El destino del proyecto minero Dominga es un tema de discusión desde hace doce años, que volvió a ocupar la portada de los medios esta semana, luego de que el Primer Tribunal Ambiental acogiera la demanda contra la decisión del Comité de Ministros de junio de 2023, que rechazó su calificación ambiental.
Andes Iron -vinculada a las familias Délano y Garcés- propietaria del proyecto, pidió poner fin a la “espiral” de trámites del megaproyecto de 3.000 millones de dólares en La Higuera, que prevé la extracción de hierro y cobre a cielo abierto , y que ha soportado una fuerte oposición, principalmente de grupos ambientalistas.
La decisión de la autoridad ambiental tuvo diversas reacciones y mostró al Gobierno bastante confundido con el fallo. “Es vergonzoso que el Tribunal Ambiental sostenga que la declaración del comité de ministros es ilegal. El Gobierno debe hacerse cargo de esto haciendo un daño tan profundo a las instituciones ambientales”, comenta el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Pero Dominga no es el único proyecto que ha enfrentado extensos trámites y oposición ambiental, ciudadana o política. En los últimos 10 años son varios los proyectos que conforman la lista de los fallidos.
el primer caido
10 de junio de 2014. Los titulares se hicieron eco del rechazo al megaproyecto central de pasada Hidroaysén, el megaproyecto que prometía acabar con el déficit energético en una parte importante del país.
Pese a los alegatos de sus principales, las empresas Endesa y Colbún, en 2017 la decisión fue ratificada por el Tribunal Ambiental de Santiago, hundiendo la intención de construir las cinco plantas en los ríos Baker y Pascua.
El final definitivo del proyecto se registró en noviembre de 2017, casi diez años después de iniciada su tramitación. Entonces Colbún y Endesa decidieron renunciar a los derechos de agua que hacían viable el proyecto e informaron que el costo había saltado de los 3.200 millones de dólares originales a 8.000 millones de dólares. “No es viable en términos económicos”, dijeron las empresas para finalizar con Hidroaysén.
“Uno de los problemas centrales es que, ante la ausencia de mecanismos formales adecuados como la planificación territorial estratégica, el debate sobre estos proyectos se restringe al ámbito de la evaluación ambiental. Este enfoque, que debería centrarse en lo técnico, termina plagado de conflictos sociales, políticos y culturales que no tienen un cauce institucional claro. Esto genera incertidumbre no sólo para los desarrolladores del proyecto, sino también para las comunidades y el país en su conjunto”, comenta el socio de Tástica Consultores, Rodrigo Castillo.
El “No” de Piñera
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera cayó el “No” a otro megaproyecto. Fue iniciativa de Suez Energy, Barrancones. La historia recuerda que el expresidente tuvo que hacerse cargo de su promesa de campaña, que derivó en anunciar el pedido de reubicación del proyecto en agosto de 2010, pocos meses después de asumir su cargo en La Moneda.
La termoeléctrica estaba ubicada al sur de Punta de Choros y se estimaba, en ese momento, una construcción de alrededor de 1.100 millones de dólares. En noviembre de ese mismo año, las autoridades regionales aceptaron la renuncia de la empresa a la planta.
“En el SEIA, en promedio, se evalúan un conjunto de 800 proyectos anuales que representan un portafolio de inversiones, promedio anual, de US$ 50.000 millones, por lo que el rechazo de un determinado proyecto no es significativo desde el punto de vista inversor. añadido”, analiza Badenier.
Agrega que a pesar del impacto que han tenido estos proyectos, las tasas de rechazo en Chile son inferiores al 10%. “Los titulares de proyectos con evaluaciones ambientales que tienen declaraciones sectoriales difíciles o rechazo total están optando por retirarse, para luego ser corregidos o modificados y muchos de ellos reingresan a la evaluación”, afirma.
El exsecretario de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero explica que, si bien los efectos no son inmediatos, por ejemplo, cuando se rechazan proyectos de generación “en el ámbito energético significaron costos altos en su momento, ya que recién en 2015 comenzamos a Ver nueva generación con precios más bajos. De hecho, buena parte del coste de las tarifas eléctricas que fueron congeladas y por las que hoy se están pagando las consecuencias, proviene de contratos costosos entre los años 2010 y 2013 donde había muy poca energía y competencia”.
Los otros rechazos
Como la “inversión más importante de Chile”, así fue calificada durante el Gobierno del expresidente Ricardo Lagos a Alumysa, recordada como el primer megaproyecto que nunca llegó a concretarse. Se trataba de una planta reductora de aluminio en la Región de Aysén, que puso en funcionamiento control de las autoridades en ese momento y finalmente nunca vio la luz, luego de que el presidente señalara en un viaje a la zona: “No me parece apropiado Me dice que en esta bahía de Chacabuco estará “Alumysa”.
Otra en la lista era Winter Mine. En junio de 2020, la Corte Suprema rechazó el plan que extendía la vida útil de la operación -entonces vinculada a las Von Appen y Angelini- en la isla Riesco, que proponía darle continuidad mediante el uso de un sistema de voladuras que no estaba autorizado.
“Al observar casos emblemáticos como Barrancones, HidroAysén, Pascua Lama y Dominga, emergen patrones comunes: su magnitud e impacto ambiental, pero también el hecho de que todos se convirtieron en focos de conflicto político y social”, agrega Castillo.
La oposición ambientalista a ciertos proyectos ha tenido eco, incluso en pleno funcionamiento. Esto es lo que pasó con la planta porcina Agrosuper en Freirina. La organización de los vecinos de la zona contra los fuertes olores de la instalación provocó que la empresa -propiedad de la familia Vial- cerrara sus puertas de forma indefinida.
En Viña del Mar, otro proyecto, esta vez uniendo ramas de las familias Said y Bolocco, se convirtió en un elefante blanco en la costa de Cochoa. Así es el fallido hotel de Punta Piqueros. Los desacuerdos con la gestión ambiental de la zona y los planes de evacuación del tsunami terminaron con la obra abandonada tras varias rondas judiciales.
El más reciente es el rechazo de la línea de transmisión Itahue-Hualqui de la empresa Grupo Celeo en abril de este año. La firma indicó que acudirá al Comité de Ministros para revocar la negativa.
