Dominga y otros déjà vu

Por Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA y representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros

La noticia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Dominga abre una interesante posibilidad de rechazar definitivamente el proyecto. En este caso, los recursos interpuestos por defensores ambientales contra la sentencia del juzgado ambiental que había dado una nueva oportunidad a la mina de hierro que se ubicaría en La Higuera, zona conocida mundialmente como punto caliente de la biodiversidad, y ordenó una nueva votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. En dicha sentencia, el tribunal señaló que sí reconoció deficiencias en la evaluación, por lo que la resolución no podía ser revocada sin más, y que debía volver para una nueva evaluación.

Paralelamente al procedimiento adelantado por la Corte Suprema, que culminó la semana pasada, se ejecutó la sentencia del juzgado ambiental. Esto se hizo, sin embargo, sin realizar una nueva evaluación ambiental como se ordenó, sino simplemente aprobar el proyecto rechazado en 2017. Así, los hechos parecen extraños. deja Vu, pero esta vez puede tener un desenlace diferente y quizás definitivo. La encargada de darle ese giro es la ciudadanía, quien a través de demandas y solicitudes de nulidad recientemente presentadas, puso a disposición de las autoridades las razones por las cuales este proyecto es inviable bajo el ordenamiento jurídico vigente.

Hoy, ya sea por nuestra intrincada y rica geografía, por nuestra historia marcada por eventos naturales, o por la alta vulnerabilidad del país a estos cambios, los chilenos tenemos una gran sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. Así, es posible ver cada vez más cómo las demandas ambientales son entendidas como demandas sociales, formando parte de esos requisitos mínimos de dignidad dentro del discurso común.

En la historia de los últimos tiempos, esta revalorización por la conservación de los ambientes naturales se ha notado en la ponderación ciudadana que se le ha dado a proyectos de inversión que ofrecían un gran desarrollo y una idea de progreso, pero con un alto costo ambiental. Mientras los precursores de las iniciativas aseguran que sus proyectos son fundamentales para el correcto y mejor desarrollo del país, equiparando frecuentemente su valor en empleos, carreteras o impuestos que ingresarán a las arcas fiscales, otras voces se alzan para llamar la atención sobre la injusticia de la intercambio .

Por alguna razón, tal vez otro tipo de deja VuPersonas que han visto el declive de la naturaleza a lo largo de su vida y otras que temen que cuando crezcan no quede nada de eso, tienen el mismo sentimiento. El resultado de la suma no se puede predecir con certeza, ¿realmente ganaremos todos?

Algunos de estos proyectos se construyeron y hoy lamentamos las consecuencias, algunos son incluso económicamente inviables, otros convirtieron las bahías en áreas inseguras para crecer y otros no pudieron cumplir con el mandato de no causar daño al medio ambiente, porque este daño era parte del diseño En algunas ocasiones se logró evitar el daño e impedir su construcción, permitiéndonos comprobar que esta promesa de generación eléctrica, empleo y crecimiento puede ser superada por alternativas limpias.

Entonces es posible aprender de la historia. Cuando un proyecto no brinda toda la información necesaria para descartar sus impactos o atenderlos, ofrece medidas que provocarán una pérdida neta de biodiversidad y toda la evidencia técnica y científica existente apunta a la ocurrencia de daños irreparables, debemos detenernos. .

En el caso del proyecto Dominga, este contempla dos excavaciones para explotar a cielo abierto en la zona más austral del desierto florido, destruyendo más de 11 mil hectáreas; perforar el acuífero Los Choros, sacando irremediablemente e indefinidamente las aguas del acuífero que alimenta a los agricultores del valle; un mega puerto en la bahía de una zona que ha sido denominada como las “Galápagos” chilenas y, en la misma zona, una planta de descarga de salmuera, tránsito de buques cargueros, plantas de proceso, instalaciones industriales que transformarán este espacio natural mundialmente reconocido por su valor ambiental, en un polígono industrial, con los impactos lumínicos, acústicos, de emisiones y paisajísticos que ello supone.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, sin avalar en modo alguno el proyecto de Dominga, nos recuerda que el Comité de Ministros tiene amplia competencia para decidir. Debe hacerlo, según la misma sentencia, apreciando los antecedentes técnicos, de los que tiene suficiente para rechazar la decisión, y también los aspectos de mérito, oportunidad de reflexionar un análisis a la altura de lo que los ciudadanos esperan, que no es dispuestos a volver a sacrificar el medio ambiente a cambio de un mal y desigual negocio.