En las elecciones presidenciales de México de 1988, el conteo oficial se detuvo después de que los primeros resultados mostraran que el candidato de la oposición estaba ganando, supuestamente debido a un mal funcionamiento de la computadora. Cuando se reanudó el conteo, el hombre del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el ganador. Una reforma integral de la autoridad electoral de México en la década de 1990 envió esas artimañas a los libros de historia. Unas elecciones justas permitieron a la oposición obtener una victoria histórica en 2000, poniendo fin a 71 años de gobierno de un solo partido.

Ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quiere hacer retroceder el reloj. La semana pasada, el izquierdista usó tácticas de mano dura para obtener la aprobación de una ley en el Congreso que recortará el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) independiente y debilitará sus poderes de supervisión. Este fue su segundo intento de neutralizar el instituto, después de que una legislación aún más draconiana fracasara el año pasado.

“López Obrador parece decidido a resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI. ¿Qué hacer con su asalto a la democracia? Es hora de que los aliados y amigos de México hablen”.

El razonamiento de AMLO para paralizar una de las instituciones más populares y respetadas de México es endeble. Afirma que el presupuesto de 765 millones de dólares del organismo es excesivo. Sin embargo, las responsabilidades del INE incluyen la administración de un sistema seguro de cédula de identidad nacional para casi 95 millones de personas. López Obrador también alega que el INE es parcial y corrupto. Pero el INE certificó la victoria electoral del presidente en 2018 y desde entonces ha avalado numerosos triunfos de su alianza Morena.

La oposición sospecha que tiene motivos ocultos. México realizará elecciones presidenciales y legislativas el próximo año en las que AMLO quiere consolidar su dominio político. La reelección presidencial es un tabú centenario en México, por lo que López Obrador elegirá un sucesor para postularse bajo los colores del partido gobernante. Quiere a toda costa mantener una mayoría en el Congreso y, si es posible, llegar al umbral de dos tercios que permite el cambio constitucional. Un instituto electoral complaciente hará que su tarea sea mucho más fácil.

Tales tácticas son familiares en la política mexicana. Durante la mayor parte del siglo XX, fueron dominio exclusivo del PRI, famoso por ser descrito por el novelista peruano Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”.

Ahora AMLO parece decidido a resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI. El presidente mexicano es preocupantemente intolerante con la oposición política y la cobertura crítica de los medios. Ambos, en su opinión, son obra de élites corruptas. Las instituciones independientes como el banco central o la Corte Suprema solo son apropiadas y respetables si cumplen sus órdenes.

¿Qué hacer con el asalto de López Obrador a la democracia mexicana? La oposición está organizando una protesta masiva y planea impugnar la nueva ley electoral en la Corte Suprema, también asediada por el presidente.

Es hora de que los aliados y amigos de México hablen. La Unión Europea (UE) debe encontrar su voz. Pero aún más importante es la voz de EE.UU., el vecino y mayor socio comercial de México. La administración Biden ha sido encomiablemente fuerte al denunciar el creciente autoritarismo en América Central, pero curiosamente guarda silencio sobre el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto debe cambiar.