En ese momento, insistió ante el fiscal Aguilar en que se enteró de “las irregularidades en Antofagasta el día 16 de junio, después de un llamado de la ministra (del Interior) Carolina Tohá para preguntarme si yo sabía algo de eso, y yo venía de Rancagua, de haber entregado viviendas”.

Su versión fue contradicha por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien en su segunda declaración ante la Fiscalía sostuvo que antes del 2 de mayo de 2023, fecha en que recibió el email con la denuncia de los funcionarios del Serviu alertando de los convenios con Democracia Viva, Montes ya conocía del caso. “El mismo ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de RD en la Seremi de Antofagasta”, testificó en calidad de imputada.

“La verdad es que varias veces se dijeron cosas así. Cada vez que se dijo, nosotros volvimos a revisar los Whatsapp, a volver a revisar también el correo, revisar toda la oficina, por lo menos en tres ocasiones todo el equipo, porque se decía eso y queríamos confirmarlo. En ningún caso pudimos encontrar nada. O sea, y repito, yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya hecho la subsecretaria”, se defendió Montes.

Luego agregó: “Respecto a información anterior a todo esto, que esto fue en marzo y abril, yo recibí un llamado de una autoridad de la región, quien me planteó que se estaban contratando más gente de lo que era normal en la Seremi de Vivienda de la región, frente a lo cual yo le pedí a la subsecretaria en ese tiempo, antes de todo este otro caso, que averiguara cuál era la situación. A lo cual ella me informó verbalmente de que no había nada ya pendiente, que habían sido unas contrataciones iniciales, pero que no había tal problema. Le volví a preguntar más adelante, creo que en mayo, si estaba convencida de eso, y la verdad que eso fue todo respecto a ese hecho”.

Consultado sobre si se “quedó tranquilo” con la respuesta de Rojas, el titular de Vivienda dijo que “cuando uno le pide a la subsecretaria que averigüe, que reúna la información, reúne la información y dice que no hay nada problemático, la verdad que yo creí”. Además, precisó que luego le volvió a preguntar “si ella estaba tan convencida de eso”.

El secretario de Estado también fue inquirido respecto a si estaría dispuesto a declarar nuevamente ante la Fiscalía, considerando que Crispi fue citado por segunda vez. Frente a ello, Montes partió señalando que los líos de platas tienen “muchas aristas” y que “lo único que queremos es que esto termine luego, porque el caso ha afectado mucho a la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda”.

“La gente saca mucha fuerza para seguir trabajando, porque esto generó un tema de imagen que no tiene que ver con los funcionarios en general. Es una situación bastante focalizada, pero igual afecta a todos. Queremos que termine lo antes posible, que los que cometieron delitos sean sancionados, que los que cometieron falta administrativa sean sancionados. Y para eso valoramos que esté esta investigación”, agregó.

Con todo, desde su equipo le ofrecieron a los fiscales “que toda aquella información que él requiriera que investigáramos más a fondo, la íbamos a hacer, para entregársela y ahorrarle tiempo a ellos para que no tuvieran que hacerlo por su cuenta”. En esa línea, Montes dijo que acordaron “dos o tres temas que íbamos a trabajar más a fondo”.

“Yo voy a estar disponible a concurrir a la Fiscalía en la condición de testigo cada vez que sea necesario”, cerró.

La fiscal Giovanna Herrera alertó del viaje, debido a que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Jadue explicó más tarde que había recibido una invitación del régimen de Nicolás Maduro para participar de una instancia organizada por el Ministerio de las Comunas de ese país. Esto, con el fin de “presentar un programa para administración de los fondos que desde los niveles centrales llegan a los municipios”.

Ante la imposibilidad de viajar a Venezuela, el alcalde acusó una “abierta acción de discriminación y un “abuso de poder”, y anunció acciones legales.

En tanto, el Comité Político del Partido Comunista, a través de un comunicado, acusó un “acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos del alcalde”.

En el marco de la reunión que la mesa de la Cámara de Diputados sostuvo este viernes en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, Cariola fue inquirida por su postura respecto al fallido viaje de Jadue.

La diputada tomó distancia de la postura oficial del PC, al señalar que representa a la Corporación y no a una colectividad: “Yo hoy día tengo una vocería muy clara, que es la de la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Represento a 155 parlamentarios, no a un partido en particular”.

“Espero que en ese sentido también se considere y se respete la representación institucional que nosotros tenemos, más allá de las declaraciones que pueda tener un partido u otro del oficialismo”, dijo la parlamentaria.

En ese sentido, Cariola apuntó que el planteamiento desde la mesa que dirige es que “las instituciones deben funcionar” y llamó a respetar la autonomía del Poder Judicial.

“Respetamos absolutamente la autonomía del Poder Judicial, las acciones que están llevando adelante. Son ellos quienes han dado justificaciones de las decisiones que han venido tomando y no tenemos por qué comentar esas acciones, sino más bien respetarlas”, cerró.

La postura manifestada por la diputada es similar a lo que en esta jornada señalaron desde el gobierno las ministras de Interior, Carolina Tohá, y la vocera, Camila Vallejo.

Sobre la acusación de persecución que hizo Jadue, la portavoz señaló: “No me voy a pronunciar sobre las percepciones de cada quien, cada uno tiene sus propias razones. En este sentido, el gobierno toma distancia de las interpretaciones políticas y lo que hace básicamente es poder respetar las facultades que tienen tanto el alcalde como la fiscalía para proceder en estos casos”.

En tanto, la titular de Interior apuntó que “tenemos muy claro que aquí las cosas operaron como corresponde y que no hubo ningún actor político que interviniera en este proceso”.