La diputada María Candelaria Acevedo (PC) afirmó este lunes que podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC), e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados despachara a sala el proyecto que contempla las modificaciones a la ley Nº18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República.
Precisamente, fue al final de la sesión de la referida comisión que la parlamentaria comunista pidió la palabra para manifestar sus reparos a la iniciativa, luego de.que entre los cambios propuestos se contemplara el impedimento de la entrega de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales, y también a aquellos que registren condenas de carácter penal.
Al respecto, Acevedo argumentó que “si hay personas que han delinquido en su vida, yo creo que esa no es la razón para que hoy día ellos no puedan recibir una reparación, ya que no hay una ley y esta es la pensión de gracia para que ellos sean reparados por el Estado, porque fue un agente del Estado el que provocó las lesiones, el que provocó toda la situación que hoy ya estamos comentando”.
En ese contexto, agregó que, tras el estallido social, “tenemos más de 400 compañeros que están con trauma ocular, hay cientos de mujeres que han sido violentadas sexualmente, hay muchos compañeros que están postrados en cama por una decisión de un Estado, de carabineros, de apuntar en la cara, en el cuerpo a las personas”.
En ese contexto, la diputada por la Región del Biobío cerró su intervención sentenciando que “nosotros vamos a revisar esto, vamos a ver si vamos al Tribunal Constitucional y si no nos va bien ahí, recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que podamos revertir esta situación”.
En la votación, la mayoría de los integrantes de la Comisión respaldó indicaciones que disponen que en cualquier caso el Presidente de la República, vía decreto fundado, podrá revocar las pensiones concedidas si el beneficiario ha dejado de poseer la calidad por la cual se otorgó el beneficio.
Asimismo, el jefe de Estado también podrá ejercer dicha facultad en casos en los que se constate la pérdida de la calidad por la cual se otorgó el beneficio, o se verifique alguna de las circunstancias establecidas en la ley, esto aun cuando la pensión haya sido concedida con anterioridad a la publicación de esta legislación.
Cabe recordar que la Comisión respaldó el texto propuesto por las y los parlamentarios, tras no dar la unanimidad para admitir a trámite la indicación sustitutiva presentada por el gobierno. Es por esto que la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo presentará una propuesta propia, lo que se concretará “en los próximos días”
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