Dos opciones para eliminar el Senado y una Comisión de Implementación: Las transitorias que propone el Ejecutivo

En el parque cultural Ruinas de Huanchaca en Antofagasta, a 1.084 kilómetros del ex Congreso de Santiago, la Convención Constituyente inició este lunes una sesión plenaria que, según las propias convenciones, tuvo una carga simbólica. ¿Por qué? Tras la finalización de la votación de las normas permanentes, el proyecto de ley de la nueva Constitución -compuesto por 499 artículos- fue entregado a los coordinadores de las tres comisiones que concluirán los trabajos constituyentes de cara al plebiscito de salida: Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias.

La ceremonia tuvo lugar en la segunda semana regional de la Convención. Esta vez, a la región de Antofagasta, salida que, según fuentes de la Convención, tiene un costo de 460 millones de pesos.

Para el trabajo de esta última comisión, la Convención permitió a la los diferentes poderes del Estado, así como los órganos autónomos, pueden contribuir con insumos que sirvan para la deliberación de estos artículos. que, de aprobarse la opción de una nueva Constitución, permitirán el paso de la actual Carta Magna a la propuesta por las convencionales.

Con este objetivo, el gobierno, a través de la Segpres, elaboró ​​un informe de 54 páginas con sugerencias para la formulación de disposiciones transitorias, que será entregado a la comisión respectiva. Uno de los temas centrales a los que se refirió el Ejecutivo en la propuesta es cómo la existencia del Senadoque, si se aprueba la nueva Constitución, será reemplazada por la Cámara de las Regiones.

En concreto, el Ejecutivo plantea en el texto dos opciones. El primero de ellos es que el Senado culmina su actual ciclo político en 2026. De esta forma, los parlamentarios que fueron electos el año pasado y que cumplirán su mandato en 2029 no podrán terminar sus funciones. Así, se propone que, mientras tanto, se “adapten” las normas legales respectivas. En este escenario, el primer mandato de los representantes de las regiones sería más corto, a fin de asegurar que la próxima elección, prevista para 2028, coincida con las elecciones municipales y regionales, en línea con el artículo 11 de la Constitución propuesta.

La otra alternativa es que “se establece una entrada en vigencia parcial de la Cámara de las Regiones, por la cual se elegirán los escaños correspondientes a las circunscripciones que elegirían Senadores en 2025” -las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía, Aysén-. De esta forma, a diferencia de la otra fórmula, los mandatos de los senadores elegidos en 2021 se mantendrían hasta la próxima elección de la Cámara de Regiones, en 2028.

En cuanto al Ejecutivo, el informe indica que lo ideal sería que el actual Presidente de la República complete sus cuatro años en el cargo, pero que no puede ser reelegido para el siguiente período, como propone el proyecto de Constitución.

Además, el texto menciona que es recomendable establecer un norma transitoria que deroga expresamente la Constitución vigente, “salvo aquellos capítulos o normas que se refieran a materias cuya subsistencia transitoria se pretenda”. Una alternativa sería “reproducir en normas transitorias aquellas disposiciones que regulen la materia que se quiera subsistir provisionalmente”.

Asimismo, a fin de prevenir conflictos de interpretación de las normas, el Ejecutivo considera conveniente “consagrar una norma transitoria que reconozca como regla general la vigencia de las leyes dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Constitución, salvo en lo que son contrarios a ella”.

Otra recomendación es postergar la aplicación de todas las normas referentes al Poder Legislativo hasta el inicio de operaciones del nuevo Congreso de los Diputados y de la nueva Cámara de Regiones, salvo “las normas sobre quórums necesarios para la aprobación de las leyes, materia en por lo cual se sugiere que la nueva norma constitucional produzca efectos a partir de su publicación.

Otra propuesta del Ejecutivo es la creación de una comisión para la implementación de la nueva Constitución, cuyo objetivo sería elaborar una “hoja de ruta” que identifique las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que deben desplegarse en los años siguientes. la Constitución. aprobación de la nueva Constitución los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, su composición y duración no se especifican en el informe, por lo que es una posibilidad que los actuales convencionales lo integren.

