llegar al umbral de dos tercios que permite el cambio constitucional. Un instituto electoral complaciente hará que su tarea sea mucho más fácil.
Tales tácticas son familiares en la política mexicana. Durante la mayor parte del siglo XX, fueron dominio exclusivo del PRI, famoso por ser descrito por el novelista peruano Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”.
Ahora AMLO parece decidido a resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI. El presidente mexicano es preocupantemente intolerante con la oposición política y la cobertura crítica de los medios. Ambos, en su opinión, son obra de élites corruptas. Las instituciones independientes como el banco central o la Corte Suprema solo son apropiadas y respetables si cumplen sus órdenes.
¿Qué hacer con el asalto de López Obrador a la democracia mexicana? La oposición está organizando una protesta masiva y planea impugnar la nueva ley electoral en la Corte Suprema, también asediada por el presidente.
Es hora de que los aliados y amigos de México hablen. La Unión Europea (UE) debe encontrar su voz. Pero aún más importante es la voz de EE.UU., el vecino y mayor socio comercial de México. La administración Biden ha sido encomiablemente fuerte al denunciar el creciente autoritarismo en América Central, pero curiosamente guarda silencio sobre el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto debe cambiar.
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“La tasa de desempleo sigue en un nivel más alto del que nos gustaría”. Así partió el análisis que hizo el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el nivel de desocupación de 8,9% observado en el trimestre móvil agosto-octubre que informó previamente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que representa un alza de 0,9 punto porcentual frente a igual lapso de 2022.
De todas formas, dijo que se trata de una cifra que se ha mantenido en el tiempo aun cuando la economía está en una situación de cierto estancamiento.
Ante esto, sí resaltó dos aspectos: que se crearon 29.500 empleos en el trimestre, “lo que -sostuvo- es muy positivo, porque significa que nuestra economía está siendo capaz de crear empleo”; y, lo segundo, es que hubo un aumento de 4,6% de la cantidad de mujeres ocupadas respecto a la misma época del año anterior.
De todas formas, dijo que saben que el “mercado laboral todavía requiere más fuerza, requiere mayor creación de empleo”. Así, pese a que se ha creado empleo el último año, no han sido suficientes para poder responder a todo el aumento en la fuerza laboral.
“Y esa es nuestra principal tarea, aumentar sobre todo los empleos formales y, por eso, creemos que es tan importante la aprobación que tuvimos ayer del Presupuesto de la Nación que, entre otras cosas, va a permitir hacer un esfuerzo muy importante en términos de inversión, de inversión pública”, destacó.
Ese impulso, estimó, va a poder crear al menos 100 mil ocupaciones el próximo año.
“Así que estamos yendo en la dirección correcta en términos de ir fortaleciendo nuestra economía para que recupere aún con más fuerza la capacidad de generar empleo”, señaló el ministro Grau.
Dos nuevas empresas se sumaron a la larga lista de compañías del rubro de la construcción que han solicitado su liquidación voluntaria. Se trata de la sociedad Construcción y Montajes Industriales e Inmobiliaria Lo Cañas, las que -al igual que la mayoría de las sociedades que recurrieron a la justicia para pedir su quiebra- apuntaron a los efectos de la crisis social y el alza de costos.
La firma Construcción y Montajes Industriales (ex ENV Obras Civiles y Montajes, representada por Felipe León) comenzó a operar en el año 2011, y tuvo como clientes a SQM, Copec y Colbún. La empresa sostuvo: “En el año 2019 se produjo el estallido social, cerrando toda posibilidad de lograr obtener los fondos, por lo que en la actualidad la empresa no cuenta con empleados y pocos activos, ya que todas las herramientas y equipos eran arrendados a terceros”.
En su presentación a la justicia, la compañía explicó que su trabajo estuvo enfocado principalmente a empresas del área de la industria del petróleo y minería no metálica.
Detalló que, entre los años 2011 y 2014, su principal cliente fue SQM Salar, en donde ejecutó varios contratos en el área del montaje industrial. A fines de 2015, se adjudicó un contrato con la empresa Inmobiliaria Las terrazas de Peñaflor, consistente en la construcción de 64 casas con una venta de $ 3.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en un atraso importante en la construcción, generando pérdidas importantes por mala gestión, lo que trajo como consecuencia atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, finiquitos, cayendo en cesación de pagos y en Dicom”, dijo la sociedad, la cual explicó que hizo abandono del proyecto en febrero de 2017 por falta de caja y malos resultados.
