Los 12 senadores de RN llegaron ayer a La Moneda a las cinco de la tarde para sostener un encuentro con el Presidente Gabriel Boric y atender la situación del orden público en el país. Aunque la reunión, organizada por el líder de la bancada, paulina nuñezque se manejaba desde hace días, ocurrió en momentos en que el Presidente pedía un acuerdo amplio por la seguridad.
La reunión de senadores causó molestia dentro de la propia RN y en el resto de Chile Vamos por varias razones. El análisis que se compartió fue que los legisladores de la Cámara Alta parecían dar ayuda con mucha facilidad a un gobierno que se ha complicado por el tema de la seguridad. En ese sentido, se criticó que antes de sentarse a la mesa a conversar con La Moneda se exijan garantías en asuntos que importan a la derecha, como el estado de emergencia en las macrozonas norte y sur del país, en además de revertir el retiro de las demandas por la Ley de Seguridad del Estado que anunció el gobierno en sus primeros días de gestión.
El tema generó malestar precisamente en momentos en que la oposición se endureció y cuestionó la viabilidad de un acuerdo de seguridad, luego de que el ministro de Justicia, Marcela RíosDijo que indultar a los presos de la revuelta es una “prioridad” del gobierno y dudó cuando se le preguntó públicamente si Celestino Córdova (condenado por el incendio provocado a la pareja Luchsinger-Mackay) es un preso político.
A varios les pareció prematuro el acercamiento a Boric cuando ni la coalición ni los partidos de forma individual han definido si participarán en el acuerdo de seguridad que él pidió públicamente.
En RN, la molestia escaló entre los diputados, quienes calificaron de error que el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, reconoció un diálogo con Boric para un posible acuerdo. Los parlamentarios señalaron que al hacer la invitación, el Presidente extendió la responsabilidad de los problemas de seguridad a la oposición.
Entre los RN, también molesta que la invitación de La Moneda llegue cuando el oficialismo -particularmente el Frente Amplio- anunció una acusación constitucional contra alguien importante en sus filas: el excanciller Andrés Allamand.
“Me hubiera gustado que esto se hubiera socializado a través del partido como institución. Cuando hablas con el Presidente, hablas como un partido, no como una instancia de los senadores de RN, porque algunos diputados no van a seguir a los senadores. Aquí hay un tema de estrategia de negociación con el gobierno. Si los senadores quieren seguir con su propia negociación, les van a dar un portazo en la cara cuando tengan que ver los proyectos en la Cámara de Diputados”, dice el diputado Miguel Mellado (RN).
La discrepancia con los senadores que se han mostrado abiertos al diálogo con el gobierno fue considerada en la mesa de la comisión política de RN que se desarrollaba al cierre de esta edición.
“Lo que votamos depende de cada uno, no lo que nos diga un senador”, insiste el diputado Hugo Rey.
“Antes de un acuerdo de seguridad, debemos tener señales del gobierno de que nos den seguridad, como retirar el proyecto de ley de indultos, mirar el tema de las denuncias, establecer mínimos comunes”, agrega el diputado José Miguel Castro.
De todas formas, no hubo total acuerdo entre los senadores respecto a la idea de visitar al presidente Boric. Si bien se hicieron gestiones para que asistieran los 12 senadores, lo cierto es que hasta el fin de semana pasado hubo algunos que no quisieron asistir, como el senador por Los Ríos, María José Gatica.
En la reunión, los senadores compartieron un documento que pedía, entre otras medidas, “dejar de legitimar la violencia como medio de acción política”, “erradicar la expresión presos políticos de las autoridades gubernamentales”, “decretar el estado de emergencia en la Macrozona Sur” y “no otorgar beneficios penitenciarios a quienes no cumplan con todos y cada uno de los requisitos”.
En La Moneda, el presidente de RN, Francisco Chahuánsostuvo que “no se puede impulsar una agenda de impunidad y por otro lado llamar a un acuerdo transversal”, mientras que el Senador Manuel José Ossandon Sostuvo que “no estoy de acuerdo con el llamado al Presidente de la República a este llamado nacional a la delincuencia. Eso es culpa suya, del gobierno y tiene que aplicar la ley”.
Fue en la comisión política de este lunes que los presidentes de los partidos oficialistas consultaron al Gobierno sobre los avances de las conversaciones de La Moneda para llegar a un posible acuerdo nacional contra la violencia que anunció el presidente Boric la semana pasada como parte de su gira por Magallanes.
En la coalición de gobierno, si bien valoraron el anuncio del Presidente, existen dudas sobre la viabilidad política de un eventual pacto transversal, precisamente porque recién este lunes el jefe de Estado inició diálogos formales con representantes de la oposición y sectores que no lo son. parte de su gestión, reunión con los Senadores DC y RN. Conversaciones que tienen lugar tras la intención expresada por Boric en el sur.
La respuesta de los ministros a los dirigentes oficialistas, de hecho, apuntaba precisamente a que el Presidente comenzaría a sostener reuniones con la oposición para ver el ánimo que hay en esos sectores para sacar adelante una iniciativa de esta naturaleza, la que Boric Ya había hablado con el presidente de la UDI, Javier Macaya.
En esa línea, el Presidente precisó en sus conversaciones con la DC y RN la idea de llegar a un consenso transversal en materias para enfrentar la crisis de seguridad, especialmente en lo que se refiere a la Macrozona Sur, pero también la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia, control de armas y otras iniciativas legislativas.
“Nos dijo que quiere convocar un gran acuerdo sobre seguridad pública. Les recordamos que el expresidente Sebastián Piñera planteó un tema similar, donde se generaron una serie de avances. Este no es un trabajo que se empieza de cero”, dijo luego de la reunión el subjefe del comité de DC, matthias walker.
Por su parte, tanto la Ministra del Interior, Izkia Sichescomo su par de los Segpres, george jacksonsostuvo diversas reuniones con parlamentarios para dar viabilidad a la propuesta que ingresará al Congreso a más tardar el miércoles y que pretende crear un estado de “protección y amparo constitucional” -alternativo al estado de excepción llano- para dar facultades a las Fuerzas Armadas en el control de caminos y carreteras en la Macrozona Sur.
La fórmula, como se adelantó Terceraapunta a que los militares asuman tareas de control, pero sujetos al control civil y no a un jefe de la guardia nacional como ocurre con otros estados de excepción constitucional.
Según explicaron los timoneles oficiales a la salida del comité político, se ingresará una indicación sustitutiva a la moción de infraestructura crítica que se encuentra en comisión mixta en el Congreso para posibilitar una tramitación expedita. Y aunque Apruebo la Dignidad -que propusieron los observadores internacionales en el proceso- y el Socialismo Democrático cuadrarían claramente con esa fórmula, en otros sectores la idea no resulta del todo convincente. De hecho, la DC pretende extender la norma a otros espacios considerados como infraestructura crítica mientras que la derecha propuso al Presidente aplicar el estado de excepción sin matices.
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