Diputadas impulsan nueva arremetida contra el test de droga de la Cámara y recurren a la Corte Suprema

El pasado 25 de octubre el Corte de Apelaciones de Valparaiso azotó la puerta a los diputados oficiales, Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardiaquien había presentado un escrito en juicio contra la prueba obligatoria de drogas que se aplica en la Cámara de Diputados.

Específicamente, los parlamentarios afirmaron que la prueba vulneraron sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

En esa ocasión, la Corte argumentó que “la forma en que la aplicación de esta norma y la realización de las pruebas toxicológicas en ella contempladas, pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad corresponda a la practicada a otros funcionarios de algún poder del Estado, de modo que excluirlos o establecer un método diferente supondría hacer una distinción arbitraria o prohibida por el ordenamiento jurídico”. Entre otros básicos.

Casi una semana después de conocerse esta resolución, los parlamentarios decidieron dar un nuevo paso y acudir al Tribunal Supremo.

Entre las principales razones que subyacen a la apelación presentado ante el más alto tribunal demuestra que “La sentencia yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en ejercicio de las facultades conferidas a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, que descarta su ilegalidadya que la ilegalidad se fundamenta en la necesidad de una norma jurídica expresa que permita afectar derechos fundamentales y exceptuar la aplicación de los textos legales vigentes.

En opinión de los demandantes, también habría un error “al señalar que la exposición de los hechos no revela la forma en que la aplicación de la presente norma y la realización de las pruebas toxicológicas que en ella se contemplan puedan afectar sus garantías constitucionales, ya que precisamente la norma afecta los derechos fundamentales de la persona física y la integridad psíquica y el respeto y protección de la vida privada y al honor de las personas, y la protección de los datos personales de los parlamentarios”.

Esta es la segunda vez que los parlamentarios apelan a la Corte Suprema. La primera fue en septiembre, pero por otro motivo. En esa oportunidad, acudieron al máximo tribunal en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había declarado inadmisible su recurso, lo que obligó a la instancia superior a revisarlo.