Ignacio Mujica Torres y Joaquín Schäfer Rodríguez
En un modelo de industria orientado a la exportación como el chileno, es clave mantenerse atentos a los cambios regulatorios que experimentan los principales socios comerciales. Asimismo, en un mundo que apuesta por la transición energética como herramienta de lucha en contra del cambio climático, es razonable esperar que el desarrollo sostenible sea el motor de dicha transformación.
En esta línea, algunos países europeos, en particular Francia y Alemania, han promulgado leyes con el objeto de exigir a sus empresas que implementen procesos con enfoque en los derechos humanos en sus operaciones. Estas reformas son ambiciosas: apuntan a que sus exigencias se apliquen indirectamente a sus socios comerciales y a toda la cadena de suministro de las compañías sujetas a ellas. Esto representa un cambio significativo para las empresas chilenas involucradas en estas cadenas, las cuales deberán enfrentar exigencias más rigurosas y demostrar un compromiso real con la mitigación de los impactos de sus operaciones en esta área.
El desafío que estos cambios regulatorios genera no es menor. Las empresas sujetas a estos deberes de debida diligencia y reporte harán extensible dichas obligaciones a sus socios y proveedores a través de toda su cadena de suministro. Es aquí donde se genera un riesgo importante: si no nos adaptamos a estas exigencias a nivel local, podríamos vernos marginados de los mercados europeos, cada vez más conscientes y exigentes en cuanto a responsabilidad corporativa y derechos humanos.
El escenario que enfrentan hoy las empresas locales que participan en mercados europeos invita a adoptar un enfoque preventivo en la gestión de riesgos y en la identificación de brechas en sus operaciones en materia de Derechos Humanos. Desde ya, quienes deseen mantener los vínculos comerciales con empresas sujetas a estas regulaciones deberán entregar información sobre estándares ambientales y de derechos humanos en sus operaciones.
Prepararse para estas exigencias es particularmente importante en industrias esenciales para la transición energética –como el litio–, donde será importante un cumplimiento rápido y exitoso de estos nuevos requerimientos para mantener la competitividad. Es importante considerar que existen otros países productores que ya cuentan con leyes en la materia, como Australia, que adoptó regulación en 2018. Por lo mismo, estos competidores ya cuentan con experiencia en cuanto al cumplimiento de exigencias similares a las europeas.
En conclusión, la adaptación a estas exigencias representa una oportunidad para que las empresas chilenas fortalezcan su compromiso con los derechos humanos y retengan su competitividad. Es una invitación a ser parte de un cambio global, donde la responsabilidad corporativa es vista no solo como una exigencia del mercado, sino como un valor agregado en un mundo cada vez más interconectado y consciente de su impacto en la sociedad y el medio ambiente.
Ignacio Mujica Torres y Joaquín Schäfer Rodríguez
VGC Abogados
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