En el mismo 2015, la firma dijo que se adjudicó un contrato con la empresa Copec para la construcción de una estación de servicio en Pozo Almonte, Región de Iquique, contrato a suma alzada por $ 2.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en una mala administración, bajo control de los recursos, atraso en la entrega del proyecto, generando gastos adicionales; en definitiva, una mala gestión provocando pérdidas importantes; este contrato fue afectado por los problemas del anterior, cayendo también en cesación de pagos y Dicom”, sostuvo la empresa.
Un año después, se adjudicó un contrato con Colbún, consistente en la remodelación, mejoras, pavimentación interior y accesos a las Centrales de Paso de Los Andes, incluyendo obras civiles, estructuras metálicas, arquitectura, instalaciones en general, obras de paisajismo y vías de acceso, contrato a suma alzada por $ 1.500 millones.
“Si bien este contrato se estaba ejecutando sin problemas, fue afectado por la gestión de los dos contratos anteriores, comenzando a tener atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, y siendo afectado por los informes de Dicom”, dijo la empresa, la cual añadió que, a pesar de estar en una posición de no poder operar desde el año 2017, intentó -sin éxito- obtener fondos externos para poder regularizar la situación de la empresa.
Precios al alza
En el caso de Inmobiliaria Lo Cañas, representada por Mauricio Núñez, decidió iniciar su proceso de liquidación voluntaria tras ocho años desde su formación.
“Los hechos ocurridos a propósito del estallido social afectaron la cadena de abastecimiento de materiales y prestación de servicios alterando los precios al alza, lo que generó un progresivo estado de insolvencia al incrementarse los gastos de construcción”, dijo en su presentación a la justicia.
Junto al aumento de sobrecostos, la compañía también apuntó a la escasez de materiales y de mano de obra y a la restricción de financiamiento.
“Se generaron sobrecostos desmesurados en materiales; la escasez de estos y la escasez de mano de obra dieron un golpe económico durísimo, generando altos costos para poder mantener las obras andando y afectando los plazos de construcción excesivamente, en especial los plazos estipulados en las promesas de compraventa por los proyectos en ejecución”, dijo la empresa.
Y añadió: “Sumado a lo anterior y al aumentar el riesgo en el mercado de la construcción, los bancos, las compañías de seguros y los proveedores restringen líneas de financiamiento a la compañía”.
En los últimos dos años, más de 500 empresas ligadas al rubro de la construcción han quebrado o han solicitado su reorganización judicial, en un escenario que se califica como la peor crisis de la industria en cuatro décadas.
El multimillonario inversionista Bill Ackman está apostando a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés antes de lo que predicen los mercados.
El fundador de Pershing Square Capital Management dijo que la medida podría ocurrir en el primer trimestre. Los operadores están descontando plenamente un recorte de tipos en junio, y la posibilidad de que se produzca un recorte en mayo se estima en alrededor del 80%, según datos del mercado de swaps.
La Reserva Federal comenzó a subir agresivamente las tasas en marzo de 2022, lo que llevó al ritmo más rápido de aumentos de tasas en 40 años. El banco central aún no ha recortado las tasas a pesar de que la inflación estadounidense se ha desacelerado ampliamente este año.
“Lo que está sucediendo es que la tasa de interés real, que es la que impacta la economía, sigue aumentando a medida que la inflación disminuye“, dijo Ackman en un próximo episodio de The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations.
Ackman dijo que si la Reserva Federal mantiene las tasas en el rango de aproximadamente 5,5% cuando la inflación tiende a ser inferior a 3%, “esa es una tasa de interés real muy alta“.
Inversionista activista
Ackman fundó Pershing Square en 2004. La empresa, que gestiona unos US$ 17 mil millones en activos, se hizo famosa gracias al activismo de accionista, pero Ackman dijo que prefiere pensar en su equipo como “dueños comprometidos” de empresas.
La empresa ha realizado una serie de apuestas macro a lo largo de los años. El mes pasado, Ackman remeció al mercado cuando tuiteó que la empresa había cubierto sus apuestas en corto contra los bonos del Tesoro estadounidense.
Ackman le dijo a Rubenstein que no está convencido de que la economía estadounidense se encamine hacia el llamado “aterrizaje suave”, un escenario en que el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal frena la inflación sin desencadenar una recesión.
“Creo que existe un riesgo real de un aterrizaje forzoso si la Reserva Federal no comienza a recortar las tasas muy pronto“, dijo Ackman, señalando que ha visto evidencia de un debilitamiento de la economía.