Además, considerando que la creación de nuevos órganos implica incurrir en gasto fiscal, el Gobierno recomienda establecer “una agenda clara que priorice entre los órganos que la nueva Constitución propone modificar, sustituir o crear”.

El Gobierno considera que el pluralismo jurídico -que creará dos sistemas de justicia paralelos unidos en el Tribunal Supremo- no puede empezar a regir sin la aprobación de la ley de coordinación. “La propuesta es diferir la entrada en vigor de las normas constitucionales hasta la sanción de la ley”, señala el informe.

Además, dice el Ejecutivo, esto requerirá una consulta indígena que debe realizarse con anticipación.

El Poder Judicial está preocupado por el futuro de los jueces. Actualmente, los magistrados se jubilan a los 75 años, pero si se aprueba la nueva Constitución, la jubilación será a los 70 años. Por ello, es importante conocer cómo se regulará la transición de este régimen. Lo mismo sucede con los magistrados de la Corte Suprema. Actualmente están en sus cargos hasta llegar a la edad de jubilación, pero con la nueva Constitución durarán 14 años en sus cargos.

“En relación con la destitución de los jueces, se pueden distinguir dos tipos de normas transitorias. Uno que pretende diferir la vigencia de la norma constitucional después de un período (10 años, por ejemplo) y otro que no aplica la norma constitucional propuesta a determinadas personas, que estarían sujetas a la norma actual antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución. Así, por ejemplo, la regla no se aplicaría a quienes, a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, formen parte de los primeros cuadros del Poder Judicial o sean jueces de los juzgados de policía local”, señala la Segpres.

Sin embargo, el gobierno argumenta que ambas alternativas son igualmente válidas.

El Ejecutivo pide que los cambios al actual Tribunal Constitucional (TC), que lo harán mutar hacia el futuro Tribunal Constitucional, se hagan de manera paulatina ya que implica la expedición de leyes o reglamentos y porque impacta a las autoridades actuales, es decir, al TC ministros

Así, la Segpres propone a la Convención que ninguna de las normas que regularían el futuro Tribunal Constitucional pueda entrar en vigor antes de que se promulguen las nuevas leyes que regularán este órgano.

El Ejecutivo añade además que “los ministros continuarían en sus cargos hasta el término del período para el que fueron designados o cesarían en sus funciones por el fin de las causas o la llegada del plazo, sin establecer mecanismos para nuevos nombramientos de ministros titulares (se mantendría el mecanismo suplente de la Ley N° 17.997)”.

El gobierno propone que las máximas autoridades de los órganos constitucionales autónomos -como el Ministerio Público, la Defensoría Pública Penal, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador Electoral y el Tribunal Regional Electoral- permanecer en sus puestos. hasta el término de los mandatos para los que fueron designados.

¿Qué pasará cuando haya que renovar estas autoridades? “Los nuevos nombramientos se hacen en la forma que establece la nueva Constitución, aunque no hayan entrado en vigor el nuevo Congreso de los Diputados y la Cámara de Regiones. Así, en este caso, se propone que cada vez que la norma constitucional exija que se haga el nombramiento o requiera el acuerdo de la mayoría del Congreso de los Diputados y de la Cámara de las Regiones, éste se materialice a través de la Cámara de Diputados. y los Diputados y el Senado, actuando en sesión conjunta”, se lee en el informe.

El informe emitido por la Segpres identifica que la aplicación del Sistema Nacional de Salud que proponen los convencionales es paulatina, “ya ​​que su aplicación inmediata no solo supondría un gasto fiscal, sino que supone un relevante rediseño institucional”.

En la misma línea que el Sistema de Salud, el informe identifica que su aplicación inmediata generaría presión en el gasto fiscal. Por ello, se recomienda establecer una norma transitoria que permita a la ley establecer el carácter gradual de la gratuidad en las instituciones de educación superior.